El acuerdo incluye el resarcimiento de más de 900.000 euros a la Generalitat, cuantía que reclamaba por los amaños en la adjudicación de los trabajos aéreos para la extinción de incendios forestales
El exconseller del PP y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, debía sentarse desde este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por el conocido 'cártel del fuego'. Pero el exmandatario popular podría ahorrarse este trago porque, según ha adelantado la Cadena SER, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la fiscalía que también le permitirá eludir la prisión, ya que el el ministerio fiscal pedía 21 años de condena.
Para ello los acusados resarcirán más de 900.000 euros a la Generalitat, la cuantía que reclamaba al exconseller por favorecer a un empresario amigo en procesos de adjudicación de contratos para los trabajos aéreos para la extinción de incendios forestales.
Serafín Castellano fue detenido en 2015 por este 'cártel de fuego' y ha sido acusado junto a una treintena de personas entre empresarios de la navegación aérea, autoridades o funcionarios, de los que fiscalía describió prácticas “con ánimo de lucro” para “alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública”, corrompiendo mediante presuntos sobornos.
En el escrito de Anticorrupción, recogido por Europa Press, el fiscal finalmente sólo proponía juzgar a 17 personas en esta causa dado que solicita el sobreseimiento provisional para una quincena porque no hay “motivos suficientes para tenerlos como autores, cómplices o encubridores de los hechos objeto de acusación”.
Para Castellano, el Ministerio Público pedía una pena de 21 años de prisión por los delitos de falsedad en documento público, delito continuado de cohecho, prevaricación, malversación y asociación ilícita. Mientras que para el principal acusado, el empresario Vicente Huerta, la pena era de 33 años y 6 meses de cárcel y multas que superan los 25 millones de euros.
El fiscal subraya que los acusados, en el periodo comprendido entre 1999 y, al menos, 2018, en relación con la actividad de contratación del sector público en el ámbito de la navegación aérea, fundamentalmente en el de la extinción de incendios forestales afectante a los intereses generales, desarrollaron múltiples conductas ilícitas.
De hecho, explica en su escrito que, además de Castellano, habrían participado en el cártel otros cargos públicos como Vicente Bosca Calafat, coordinador del servicio contra incendios; Ramon Dinares Bosque, jefe de la unidad de medios aéreos de la Generalitat de Catalunya; y Francesc Xavier Palmés i Cosidó, encargado del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Subdirección General de Gestión Económica y Contratación del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y Manuel Bosch Serch, responsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat de Cataluña.
Fue en junio de 2022 cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ya jubilado, explicó que los integrantes del 'cártel del fuego' habrían actuado indebidamente incrementando el gasto en favor de las personas y empresas concertadas; permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales; aprobando facturaciones, o favoreciendo a determinadas personas y entidades.
Solo al ex alto cargo valenciano, y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, según concretó el juez y tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.
Los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concurrirían, en qué zonas de influencia y las sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas dentro del propio cártel.
García Castellón destacó que estos presuntos amaños se habrían producido no solo en España sino también en otros países, así como que en ocasiones habrían propiciado que algún concurso quedara desierto, generándose así un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad.
Y precisó que, según los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de Avialsa --vinculada al investigado principal, Vicente Huerta Domínguez-- y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017 se concertaron contratos por un total de 151.585.386,22 euros.
La presunta corrupción de los funcionarios y autoridades intervinientes en estos procesos de contratación se hacía con la entrega de dádivas o regalos, lo que habría derivado en “una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector”.
En concreto, según el juez, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunitat Valenciana y Cataluña, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con Avialsa realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos como vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, los hechos podrían constituir delitos de cohecho; organización criminal; alteración de precios en concursos o contratación pública; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.
