El próximo presidente se enfrenta a cuatro juicios penales paralelos, dos federales y otros dos en cortes locales, que la defensa ha conseguido posponer hasta después de las elecciones y que es posible que queden en nada cuando llegue a la Casa Blanca
Trump, un tipo extremo, imprevisible y sin complejos, al mando de Occidente
La estrategia de la defensa legal de Donald Trump de retrasar los casos penales que tiene pendientes hasta después de las elecciones del 5 de noviembre ha tenido éxito: después de su victoria en las urnas es probable que los cuatro casos a los que se enfrenta el presidente electo queden en nada cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero.
La candidata demócrata Kamala Harris no es la única fiscal a la que Trump ha derrotado en los comicios presidenciales del pasado martes. El fiscal especial Jack Smith tiene los días contados y poco más de dos meses para decidir qué hace con los dos casos federales que siguen abiertos contra el próximo presidente de EEUU. En el país no se puede procesar a un presidente en funciones. Además, Trump ya ha dejado claro que despedirá a Smith en “dos segundos” en cuanto llegue al poder –y probablemente el nuevo fiscal general retirará los cargos contra el magnate–.
Los dos casos federales que tiene Smith sobre la mesa son el de los documentos clasificados que fueron encontrados en la mansión de Trump en Mar-a-Lago y el del asalto al Capitolio, que el expresidente presuntamente instigó tras perder los comicios de 2020. En el primer caso se le imputan 42 cargos, pero hace tiempo que se encuentra congelado después de que la jueza encargada, Aileen M. Cannon, desestimara los cargos contra Trump argumentando que Smith fue designado como fiscal especial indebidamente. Smith apeló al fallo y ahora tiene que decidir qué hace con su apelación.
El segundo caso, en el que se le imputan cuatro cargos penales por intentar revocar el resultado electoral de 2020, también estaba en punto muerto después de la resolución del Tribunal Supremo de EEUU sobre la inmunidad presidencial. El alto tribunal, de mayoría conservadora, reconocía la inmunidad parcial de Trump y provocaba un quebradero de cabeza a los jueces y fiscales que le juzgan: Trump tiene inmunidad por los actos enmarcados en su “autoridad constitucional”, pero no para aquellos considerados “no oficiales”. Discernir dónde termina lo presidencial y dónde empieza lo personal es lo que ha paralizado el caso.
Smith había sido capaz de volver a movilizar la maquinaria de la Justicia el pasado agosto, imputando a Trump por otros cuatro delitos que quedaban fuera de la inmunidad presidencial. En aquel momento, Trump le llamó “trastornado”. Todo el esfuerzo de Smith para sacar adelante los casos se enfrenta ahora a muchos obstáculos y a la fecha límite del 20 de enero de 2025, cuando está previsto que el acusado vuelva a tomar el mando de EEUU.
El fiscal especial podría retirar él mismo los cargos o dimitir y dejar que el Departamento de Justicia actual los cierren. La otra opción sería seguir con los casos hasta el Inauguration Day, cuando Trump tome posesión y ordene su desestimación. Por último, si el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, da su visto bueno, podría publicar un último informe exhaustivo de las pruebas contra Trump. Los detalles nunca se han hecho públicos, ya que no se llegó a celebrar ninguno de los dos juicios.
Pocas horas después de que Trump se proclamara ganador en los comicios de esta semana, Smith empezó analizar cómo acabar con los dos casos federales contra el presidente electo, según explicaban fuentes de su entorno al periódico The Washington Post. Este viernes, el fiscal especial ha pedido al tribunal de Washington que suspenda todos los plazos de presentación en el caso federal del asalto al Capitolio. En el documento presentado a ese tribunal, Smith expone que se espera que el acusado “sea certificado como presidente electo el 6 de enero de 2025 y tome posesión del cargo el 20 de enero de 2025”. Por ello, solicita al tribunal que “anule los plazos restantes” para tener tiempo “de evaluar esta circunstancia sin precedentes y determinar el curso apropiado a seguir de acuerdo con la política del Departamento de Justicia”.
El 2 de diciembre es la fecha que ha pedido al Departamento de Justicia para que presente “un informe de situación o informe de otro modo al tribunal sobre el resultado de sus deliberaciones”. Este movimiento es una clara señal de que Smith está buscando la manera de poner fin a los dos procesos judiciales contra Trump. Aunque, por el momento, Smith no ha hecho una petición similar sobre el caso de los papeles clasificados de Mar-a-Lago.
Ahora mismo, puede que a Smith no le preocupe tanto ese segundo caso, sino su propia suerte. El presidente electo había prometido vengarse de sus enemigos cuando volviera a la Casa Blanca y Smith ocupa un lugar privilegiado en la lista negra del magnate. “Estimado Jack Smith: contrate un abogado”, le ha advertido Mike Davis, un aliado de Trump cuyo nombre suena como posible asesor legal en la administración entrante.
La noche del martes Trump hizo historia convirtiéndose en el primer presidente de EEUU con una condena penal firme pendiente de pena. Una vez más, Trump lleva los límites del poder judicial hacia territorio desconocido. Después de ser declarado culpable en mayo pasado de los 34 delitos penales por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels, el juez Juan M. Merchan debía dictar la pena contra Trump –declarado culpable por registrar como “gastos legales” los pagos a la actriz con la que tuvo sexo para que guardara silencio y así evitar un escándalo que pudiera influir en la campaña electoral de 2016, lo que supuso una violación de la ley de financiación electoral–. La pena máxima a la que se enfrenta Trump es de cuatro años de prisión.
Sin embargo, el pasado septiembre, el juez decidió posponer la fecha de la publicación de esa pena hasta después de los comicios por la posible influencia que pudiera tener en las elecciones presidenciales del pasado martes. El juez de Nueva York quería evitar cualquier sombra de duda sobre un posible uso partidista de la causa judicial contra Trump, quien se ha pasado toda la campaña denunciando que es víctima de una persecución política, un eslógan que le ha servido para movilizar aún más a los suyos.
La nueva cita para que se dé a conocer la pena estaba fijada para el próximo 26 de noviembre, aunque ahora no se sabe exactamente qué pasara con el caso. Antes de ese día, Merchan había marcado el 12 de noviembre, el próximo martes, como fecha límite para decidir si aplicaba la inmunidad presidencial. Algunos expertos consideran probable que el juez opte por una sentencia más leve que no implique encarcelamiento, sino la libertad condicional con visitas periódicas a la corte. La sentencia incluso podría quedar invalidada por el hecho de que los abogadores defensores dudan que un juzgado pueda sentenciar a un presidente electo.
El caso estatal de Georgia es el último del rosario judicial de Trump. En él se acusa al expresidente y a otros 19 colaboradores de 41 delitos graves por intentar interferir en los resultados electorales del estado de Georgia, donde en 2020 Joe Biden ganó las elecciones. Por el momento, el caso continúa congelado mientras se resuelve si la fiscal Fani Willis es descalificada por una relación amorosa con otro fiscal. En el supuesto de que Willis pudiera continuar con el caso, lo más probable es que acabara cayendo como los demás debido a que Trump vuelve a ser presidente y, por tanto, a gozar de inmunidad.
