Las penas suspendidas no suman los dos años debido a que fueron rebajadas por la dilación indebida del proceso, que se ha alargado durante una década
El exvicepresidente de la patronal de Murcia y Cartagena, entre los empresarios que se libran de la cárcel pese a haber abusado de menores
“Tengo hijos”, “un marcapasos”, “estoy jubilado”, han sido algunos de los argumentos de los acusados de explotar sexualmente a menores en Murcia para librarse de la cárcel. Ninguno de los pederastas citados durante la jornada de este lunes, donde se decidía si se suspendían las penas, irá a prisión.
En esta primera jornada han sido señalados cuatro empresarios, un taxista y dos proxenetas. Dos de los acusados han faltado a la citación, por lo que deberán acudir a la de mañana martes. En general ha sido determinante que para estos acusados las penas no sumaban los dos años, puesto que fueron rebajadas dos grados por el atenuante de dilaciones indebidas.
La jueza ha recordado que a las víctimas se les ha preguntado sobre su voluntad de que los acusados ingresen en prisión. De acuerdo con la magistrada, ha habido entre las víctimas división de opiniones entre las que apostaban por el cumplimiento de las penas y “pasar página”, según ha citado la magistrada, que formaba parte del Tribunal junto con otros dos magistrados.
A Juan Castejón Ardid (de 74 años de edad), exvicepresidente de la patronal de empresarios de Cartagena y Murcia, se le ha suspendido la pena. El tribunal ha argumentado que su pena no sumaba los dos años. Se le ha prohibido durante cuatro años comunicarse con sus cinco víctimas. Y se la ha impuesto una terapia de reeducación conductual en materia de sexualidad. Para evitar la pena, Castejón ha apelado a un ictus y una operación del corazón, además de un marcapasos. También ha insistido en que dirige varias empresas.
El exvicepresidente de la COEC y la CROEM acumula mayor número de delitos, cinco en total, con penas de cinco meses de prisión por cada uno de ellos (dos años y un mes en total), multa de 3.600 euros y el pago de una indemnización a las víctimas que asciende a 10.000 euros por daños morales, además de un año de libertad vigilada.
El letrado de Castejón, José María Caballero, ha incidido en el acuerdo de conformidad que se alcanzó el pasado 11 de septiembre con la Fiscalía. Ha recordado “que en fechas del pacto había consenso por la suspensión” y ha apuntado a la presión mediática. “Un populismo punitivo”, ha definido. Fuentes judiciales han reiterado durante todo el proceso a este diario que la suspensión o no de las penas queda a discreción del Tribunal, y que no formaban parte del pacto de conformidad.
El abogado de la defensa ha reconocido que hay unos hechos probados “de cierta gravedad”, aunque ha afirmado que el reconocimiento de los mismos es “una cuestión práctica” hacia el acuerdo. Caballero ha sostenido que “este señor [Castejón] con el reconocimiento de los hechos evitó a la administración de justicia un procedimiento con varias sesiones”. “No es el momento de discutir si existía una vulnerabilidad de las menores o si solo querían un iPhone”.
El teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, se ha opuesto a la suspensión de la pena y ha anunciado su recurso. Había pedido cinco años de prisión por la totalidad de delitos cometidos, “merecen una reprochabilidad penal”. Ha defendido que la suspensión es “una facultad del tribunal, no un derecho del reo”. Ha sostenido que “si el señor Castejón reconoció los hechos fue libremente. El principio de inocencia quiebra, hay una culpabilidad”. “No es de recibo que los hechos de 2014 se juzguen en 2024, pero no es justo sobre todo por las víctimas. Si para los acusados, como dice defensa, esto ha sido una travesía en el desierto, póngase en el lugar de las víctimas. Diez años sin satisfacción legal”.
José Jara Albero (68 años), otro de los empresarios no irá a prisión. No podrá cometer un delito durante dos años y tiene prohibido comunicarse con la víctima. Como Castejón, deberá someterse a un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad, y no podrá acercarse a 500 metros de la víctima. En un principio había sido condenado por un delito de prostitución de menores, a un total de 5 meses de prisión, multa de 540 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros.
Su letrado ha reprochado el trabajo de la Fiscalía, “bastante deficiente, que ahora quiere subsanar”. No ha habido oposición por parte de Fiscalía de suspender la pena, puesto que se le ha condenado por un delito. “Soy una persona normal, jubilado, a mí me han metido en esta historia sin comérmelo ni beberlo”, ha defendido José J. A. a la hora de solicitar la suspensión de su pena.
A Jose Antonio Arce López, (70 años) también empresario y a quien también se le suspende la pena. No podrá cometer un delito durante dos años y tiene prohibido comunicarse con la víctima, y deberá someterse a un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad. Había sido condenado por un delito de prostitución de menores, a un total de 5 meses de prisión, multa de 3.600 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros.
Antonio Giménez Pelegrín (81 años), empresario, tampoco irá a prisión. No podrá cometer un delito durante dos años y tiene prohibido comunicarse con la víctima, deberá someterse a un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad. Había sido condenado por dos delitos de prostitución de menores, a un total de 10 meses de prisión, multa de 1.200 euros y el pago de una indemnización de 3.600 euros. Además de un año de libertad vigilada. “Tengo 81 años, soy diabético, mi mujer tiene Alzheimer. En la vida hay momentos que no deberían pasar”, ha sostenido a la hora de defender la suspensión de la condena.
Martín Dorado Toledo, uno de los 'taxistas', al que el fiscal quiere en prisión y ya ha anunciado que recurrirá, ha recibido la suspensión de la pena. Había sido condenado por un delito de prostitución de menores con pertenencia a organización, a un total de dos años de prisión, multa de 540 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros como daño moral. “Si quería proteger a las víctimas, no tendría que haber modificado la responsabilidad civil”, ha reprochado su letrado. La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de la pena y ha recurrido.
El próximo miércoles se decidirá si Ruth Karina Dorado, una de las proxenetas, ingresará a prisión con una pena máxima de 6 años. Se enfrentaba en principio a una condena de 16 años acumulados por ocho delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización. Se le pedían dos años de prisión por cada uno de ellos, multa de 4.320 euros y el pago de una indemnización de 8.000 euros como daño moral. Además de cinco años de libertad vigilada.
Durante la vistilla de suspensión de la pena decenas de personas se han manifestado a las puertas de la Audiencia Provincial al grito de “violador”, “asqueroso” y “viejo verde”. Desde que se anunció el acuerdo de conformidad se han convocado tres protestas multitudinarias. Durante la última concentración se puso este caso como “ejemplo claro de impunidad institucionalizada”, al tiempo que se ha cuestionado el acuerdo de conformidad al que llegó la Fiscalía con los abogados de los condenados. Consideran que esta sentencia pone de manifiesto “un fallo del sistema demasiadas veces sucedido en la Audiencia Provincial de Murcia”.
