La Junta insiste en "no intervenir el mercado", lo que incluye no poner topes a los precios, y valora la petición de los promotores de equiparar el problema inmobiliario a las crisis por sanidad y sequía. En paralelo, anuncia que los jóvenes se podrán desgravar el 15% del alquiler hasta un tope de 900 euros
El Gobierno andaluz culpa más a la ocupación ilegal que a los pisos turísticos de la escasa oferta de vivienda en alquiler
El Gobierno andaluz sigue enrocado en “no intervenir el mercado” inmobiliario, lo que es su forma de decir que no aplicará la opción que le ofrece la Ley de Vivienda estatal de declarar zonas tensionadas y poner topes máximos a los precios. Su fórmula pasa por orillar esta norma todo lo que le permitan sus competencias y apostar por la suya propia, la primera autonómica que se aprobará desde que está vigente la nacional y que presenta como la solución efectiva a los problemas del sector. Todo ello, complementado con nuevas ayudas fiscales y con la puerta abierta incluso a asumir la petición que han hecho los promotores de declarar en Andalucía la “emergencia habitacional”, para activar medidas como si se tratase de una crisis sanitaria o por sequía.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP) insiste en que no es insumiso y que cumple la ley estatal, pero que se reserva la posibilidad de cumplir o no medidas que son potestad exclusiva de cada autonomía, como realmente establece la norma. Su receta es sencilla, y en realidad es compartida por todas las comunidades que gobierna el PP: hay que derogarla por “fracasada e insostenible” y por “agravar” los problemas.
¿Resultado? “Los precios han subido, hay más inseguridad jurídica y los casos de ocupación ilegal también han aumentado”. De paso, se incide en que, al margen de que “Andalucía no va a aplicar las zonas tensionadas”, a la hora de la verdad son los municipios los que solicitan a la comunidad autónoma que quieren declararla y, hasta la fecha, “ningún ayuntamiento ha solicitado esta cuestión. A partir de ahí, nosotros no hemos tenido que decir sí o no a las zonas tensionadas”.
Las afirmaciones las hacía en una entrevista en RNE la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que se aferra como solución a este panorama a la Ley de Vivienda autonómica, que ha estado en exposición pública hasta el 1 de octubre y a la que se han presentado 35 alegaciones. La norma, cuya aprobación se prevé para el primer semestre de 2025, la resume la propia Díaz en que “tiene como principal propósito poner más viviendas a precio asequible en el mercado, que es la única vía posible para paliar y resolver los problemas actuales”. El compromiso es también agilizar los desarrollos urbanísticos y sacar al mercado más bolsas de suelo para hacer pisos a precio asequible.
En este contexto, el Gobierno andaluz no ve de partida con malos ojos la propuesta que ha hecho Fadeco, la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios, de declarar la situación de “emergencia habitacional” para así “asimilar” la construcción de vivienda al procedimiento que se usa para otras situaciones de crisis, caso de las sanitarias o las provocadas por la sequía. Así lo ha presentado como alegación al anteproyecto de ley andaluza, y si en Fomento dicen que van a estudiar el encaje jurídico de la propuesta, la portavoz de la Junta, Carolina España, ha ido más allá y resaltaba que la idea “no suena mal” y “no tiene mala pinta” en una entrevista en el programa La Alameda de 101 Málaga.
¿Y en qué se traduce esto? Pues en simplificar los plazos para el desarrollo urbanístico e implantar poco menos que un equivalente urbanístico de la Unidad Aceleradora de Proyectos empresariales para acortar tiempos. Los promotores quieren simplificación administrativa, “flexibilidad” y medidas de impulso a la vivienda. La futura norma, a su juicio, “camina en la buena dirección”, pero reclaman un mayor “esfuerzo en el gasto” de las administraciones en materia de vivienda y suelo.
A la espera de ver si esto finalmente tiene su reflejo –y cómo– en la futura ley, la propia Carolina España, también consejera de Economía y Hacienda, ha dado este sábado más detalles de las nuevas ayudas fiscales por vivienda que anunció Moreno hace unos días. La deducción por la compra de vivienda habitual, por ejemplo, pasará el año que viene del 5 al 6%, mientras que la desgravación del 15% del coste del alquiler (una medida dirigida sobre todo a jóvenes y mayores de 65 años) tendrá un nuevo límite de 900 euros frente a los 600 actuales.
En total, el Ejecutivo andaluz calcula que se beneficiarán de estas medidas hasta 40.000 jóvenes, a la vez que se mantiene la línea de avales hipotecarios por la adquisición de la primera residencia. A esto hay que sumar que Andalucía va a recibir del Gobierno central una nueva transferencia de 34,2 millones de euros para el Bono Alquiler Joven, con lo que se abrirá una convocatoria que se confía en que sea menos caótica que la primera. Para ésta llegaron 68 millones, pero el bloqueo en la tramitación acabó en denuncias de los afectados y en una investigación de la Cámara de Cuentas.
La confirmación de esta inversión adicional se cerraba en la reciente Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que Andalucía reclamó mayor flexibilidad con los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda, con la idea repartirlos en función de las líneas que sí han funcionado y que ya no tiene más crédito. Otra reivindicación andaluza puso en el foco al futuro Plan Estatal de Vivienda, reclamando que –a la hora de promover tanto la construcción como la rehabilitación– no se bonifique sólo la eficiencia energética sino también otras cuestiones como la conservación, la accesibilidad y la mejora de los barrios en situación de vulnerabilidad.
