El pleno del órgano de gobierno de los jueces convoca las presidencias de las Salas Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social del Alto Tribunal, ocupadas hasta ahora por hombres
El nuevo Poder Judicial afronta el reto de renovar un centenar de jueces de las cúpulas de los tribunales
El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reactiva los nombramientos de altos cargos judiciales que estaban paralizados desde 2021 por una reforma legal que impedía hacer designaciones en la cúpula de los tribunales mientras el órgano estuviera en funciones. El pleno ha acordado este miércoles anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de cuatro plazas de presidente de Sala del Tribunal Supremo, donde las vacantes sin cubrir ascienden a 26.
Esos procesos se regirán por primera vez en la historia con un criterio de paridad de género, tal y como impone la ley de representación paritaria. Esta norma establece que todo nombramiento o propuesta de nombramiento debe garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.
Las convocatorias aprobadas son las de las presidencias de las salas de lo Civil, lo Contencioso-Administrativo y lo Social, actualmente ejercidas en funciones por Francisco Marín Castán, Pablo Lucas y Antonio Sempere, respectivamente. También se incluye la de lo Penal, que dirige Manuel Marchena y cuyo mandato expirará el próximo 3 de noviembre. Él y Jacobo Barja de Quiroga, de la Sala de lo Militar, son los únicos que siguen ejerciendo como presidentes titulares tras la crisis de vacantes.
El proceso se regirá según lo dispuesto en las bases de convocatoria aprobadas por el pleno a propuesta de la Comisión de Calificación. Las bases establecen que podrán presentar candidaturas a presidir alguna de las Salas del Supremo todas las personas pertenecientes a la carrera judicial que tengan la categoría de magistrado o magistrada del Alto Tribunal, que se encuentren en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y que, a fecha de la publicación de la convocatoria, cuenten con tres años de servicio en dicha categoría.
Los aspirantes tienen que aportar una relación detallada de los méritos que acrediten sus conocimientos jurídicos, capacidad e idoneidad para ocupar la plaza anunciada, así como una memoria con las resoluciones de más relevancia que hayan dictado como magistrados del Supremo. Además, deben acompañar esa documentación de un programa en el que describan las principales iniciativas encaminadas a mejorar el funcionamiento del órgano que aspiran a presidir.
