El PSOE logra el apoyo del bloque de investidura y del PP apoya para empezar a tramitar una ley que da cumplimiento a uno de los puntos de la Ley de Memoria Democrática
Fin a medio siglo de la Fundación Franco: de exaltar al dictador a promocionar a Vox
El Congreso ha aprobado este martes empezar a tramitar una proposición de ley del PSOE para disolver las asociaciones que hagan apología del franquismo. El texto ha salido adelante gracias al apoyo del bloque de investidura y del PP, que pese a esgrimir en la tribuna un discurso lleno de insultos y reproches contra los socialistas ha terminado apoyando la toma en consideración del texto. En total, 314 votos a favor y el rechazo de Vox.
La iniciativa parte del Partido Socialista, que pretende con este texto dar cumplimiento a una de las disposiciones de la Ley de Memoria Democrática aprobada durante la legislatura pasada, que instaba al Congreso a elaborar una ley para disolver las asociaciones que hicieran apología del franquismo.
En concreto, el texto que ha tomado en consideración este martes la Cámara Baja modifica la ley de asociaciones para que constituya causa de de disolución la apología del régimen de Francisco Franco, “bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes”.
Y también “cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
La ley establece que será la Fiscalía la encargada de tomar las medidas necesarias para disolver las asociaciones que incurran en ese tipo de actos.
“Llegamos tarde pero llegamos, y lo hacemos con un convencimiento y una invitación a trabajar juntos, contribuyendo a ensanchar el pacto constitucional que tiene entre sus ejes el desarrollo del derecho de asociación”, ha defendido desde la tribuna el diputado socialista Raúl Díaz, que ha hecho una llamada al resto de socios de la investidura para que voten a favor de esta iniciativa. El punto de partida “no es malo”, ha dicho, al tiempo que ha avanzado que no ha renunciado a que todos los partidos demócratas se incorporen a este pacto, mirando al PP.
“Hoy de lo que hablamos es de la cuestión de fondo”, ha dicho el diputado. “¿Sí o no? Es importante y espero claridad. Igual que han sido claros para ver regímenes dictatoriales incluso en Pedro Sánchez vamos a ver si son capaces de ver un ápice en el franquismo”, ha ironizado.
Si el diputado del PSOE esperaba que el PP se posicionase sobre la proposición de este martes, el diputado Jaime de Olano le ha respondido al inicio de su intervención. “Hay caso. Hay caso Begoña Gómez. Hay caso de corrupción del matrimonio Sánchez Gómez”, ha comenzado para referirse a la causa judicial que afecta a la pareja de Pedro Sánchez. Ha seguido hablando del asunto hasta que el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le ha llamado a la cuestión, puesto que el reglamento pide que los diputados se ciñan a los asuntos que se debaten en cada punto.
Al final de su intervención, Olano ha recuperado uno de los temas de la semana, que está generando intensos quebraderos de cabeza en el PP. La enmienda que apoyaron hace unas semanas en el Congreso para convalidar las penas de presos españoles cumplidas en el extranjero y que provocará, si se aprueba definitivamente, que varios presos de ETA salgan antes de la cárcel. “Está en su mano que esa ignominia no ocurra, está en su mano retirar esa ley sin enmiendas tramposas. Hasta el señor de Santos Cerdán es capaz de entenderlo”, le ha dicho al secretario de Organización del PSOE, al que luego ha llamado “sinvergüenza”. “¿En qué clase de estercolero moral ha convertido Sánchez al PSOE?”, se ha preguntado el diputado del PP.
El tono de la intervención ha provocado que la diputada socialista Montserrat Mínguez solicitase a Gómez de Celis que retirase los insultos del diario de sesiones. “Entendemos que no es un buen día, pero menos insultos y más leerse las enmiendas”, le ha dicho Mínguez al PP. Cuando el vicepresidente del Congreso ha pedido que se retiren los insultos, el portavoz del PP, Miguel Tellado, le ha gritado “mafia” desde su banca.
Olano apenas ha dedicado tiempo al debate de la iniciativa y no ha adelantado siquiera el sentido de su voto. Ha acusado eso sí al PSOE de estar obsesionado con el franquismo y de presentar este tipo de iniciativas para “disfrazar sus verdaderas intenciones”. “Hacen todo lo posible por mantener viva la memoria de Franco”, ha dicho.
El partido que sí ha dejado claro su voto ha sido Vox. El diputado Ignacio Hoces ha puesto en cuestión todos los consensos históricos sobre la Guerra Civil y el franquismo y ha acusado al PSOE de ser “responsable directo” de la guerra y de estar vinculado a dictaduras.
“Si ustedes se postulan aquí a favor de ilegalizar y disolver determinadas asociaciones, básicamente porque están vinculadas con episodios de golpe de dictadura y crímenes, si no queremos concurrir en una intolerable discriminación, habría que disolver asociaciones y fundaciones ligadas a su partido político, también al Partido Comunista y a los separatistas”, ha dicho, para acto seguido acusar al PSOE de “alentar divisiones”.
Pese al tumultuoso debate, el PP ha terminado apoyando que se tramite la ley y ha avanzado que presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria.
Todos los grupos de la investidura han mostrado su apoyo a la iniciativa excepto el PP y Junts. El partido de Carles Puigdemont ya se mostró crítico durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. “Junts no la apoyó por ser insuficiente. En materia de memoria democrática el estado español continúa legislando de forma acomplejada. Fue evidente en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no prohibió las asociaciones que reivindicaban el franquismo. Y entrado en el siglo XXI fue incapaz de definir la dictadura franquista con contundencia como fascista”, ha recordado el diputado Josep Maria Cervera, que ha tildado esta proposición de “insuficiente”. “Necesitan mucha más valentía. ¿La tendrán?”, ha dicho. Una puerta abierta a apoyarla que al final se ha concretado con el voto afirmativo de sus siete diputados.
Esta ley no servirá sin embargo para disolver la Fundación Francisco Franco, puesto que se refiere únicamente a las asociaciones, que se rigen por un régimen diferente al de las fundaciones. El trámite para acabar con ella está ya en marcha tras los trabajos que inició el Ministerio de Cultura este verano.
El pasado junio, el departamento que dirige Ernest Urtasun abrió las actuaciones previas para disolverla, con la petición de una serie de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.
Después de esta fase, el propio ministerio abrirá un procedimiento con la comunicación del expediente a la fundación y finalmente con un informe a la Abogacía General del Estado que precederá a una resolución de Cultura. El trámite final depende de la Justicia.
La disolución de la fundación forma parte también de las instrucciones que incluyó la Ley de Memoria Democrática, que incluyó una disposición para eliminar aquellas fundaciones “que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”.
