Todo indica que ya todos en el PP aceptan, de mejor o peor grado, que las elecciones tendrán lugar cuando la legislatura haya concluido dentro del plazo previsto por la ley. Es decir, dentro de dos años
El PP cambia de política. Más allá de las balbucientes y poco atractivas propuestas que acaba de presentar en materia de vivienda y de reducción de la jornada laboral, lo que con ellas acaba de reconocer Alberto Núñez Feijoo es que su guerra sin cuartel contra Pedro Sánchez no le lleva a parte alguna y que, en definitiva, no hay atajos para tumbar al Gobierno.
Habrá que ver cómo se toman ese giro en el interior de su partido. Pero desde hacía unas cuantas semanas había intensos rumores, por vía de confidencias privadas, de que más de un influyente dirigente regional estaba en desacuerdo con el radicalismo intolerante y exacerbado que marcaba la política de oposición al Gobierno de coalición. Por dos motivos principales: uno, porque la marcha acelerada hacia la ultraderecha para quitarle espacio a Vox, la obsesión prioritaria de Feijóo y los suyos hasta ahora, no estaba teniendo efecto alguno en las encuestas. Y dos, que por muchas tensiones que haya entre Junts y los socialistas, la posibilidad de que el partido de Puigdemont apoye una moción de censura del PP a Pedro Sánchez es una entelequia mientras siga pendiente la concesión de la amnistía al dirigente independentista.
A esos dos se añade seguramente otro factor: el de que la citada marcha hacia la ultraderecha y la oposición alocada y por momentos histérica que el PP ha venido practicando desde el momento mismo en que se confirmó que era imposible que Feijóo gobernara, podía terminar por erosionar a su electorado, una parte del cual podría estar pensando en irse a la abstención ante la falta de algo parecido a un proyecto mínimamente tranquilo por parte de Feijóo y los suyos.
El hecho de que Pedro Sánchez y el PSOE hayan resistido muy bien la agobiante presión a la que han sido sometidos –no sólo en las encuestas sino, aún más, en la manera en que han encajado, o despreciado, la tormenta de críticas y descalificaciones descargada contra ellos- también ha debido de influir en el cambio de actitud por parte del PP. Salvo por su retirada de cinco días de la escena -episodio aún lleno de misterio y que tampoco parece haber pesado muy negativamente en su haber- el líder del PSOE no parece haber perdido la compostura en ningún momento. Y es posible que también gracias a eso su imagen se haya reforzado.
Por el contrario, la de Feijóo se ha debilitado, según reconocen incluso públicamente, algunos exponentes del espectro conservador. Sus limitaciones de origen han ido apareciendo con demasiada frecuencia en los últimos tiempos y el personaje se ha ido desdibujando. De hecho, últimamente no ha sido él, sino sus dos principales colaboradores, Miguel Tellado y Cuca Gamarra -no precisamente dos exponentes de la brillantez política y oratoria- los que han marcado el tono del partido ante la opinión pública.
Habrá que ver cómo se va concretando el nuevo planteamiento, más allá de las iniciativas citadas. No cabe esperar grandes cosas, pero se puede pronosticar que el PP rebajará un tanto su histeria crítica de los últimos tiempos. Habrá que ver cómo reacciona Isabel Díaz Ayuso. Que seguramente no se quedará callada. Y puede incluso que interprete el quiebro de Feijóo como un síntoma de debilidad y ello le lleve a intensificar sus acciones a fin de consolidarse como su alternativa en la dirección del PP, algo por lo que ella y su director espiritual, Miguel Ángel Rodríguez, vienen trabajado desde hace mucho.
Pero a no ser que ocurra un cataclismo interno hoy por hoy imprevisible, el relevo de Feijóo no se producirá hasta después de las próximas elecciones generales, según cual sea su resultado. Lo nuevo es que todo indica que ya todos en el PP aceptan, de mejor o peor grado, que estas tendrán lugar cuando la legislatura haya concluido dentro del plazo previsto por la ley. Es decir, dentro de dos años.
Mientras tanto, habrán de librarse unas cuantas batallas políticas entre el Gobierno y la oposición. La relativa a la financiación de Cataluña acordada entre el PSC y Esquerra aparece como la más vistosa a corto y medio plazo y en ella no sólo se batirán el PSOE y el PP sino también varios y muy beligerantes sectores socialistas. La de la inmigración irregular será otra. Y también la de la vivienda.
La de la amnistía ya ha bajado un tanto de tono. El PP no podía mantener su oposición absoluta a la misma mientras entre bambalinas se abría a un acuerdo con Junts para echar a Sánchez. Y hoy el asunto queda sustancialmente circunscrito al terreno judicial, a la negativa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, de Manuel Marchena, a aplicar la medida de gracia a los acusados independentistas de malversación. La postura del juez Llarena va en el mismo paquete. Y empieza a haber algún indicio de que esa resistencia a ultranza puede no durar mucho. Con lo cual, el asunto terminará en el Tribunal Constitucional… dentro de no menos diez meses, según algunos. Y Puigdemont no podrá volver a España hasta pasados unos cuantos meses más.
Hasta entonces, la postura que adopte Junts en las iniciativas legales que proponga el Gobierno en el Congreso seguirán siendo una incógnita inquietante. Pero empieza a estar bastante claro que por mucho que los independentistas voten en contra de la izquierda no habrá adelanto electoral. Incluso si tumban los Presupuestos.
