La Audiencia de Madrid sanciona a un agente destinado en el Ministerio de Educación por usar los datos de otro para conseguir créditos y contratar líneas telefónicas a las que no podía acceder por sí mismo por las deudas que tenía
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Un agente de la Guardia Civil ha sido condenado a dos años de cárcel por estafar 36.000 euros a un compañero con el que trabajaba en el Ministerio de Educación. El guardia condenado, según la Audiencia Provincial de Madrid, tenía varias deudas con entidades de crédito y usó los datos de su compañero para contratar varias líneas telefónicas y préstamos que también dejó de pagar. La víctima se dio cuenta cuando intentó conseguir un crédito para reformar su cocina y descubrió que había sido dado de alta en el fichero de morosos por los créditos que su compañero había contratado a su nombre y no había devuelto.
La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, declara probado que ambos guardias civiles trabajaron juntos en servicio de vigilancia en el Ministerio de Educación a lo largo del año 2017. El condenado acumulaba más de 18.000 euros en impagos a varias entidades de crédito, figuraba en el fichero de morosos Asnef e ideó un plan para poder seguir obteniendo préstamos: se haría pasar por su compañero de garita para conseguirlo.
La oportunidad llegó poco después, cuando la Guardia Civil destinó a su compañero a la comandancia de Balears y empezó a recabar documentación para el traslado a Palma. El estafador consiguió entonces todo lo que necesitaba: nóminas, declaraciones fiscales e incluso el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su compañero. En apenas unos meses el guardia civil usó los datos del trabajador para dar de alta líneas telefónicas y contratar tres créditos con Cofidis y Cetelem que sumaban, entre todos, 36.000 euros. También intentó sin éxito contratar una tarjeta de crédito con Wizink.
La víctima se fue a vivir a Palma y no descubrió nada hasta que intentó contratar él mismo un crédito para reformar la cocina de la casa que acababa de comprar en la ciudad donde estaba destinado. La entidad le informó de que no podía obtener más dinero porque ya tenía varios préstamos impagados y estaba dado de alta como moroso en el Asnef. El agente, que nunca había pedido un crédito, denunció los hechos y la investigación llevó rápidamente a su antiguo compañero de vigilancia en el Ministerio de Educación.
El departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil descubrió que el dinero de esos préstamos impagados había ido a parar a una cuenta bancaria vinculada a la familia del otro agente, donde incluso le ingresaban la nómina. También que buena parte de las llamadas a las entidades de crédito para obtener el dinero se habían hecho desde Madrid o desde Málaga, ciudades donde había estado el condenado, mientras la víctima se encontraba ya en Balears en su nuevo destino. Finalmente, el agente condenado había usado su teléfono oficial de la Guardia Civil en algunos de los contratos fraudulentos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha optado por imponer dos años de cárcel y una multa de 1.980 euros a este guardia civil, además de obligarle a devolver el dinero a las entidades de crédito, anular esos contratos y establecer una indemnización de 12.000 euros por daños morales para su antiguo compañero. El acusado, según ha sabido este periódico, ha recurrido su condena y tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce su propio compañero han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirme la sanción.
Los jueces le atribuyen un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental y revelación de secretos, imponiéndole una condena más baja que la que pidió la Fiscalía en un primer momento. El tribunal tiene en cuenta como dilación indebida que el proceso tardó más de cinco años en llegar a juicio y tener una primera sentencia. El resultado es una condena que, en principio, no implica su entrada obligatoria en prisión siempre y cuando cumpla con todas sus obligaciones económicas. También puede derivar en su expulsión de la Guardia Civil por la vía disciplinaria.
Durante el juicio, el agente condenado proclamó su inocencia y también denunció que no podía comparecer en el proceso por problemas de salud, algo que descartó tanto el forense como la propia Audiencia Provincial. Existen “contundentes pruebas de cargo” contra él, dice el tribunal, que destaca que precisamente como guardia civil su misión era cumplir la ley, no infringirla: “Debemos atender a la reprochabilidad moral de los hechos, cometidos abusando de la confianza que debe presidir entre compañeros, miembros de la Guardia Civil, que entre su cometido está el de velar por el cumplimiento de la Leyes, lo que debió conllevar un impacto importante en la víctima”.
El agente afectado por la estafa relató que su pareja tuvo que vender un piso por debajo del valor de mercado para hacer frente a las consecuencias económicas de las deudas generadas por su compañero. “Le ha ocasionado dificultades y perjuicios económicos, no ha podido obtener ni préstamos ni siquiera financiación ni compras a plazos para la adquisición de bienes, financiación muy necesaria como consecuencia de su nuevo destino en Mallorca”, reconoce la Audiencia.
