Empleados del Centro de Arte Contemporáneo, que ha alojado muestras de Marina Abramovic o Louise Bourgeois, anuncian movilizaciones tras constatar que el ayuntamiento no los subrogará
La empresa ligada a un alto cargo del Gobierno andaluz ganó el concurso del CAC de Málaga con el segundo peor proyecto
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) está a punto de dejar de existir como espacio museístico, al menos durante una temporada. El ayuntamiento va a recuperar la concesión, vigente durante 21 años en los que ha acumulado tantas polémicas, casi siempre vinculadas a la gestión de Fernando Francés y sus intereses cruzados, como visitas de relumbrón: por aquí han pasado Marina Abramovic, Anish Kapoor, Julian Opie o Julian Schnabel, y se han visto muestras de Ai Weiei, Maurizio Cattelan, Ron Mueck o Louise Bourgeois. La gestión de Francés, pagada con decenas de millones de euros de dinero público, deja luces y sombras, y su marcha definitiva, un vacío. Ahora poco se sabe de qué será del centro: la concejala de Cultura ha dicho que se asumirá la gestión directa, pero no se aclara para qué ni con qué proyecto.
La incertidumbre mantiene en vilo a sus 27 trabajadores y trabajadoras, que el próximo 18 de septiembre se verán en la calle sin que nadie, de momento, asuma la subrogación en sus contratos. A lo más que ha llegado el alcalde, Francisco de la Torre, es a agradecerles los servicios prestados y a prometer que se les mirará con buenos ojos en posibles convocatorias de empleo. Algo insuficiente para ellos, que este viernes iniciarán un calendario de movilizaciones.
Mientras, el Centro lleva meses languideciendo poco a poco, víctima de una guerra fría entre el área de Cultura, que se ha ido desentendiendo de un espacio que mimó durante años, y la concesionaria, que perdió el interés cuando comprobó que no renovaría la concesión. Aunque ya no gestionaba el Centro, la mano de Francés siguió guiando el rumbo durante la ultima etapa.
“Quedamos en un limbo”, lamenta Mihail Plesanu, representante de los trabajadores, quien acumula 16 años trabajando aquí. Dos compañeras llevan 21, desde que se inauguró el centro, y muchos superan los diez de antigüedad. Pretenden que el ayuntamiento los subrogue, como ocurre cuando una empresa asume una concesión de servicios que otra deja.
Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, cree que debería aplicarse el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que para los casos de “sucesión de empresa” dispone que el cambio de titularidad de un centro de trabajo no extingue la relación laboral, de modo que el “nuevo empresario” asume las obligaciones del anterior.
El consistorio no está por la labor, según les ha trasladado en las dos reuniones mantenidas hasta ahora. Argumenta que no se trata de una sustitución en la empresa que gestiona el servicio sino de una reversión a público. “Quiere desentenderse de ellos, pero el espacio sigue existiendo”, subraya Montenegro, quien cree que los tribunales les darían la razón siguiendo la línea de la jurisprudencia europea reciente.
La concesionaria (Gestión Cultural y Comunicación, S.L.) ha entregado a cada uno una “carta de subrogación” en la que señala que el día 18 los dará de baja, y que debería producirse un “claro proceso de subrogación de la plantilla por sucesión empresarial” que no afecte los derechos de los trabajadores.
El consistorio, que no ha atendido a las preguntas de este medio, también ha anunciado a Gestión Cultural su intención de iniciar unas obras que durarían al menos 15 meses. Otras fuentes rebajan la duración a dos meses. El edificio, que lleva dos décadas siendo museo, es el antiguo Mercado de Mayoristas, declarado Bien de Interés Cultural, algo que conlleva una tutela de la Junta de Andalucía que podría retrasar cualquier trámite.
Esta incertidumbre ha llevado a Con Málaga a reclamar transparencia. “El posible cierre del CAC Málaga sería un golpe devastador para la cultura local”, señala Nicolás Sguiglia, concejal de la coalición de izquierda. También han recibido el apoyo de trabajadores de otras instituciones culturales como el Museo Picasso, cuyo comité de empresa ha calificado de “lamentable” que el alcalde “no valore a los trabajadores del sector” que “han contribuido con su excelente trabajo y de manera significativa al desarrollo cultural de nuestra ciudad”.
En estas dos décadas, el Centro ha recibido más de siete millones de visitantes y ha logrado situarse en el estrecho mapa del arte contemporáneo español a base de muestras de punteros artistas de las vanguardias, capaces de asegurar por sí solos repercusión mediática. Ocurrió sobre todo en sus años centrales.
Aquí se vieron largas colas cuando, en 2014, Marina Abramovic acudió a presentar una antología que incluía una instalación interactiva para experimentar un “cambio de consciencia”. También acogió la exposición Circle of animals, de Ai Weiwei, inédita en España, o My red homeland, de Anish Kapoor, además de programar potentes muestras de artistas visuales más desenfadados, como Mark Ryden, Julian Opie o Alex Katz.
El CAC alimentó también una jugosa simbiosis con artistas vinculados al arte urbano, como Obey, D’Face o Invader. Este fue, precisamente, el motivo de una de las muchas polémicas en las que se vio envuelto su principal impulsor, Fernando Francés. El gestor cultural, de origen cántabro, fue juzgado por los daños producidos por los mosaicos adhesivos del artista francés Invader en las fachadas de varios edificios del Centro Histórico, entre otros el Palacio Episcopal, sobre la que colocó una bailaora de ocho bits. Siempre alegó que él no sabía lo que iba a hacer Invader, aunque fue el Centro quien lo invitó a Málaga. Fue absuelto de un delito contra el patrimonio en primera instancia, pero el fiscal recurrió. El fallo definitivo se espera para este mes.
Francés representaba en exclusiva a algunos de los artistas que luego traía al CAC, pagado con fondos públicos municipales Algunos participaron en una intervención que sirvió para ilustrar fachadas de la zona en un momento de profunda transformación del barrio.
El antiguo Ensanche (prolongación natural del Centro) se peatonalizó y pasó a denominarse Soho, completando un movimiento que disparó los precios. Los murales de Obey, D’Face, Boamistura o ROA fueron la estampa visual del cambio a lo que se llamó “Barrio de las Artes”, pese a la ausencia de iniciativas locales en el proceso. Aquella intervención (MAUS: Málaga Arte Urbano Soho) se acompañó durante dos años de un festival musical producido por la pareja de Francés. Todo se pagó con fondos europeos.
En declaraciones a este medio, Francés defiende su gestión resaltando la calidad de la programación y su carácter genuinamente municipal, en contraste con franquicias como las del Pompidou o la Colección del Museo Ruso. “Supongo que el CAC seguirá siendo museo. Quitar el único reconocido por la Junta sería matar la gallina de los huevos de oro”.
Con el tiempo, el runrún por su doble juego (interés particular en algunos artistas y gestor de un centro pagado con fondos públicos) fue creciendo. En 2018, el grupo municipal Málaga Ahora presentó un informe que concluía que Francés había “beneficiado sistemáticamente” a proveedores, galerías y artistas de su entorno personal o incluso a empresas de su propiedad, y exponía la laxitud en la justificación de los compromisos que adquirió con la concesión.
Logró la última renovación en 2019, a pesar de que su empresa presentó el segundo peor proyecto de todos los que estaban en liza, como contó este medio. Perdió el mejor (51,50 puntos) porque no había ofertado a la baja y era once euros más caro que el de Francés (39,40 puntos). Once euros inclinaron la balanza de un contrato que ha costado 16 millones (prórroga anual incluida) a favor de un proyecto mucho peor valorado. La actual concejala de Cultura, Mariana Pineda, representaba entonces a otra de las empresas licitantes, según consta en las actas. Hubo recursos, que no llegaron a ningún sitio, y el ayuntamiento cerró filas con Francés.
Este, bien relacionado con Elías Bendodo y su entorno, ya había sido llamado al primer Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, quien lo nombró Secretario General de Innovación Cultural y Museos. Entró con ímpetu renovador, anunciando que trasladaría su modelo a la gestión cultural autonómica, a la que veía anquilosada. Duró poco: tras seis meses en los que cesó a algunos adversarios declarados, como Rafael Doctor (exdirector del Centro Andaluz de la Fotografía), acabó saliendo poco después de ser acusado de un delito leve de lesiones del que fue finalmente absuelto.
En esos meses también se constató que no se había desprendido del todo de sus intereses en el sector, a pesar del conflicto de intereses con su cargo. Por el contrario, había tejido un entramado mercantil con compras condicionadas para mantener una participación teóricamente menor en el CAC. Ni la consejera Patricia del Pozo estaba enterada. Tras dimitir, dijo que se iba “quemado” de la Junta de Andalucía.
No le costó regresar: su nombre es uno de los cuatro autorizados desde 2019 por la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía a fichar por el sector privado antes del plazo previsto por la ley de incompatibilidades, cuyas exposiciones ha comisariado y presentado hasta el ultimo día.
En su la presentación de la última exposición, en junio, se despidió atizando: “Las polémicas son cosas de los partidos radicales de izquierda”, dijo, según recogió Sur. Poco antes había vendido su edificio de apartamentos turísticos en calle Álamos, incluidas las obras de arte que contenía. “Hay etapas que se cierran y la mía en Málaga está terminada”, confirma. Nadie sabe lo que pasará con el CAC, su gran obra. Deja una colección permanente sin uso previsto y unos trabajadores a los que nadie garantiza destino laboral.
