La Asociación por la Memoria Militar Democrática inicia la vía judicial para reclamar a Margarita Robles la exhumación de sus restos del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando por su implicación en el golpe de Estado de 1936 y por ser responsables del bombardeo de civiles de La Desbandá
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La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) sigue en su pelea por lograr la exhumación de dos almirantes vinculados al franquismo que permanecen enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz). La asociación acaba de demandar al Ministerio de Defensa ante la Audiencia Nacional para intentar que sea la justicia la que obligue al departamento de Margarita Robles a exhumar los restos de Juan Cervera Valderrama y Francisco Moreno Fernández, responsables directos de la masacre contra civiles conocida como La Desbandá y participantes del golpe de Estado de 1936.
La AMMD lleva tiempo reclamando a Defensa la salida de estos dos almirantes del panteón: en febrero registró una petición formal ante el ministerio sin éxito y en junio presentó un recurso, pero tras agotar la vía administrativa, ha decidido iniciar la judicial. Con la demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la asociación reclama la comparecencia testifical de la ministra Margarita Robles y de varios historiadores e investigadores de ese periodo histórico.
Juan Cervera Valderrama fue jefe del Estado Mayor de la Armada del ejército golpista durante la Guerra Civil y Francisco Moreno Fernández fue Jefe de la autodenominada “Escuadra Nacional”. Su hermano, Salvador Moreno Fernández, entonces comandante del crucero “Almirante Cervera', también les acompañaba en el panteón hasta este pasado verano, cuando el ministerio informó de que sus restos habían sido exhumados en una ceremonia íntima por petición expresa de la familia para ser enterrados en un panteón de su propiedad.
La asociación considera que la exhumación de los dos almirantes que quedan y la retirada de sus placas y lápidas debe producirse en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones a sacar del espacio público elementos que exalten la guerra o la dictadura e impide que los restos de golpistas estén inhumados en un lugar preeminente de acceso público distinto a un cementerio como lo es el panteón, que, situado dentro de la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando, es escenario de visitas turísticas.
“En este sobrecogedor recinto que invita a la reflexión sobre el sentido de la disciplina y el servicio a la patria, resulta absolutamente incongruente la presencia de almirantes que, encumbrados al poder por el golpe militar y la dictadura del general Franco, marcasen su carrera militar como autores de una rebelión militar contra el orden constitucional entonces legal y legítimamente vigente, la Segunda República Española, además de ser responsables de actos que hoy alcanzarían el calificativo de crímenes de guerra”, argumenta la asociación en el escrito de demanda, interpuesta el 2 de octubre.
El texto presenta a los militares como responsables del bombardeo masivo contra civiles que huían de Málaga en dirección a Almería tras la toma de la ciudad en febrero de 1937, un episodio conocido como La Desbandá y en el que “bajo fuego combinado de buques y aviones” entre 3.000 y 5.000 civiles que buscaban refugio fueron masacrados. Desde el mar efectuaron los bombardeos el crucero ligero Almirante Cervera, comandado por Salvador Moreno, el Canarias y el Baleares. Este último sigue dando nombre a algunas calles de varias ciudades hasta el punto de que el Ayuntamiento de Madrid la recuperó hace dos años tras mostrar conformidad con una sentencia que así lo indicaba.
Se da la paradoja de que, mientras algunos de sus responsables permanecen inhumados con honores en un panteón público, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha declarado este año 'Lugar de Memoria Democrática' a La Desbandá y homenajeado a sus víctimas. “Constituye uno de los episodios más terribles y dolorosos de la guerra y, posiblemente, uno de los más desconocidos a causa del silencio que impuso la dictadura”, afirmó entonces el ministro Ángel Víctor Torres.
El propio Gobierno justificó en sendos historiales represores la retirada a la luz de la Ley de Memoria Democrática de los títulos nobiliarios concedidos por Franco tanto a Francisco Moreno como a Juan Cervera Valderrama. Este último se adhirió a la sublevación militar desde el 18 de julio de 1936 y en octubre fue nombrado por el dictador jefe del Estado Mayor de la Armada para coordinar la reorganización de las fuerzas navales franquistas y la depuración de “desafectos”: por ejemplo, en la Base de Ferrol fueron fusilados 136 marinos, muchos de ellos trabajadores.
En sus memorias llegó a decir que “hubo que hacer un buen cribado entre el personal obrero…” y en 1961, ya fallecido, Franco le concedió el título de marqués de Casa Cervera, ya suprimido. Sus restos fueron trasladados al Panteón en 1962, con una lápida donde se lee: “Jefe del Estado Mayor de la Armada. Lo Gobernó en los días difíciles. De la Guerra de Liberación. La Patria honra su recuerdo”.
Francisco Moreno, por su parte, se comprometió con la conspiración militar y, junto a su hermano, “participó activamente como agente del general Mola” en el golpe de Estado de 1936, expone la demanda. Nombrado jefe de la Flota “Nacional” a finales de julio de 1936 y vocal de la Junta de Defensa, Moreno Fernández desempeñó dicho cargo durante toda la Guerra Civil, además de la jefatura de las fuerzas de bloqueo del Mediterráneo, y fue uno de los “cerebros” de La Desbandá. Para reconocerle sus servicios, Franco le otorgó el título de Marques de Alborán, ya suprimido, en 1951. Su lápida, modificada en 1978, reza que Moreno “consagró su vida al servicio de la Armada y de España”.
Para la AMMD, el mantenimiento de sus enterramientos es “absolutamente incompatible con la legalidad” y también “con la moral militar que deben ilustrar la vida y acción de los profesionales de la Armada”, explica en la demanda. El panteón fue construido en 1950 “con la finalidad de servir como referente de modelos de vida” a los alumnos que estudiaban para ser oficiales de la Armada y su objetivo era albergar restos mortales de quienes “llevados por su alto concepto del honor o del deber alcanzaron el reconocimiento y la gloria”, esgrime la asociación, para la que teniendo esto en cuenta es todavía “más inexplicable” que los militares franquistas permanezcan en él.
Francisco Moreno –y su hermano ya exhumado– figuraron en la lista de los cargos del franquismo imputados por Baltasar Garzón en el auto del 16 de octubre de 2008 acusados de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
