La Audiencia de Madrid juzga desde el martes al agente que disparo en dos ocasiones a las piernas de Diego mientras el joven blandía dos pequeñas navajas ante doce guardias civiles
Un guardia civil se sentará en el banquillo por causar la muerte a tiros de un joven con un brote psicótico
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará desde el próximo martes a un guardia civil por provocar la muerte a tiros de un joven que amenazó a los agentes con dos pequeñas navajas mientras sufría un brote psicótico. La familia de la víctima, Diego Martínez-Conde, pide cuatro años de cárcel para el agente que realizó los dos disparos por homicidio imprudente mientras que la Fiscalía rebaja su petición a una pena de multa al considerar que el agente no cometió una negligencia grave.
Diego tenía 26 años y sufría un trastorno psiquiátrico que le llevaba, por temporadas, a deambular de un sitio para otro. El 27 de septiembre de 2020 estaba en Manzanares El Real, una localidad de la sierra madrileña, pese a que su familia no reside allí. Unos policías municipales le pidieron que se pusiera la mascarilla, obligatoria entonces, y él se alteró. Los agentes le dejaron para que se calmara pero alguien había llamado ya a emergencias y una pareja de la Guardia Civil acudió al lugar. Ante la actitud agresiva de Diego terminaron por ser una docena los agentes desplazados para reducirlo.
Los guardias aseguran que Diego atacó al agente que realizó los disparos mortales después de amenazarles con que les iba a matar mientras blandía dos pequeñas navajas. El guardia civil acusado, que tenía 28 años en el momento de los hechos, es defendido por la Abogacía del Estado, que solicita la absolución. En su escrito, el letrado asegura que el acusado, “temiendo por su vida y como único medio para repeler la agresión ilegítima, efectuó dos disparos a las piernas del señor Martínez-Conde, buscando en todo momento zonas no vitales y causar el menor daño posible”.
Un informe del Laboratorio de Criminalística situó los tiros a un metro y medio de distancia aproximadamente, una vez analizadas las ropas de Diego y los orificios de entrada que dejaron en ella las balas. Sin embargo, otro atestado de Balística amplía la distancia de los disparos a 2,6 metros, lo que pondría en mayor duda que la víctima se hubiera abalanzado sobre el guardia civil cuando este disparó.
La familia de Diego cree que un número tan elevado de agentes podían haberle reducido sin necesidad de disparar contra él. Utilizaron las armas de fuego, recoge el escrito de su representación, pese a que eran 12 agentes con defensas extensibles frente a un individuo con una navaja multiusos de seis centímetros de hoja y otra de medio centímetro más de longitud. “Nadie llamó a un dispositivo de salud mental pese a la evidencia de encontrarse ante un enfermo con un brote psicótico”, añade.
Diego comenzó a sentirse mal en la adolescencia a raíz de una enfermedad grave que superó, pero que le marcó psicológicamente. Los ingresos hospitalarios se sucedían y a los 19 años fue detenido por malos tratos. Seis años después, un juzgado de Madrid dictó una orden de alejamiento respecto de una chica con la que había mantenido una relación. Su enfermedad hacía imposible que encontrara trabajo pese al talento que demostraba en el diseño gráfico.
La noche de los hechos estaba en la localidad madrileña de Manzanares el Real. Como hacía a menudo, Diego iba de un lugar a otro y dormía en pensiones, pese a no proceder de un ambiente desfavorecido. Su familia se volcaba en que tomase la medicación pero, por temporadas, el control de Diego, mayor de edad, se tornaba imposible. La familia del fallecido le describe como un chico muy sociable, “rodeado de amigos”, pese a la enfermedad mental que sufría.
La Fiscalía solicita una condena por un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave y que el guardia civil y el Estado indemnice a la familia, los padres y hermanos de Diego, con 88.000 euros.
