El texto aprobado por el Consejo de Ministros incluye sanciones a diputados y partidos que oculten sus bienes, una "reforma integral" de artículos del Código Penal como el de injurias a la corona o la ofensa a los sentimientos religiosos, y cambios en la ley de secretos oficiales aún sin concretar
El Gobierno aprobará este martes el plan de regeneración democrática comprometido por Pedro Sánchez
Un amplio paquete de reformas comprometidas en materias como la transparencia en el Ejecutivo, el Legislativo y los medios de comunicación o la protección de la libertad de expresión. El denominado Plan de Acción por la Democracia que aprueba hoy el Consejo de Ministros cumple con algunas antiguas demandas de la mayoría de socios parlamentarios e introduce cambios en la ley mordaza, la de secretos oficiales o el Código Penal en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión o el delito de injurias a instituciones del estado, una de las principales demandas de Sumar durante la negociación del texto con el PSOE en el seno de la coalición.
El plan cuenta con 31 medidas que el Gobierno tiene previsto implementar en los próximos 3 años para “dotar de mayor transparencia a los medios de comunicación” en el marco de lo que ya establece la UE“. ”Vamos a trabajar de la mano con los grupos parlamentarios. Queremos reforzar la limpieza de nuestra democracia“, asegura el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien junto al de Cultura, Ernest Urtasun, han coordinado los trabajos.
En el texto que hoy aprueba el Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso elDiario.es, el Gobierno se compromete, por ejemplo, a “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal. Según fuentes de la negociación se trata de abordar, entre otros, el caso concreto de las injurias a la corona.
El Plan también incluye un amplio capítulo de medidas relacionadas con los medios de comunicación. Principalmente, en cuanto a su financiación y transparencia. De esta forma, se establece “la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”.
También se hace alusión a la “revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación”, así como a la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación. Relacionada también con los medios de comunicación y en la batería de propuestas para la “Promoción de una mayor calidad del debate público”, se plantea la reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas“.
El documento, que ha sido pactado entre los socios del en el marco de una negociación que se prolongó hasta última hora del lunes con el principal fleco de la reforma del Código Penal respecto a los delitos relacionados con la libertad de expresión, compromete una reforma de la Ley de Publicidad institucional. En primer lugar, “para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”. Y también “para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”.
“A pesar de ser un primer paso, es un paso histórico”, asegura el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que también desveló la creación de un registro de medios de comunicación una revisión de la ley de publicidad institucional “para que los sistemas de audiencia cumplan los principios de transparencia”.
Al reglamento del Congreso de los Diputados se le introducirán varios cambios vinculados a la transparencia con la que de deben cumplir tanto de los cargos electos como de los partidos políticos. Se propone así “reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta”. Así como revisar “el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada”. Igualmente, se establecerá como obligatoria la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Nación.
La reforma de la ley mordaza es otra de las antiguas demandas del conjunto de socios parlamentarios progresistas del Gobierno y en el plan que hoy se impulsa también se alude a a ella, aunque sin concreción algúna. En el capítulo de “Establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación” se fija la “reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Se incluye en la batería de medidas cambios puntuales en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para establecer la obligación “de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas, así como para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales.
Tampoco se detalla, pero se compromete, otro histórico anhelo de la izquierda parlamentaria y de algunas fuerzas nacionalistas como el PNV: la ley pre constitucional de secretos oficiales que data de 1968. En el acuerdo que hoy se impulsa se argumenta que “el contexto contemporáneo aconseja una reforma de esta norma. Es necesario un marco avanzado y garantista que sustituya una ley preconstitucional, vigente desde 1968, para actualizarla y adaptarla a los mejores estándares de las legislaciones de los países democráticos de nuestro entorno. La reforma de la Ley de Secretos Oficiales implica una mayor homologación de nuestra legislación, combinando la seguridad nacional con el derecho a la información y la transparencia. De igual modo, esta reforma también implica cumplir con una de las recomendaciones presentes en el Informe sobre el Estado de Derecho en los últimos años”.
