Con el fin de la temporada de verano, las asociaciones de consumidores piden una mayor regulación de los macroeventos y sanciones ante las imposiones que consideran abusivas, como la prohibición de entrar con comida y bebida o las tasas para entrar y salir libremente
Los músicos en los grandes festivales: sin prueba de sonido, camerinos sin sillas y soportes para guitarras a 50 euros
Brava Madrid ha sido el último festival del verano en entrar en la lista de eventos denunciados ante las autoridades de consumo por la imposición de normas presuntamente abusivas. Las pulseras cashless para pagar en las barras, la prohibición del acceso con comida o bebida del exterior, o la exigencia de comprar un vaso reutilizable sin posibilidad de retorno son algunas de las prácticas por las que casi una veintena de festivales han sido denunciados este año en España.
La última edición de Brava Madrid, celebrada los pasados 20 y 21 de septiembre en Ifema, ha incurrido en esas prácticas según Facua-Consumidores en Acción. Una de las más comunes, instaurada en gran cantidad de eventos, es el uso de una pulsera cashless como único método de pago. Esta exigencia se vuelve aún más preocupante cuando algunas empresas establecen plazos muy reducidos para solicitar la devolución del saldo restante en este monedero digital (14 días en el caso del Brava). Desde Facua recuerdan que, en el caso de las pulseras cashless, cualquier establecimiento en España está obligado a aceptar el pago en efectivo, considerando como abusiva la obligatoriedad de la pulsera.
Además, el reembolso del dinero no llega íntegro, pues en el caso del Brava el consumidor tiene que pagar tres euros como “gastos de gestión por la prestación del servicio de devolución”. María Ramírez, una de las asistentes a este festival, se queja de que si “la recarga la haces tú”, el festival no hace “gestión ninguna”, por lo que no entiende por qué debe pagar tres euros. Este tipo de gastos añadidos, o comisión, está puesto en cuestión, en general, para la venta de entradas de todo tipo de espectáculos.
Este verano, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció ante las autoridades de consumo a diez festivales de música al aire libre por malas prácticas que podrían haber afectado a más de un millón de asistentes. Las prácticas denunciadas en algunos festivales ―como FIB (Benicàssim), Monegros Desert Festival (Fraga), Puro Latino (Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería) o el Zevra Festival (Cullera)― son las mencionadas de cobrar una comisión de entre dos y tres euros para poder recuperar el saldo sobrante de la pulsera cashless y los plazos reducidos a dos semanas.
Precisamente sobre el cobro de gastos de gestión radica la denuncia de Iker, asistente del festival Boombastic de Asturias: “Al retirar el dinero sobrante me cobraron 2,50 euros. Es una práctica que se considera abusiva, pero que siguen haciendo. Pasa en la mayoría de festivales”, lamenta. Esta práctica está anunciada en su web pero eso no la hace menos abusiva, advierten las organizaciones de consumidores. Este medio también se ha puesto en contacto con la organización del Boombastic pero ha declinado participar en este reportaje.
Otro asistente del Brava festival, Alfie, explica para elDiario.es su recelo, pues cree que las cantidades de recarga de la pulsera están “hechas a propósito para que siempre te sobre algo de dinero”. Unas prácticas que este asistente resume como una “auténtica estafa”. Pero aún hay más gastos inesperados.
Ramírez explica que tuvo que pagar una penalización de 20 euros por haber nominado su entrada ―identificar a la persona que la usará, para así evitar posibles fraudes― una vez pasado el plazo establecido por el festival. Según esta asistente, el aviso de este requisito no está claro y exige hacerlo varios meses antes de la celebración del festival. “Una gestión malísima”, explica a este diario. Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con la promotora de Brava Madrid para recoger su punto de vista, pero no ha obtenido respuesta.
Este verano se ha hablado mucho sobre la obligación de comprar un vaso reutilizable y su carácter o no retornable. Las promotoras de conciertos se escudan en la reducción de residuos y su impacto en el medioambiente. Este tipo de vaso reutilizable ha sustituido en la mayoría de eventos al vaso de un solo uso, en gran medida por el efecto disuasorio del precio: alrededor de los dos euros (aunque su gastos de fabricación es de apenas unos céntimos). Lo que no se ha generalizado es la posibilidad de retornar el vaso para ese precio no sea un coste sino una fianza.
Según los expertos en la gestión de residuos de grandes eventos, producir un vaso reutilizable requiere diez veces más plástico que un vaso normal. Si ese vaso no se reutiliza, tras su lavado y almacenaje, un mínimo diez veces más, implica generar diez veces más residuos. Algunos festivales sí están facilitando el sistema de retorno y devolución de la fianza. Uno de ellos es el festival Cranc de Menorca, que cobra un euro por el vaso y devuelve este dinero a cambio del vaso usado.
Otros festivales como el Sonorama Ribera (Aranda de Duero) y el Cruïlla (Barcelona) también lo han hecho. “Sin el sistema de vasos reutilizables y retornables habríamos utilizado 350.000 vasos. Gracias a esta medida, en la última edición hemos usado la mitad. Esto no significa que en cada edición fabriquemos 175.000 vasos, sino que usamos los mismos de la edición anterior”, explican a elDiario.es desde el Cruïlla.
La promotora Last Tour, encargada de festivales como el Bilbao BBK Live o Kalorama Madrid, también han expresado su compromiso con el consumidor y el medioambiente, y aseguran a este medio haber adoptado el sistema de vasos retornables en todos sus festivales desde 2017 pero se desconocen los datos de cuántos asistentes retornan los envases.
Otro de los puntos conflictivos de este tipo de eventos es el acceso con comida del exterior. María Ramírez explica su experiencia en el Brava, ya que el año anterior intentó “pasar con unos sándwiches”, pero no le dejaron. “Por suerte, llevaba escondidas unas galletas”, añade. Este año preguntó por la prohibición de acceso de comida del exterior, pero no obtuvo respuesta: “Así que, por si acaso, no llevé nada”, cuenta.
Es una norma que lleva años impuesta, no solo en eventos musicales, sino también en eventos deportivos o salas de cine. Kalorama Madrid, Mallorca Live Festival, Remember Campa de Santander, No Sin Música de Cádiz, Festival de Les Arts de Valencia o el Puro Latino Fest de Sevilla son tan solo algunos de los ejemplos de festivales que este mismo año han impuesto esta exigencia a sus consumidores, según Facua.
“No se puede acceder con comida o bebida del exterior” es un anuncio habitual en las webs de los festivales. No obstante, estar anunciado previamente no lo convierte en legal. Según Facua, como ninguno de estos festivales tiene como actividad principal la de comercializar comida o bebida, la limitación de acceder con estos alimentos constituye una cláusula abusiva. Estas restricciones, además de asegurar el consumo en las barras instaladas en el interior del recinto, también facilitan la fijación de precios abusivos a los que los consumidores no tienen más remedio que hacer frente si desean tomar algo. Muchos de los festivales, en cambio, plantean su negocio como una experiencia gastronómica además de musical.
Frente a estas denuncias, la promotora Last Tour asegura que todas las denuncias sobre el acceso de comida y bebida en relación al Bilbao BBK Live han sido archivadas. También explican que las denuncias a sus festivales no proceden “ya que no han incumplido ninguna normativa”. Desde el BBK Live siguen manteniendo en su web la prohibición de entrar con comida y bebida del exterior aunque la promotora puntualiza que sí que está permitido en aquellos casos “necesarios para la salud”.
Si entrar al recinto con alimentos del exterior está prohibido en muchos festivales, también lo está salir del recinto y volver a entrar. Casos de este tipo habrían sucedido, según Facua, este verano en el Festival Arena de Mazagón, el Spring Festival de Alicante, el Fortaleza Sound de Lorca o el Puro Latino Fest. Este último especifica esta norma en sus condiciones generales y lo atribuye a la necesidad de “adquirir el derecho de reacceso”, algo que la OCU califica como “retención ilegal”.
Elena y Andrea son dos amigas que asistieron al Puro Latino en su edición de Almería y explican haber visto cómo la organización del festival cobraba estas tasas extra por el reacceso. “Nosotras no salimos porque nos parecía un robo, cobraban 15 euros. A esto se suma que no dejaban entrar con comida del exterior y nos cobraron gastos de gestión para retirar el dinero sobrante de la pulsera”, detallan las amigas. Este medio se ha puesto en contacto en varias ocasiones con la organización del Puro Latino Fest, pero no ha obtenido respuesta.
También, y según Facua en una denuncia anterior a la celebración del festival, en el Fortaleza Sound de Lorca el reacceso al recinto iba a costar 10 euros (un servicio incluido con la entrada VIP). No obstante, tal y como cuentan desde el festival, esta medida finalmente no se impuso: “La idea inicial era cobrar este reacceso para proteger el descanso de los vecinos durante un horario concreto. Ante la avalancha de críticas decidimos quitarla y fue totalmente gratuito”, apuntan. Magdalena, una de las asistentes al festival, corrobora que no hubo cobro extra en el reacceso en el Fortaleza Sound: “Yo pude salir y entrar gratuitamente”, explica, así como otros asistentes contactados por este medio.
Mientras estas prácticas se vuelven cada vez más habituales, festivales como Resurrection Fest han cedido ante las denuncias. En la última edición de este evento gallego se han eliminado los gastos de gestión para la devolución del dinero restante en las pulseras cashless —que eran de un euro— y la prohibición de introducir bebida y comida al recinto. Aún les quedaría permitir el pago en efectivo.
Una de las grandes quejas de las asociaciones de consumidores es la falta de medidas por parte de la Administración. Desde el Ministerio de Consumo informan a este periódico que están manteniendo reuniones con las asociaciones, así como con empresas de intermediación en la venta de entradas, para analizar las prácticas del sector.
La OCU define esta situación como un “caos normativo”, pues en cada región de la geografía española este tipo de legislación se regula de manera diferente. Comunidades como Cantabria, Canarias, Navarra y Catalunya permiten la prohibición del acceso con alimentos y bebidas del exterior, otras encuadran esta cuestión en el derecho de admisión y otras, como Asturias, permiten elegir al consumidor.
Un “caos normativo” que, frente a la veintena de denuncias presentadas durante este verano, ha dejado solo dos sanciones. La primera, la interpuesta por el Ayuntamiento de Sevilla al Sonoria Festival por incumplir varias condiciones contractuales y no ofrecer servicios a los que se tenía acceso con las entradas VIP. La multa ha sido de 2.000 euros.
La segunda multa del verano que ha trascendido ha sido la interpuesta al festival Jardín de las Delicias por el Ayuntamiento de Madrid. Una sanción de 3.000 euros por “obstrucción a la inspección”, que se califica como una infracción leve.
Ante esta situación, desde Facua reclaman “la imposición de multas contundentes, con cuantías mucho más elevadas, para que las promotoras de este tipo de eventos no vuelvan a cometer infracciones”. Por su parte, desde la OCU además de presionar a las autoridades de consumo a tomar medidas, también instan al Ministerio de Consumo —que solo se ha pronunciado este verano sobre los gastos de gestión de los espectáculos— a que desarrolle una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos.
