Frente a la propagada rusa, más que censurar, limitar o castigar, lo que pueden hacer las autoridades públicas es apoyar la independencia y transparencia de la información, sobre todo la que está en su mano, como la de los medios públicos
EEUU toma medidas legales contra los intentos de Rusia de influir en las elecciones presidenciales a favor de Trump
Hace una década, en el escenario de la Universidad de Texas en Austin del encuentro anual de periodismo digital, un productor de Vice Media, entonces el medio que desafiaba a los tradicionales con sus coberturas más agresivas y dirigidas al público más joven, nos enseñaba cómo usaba drones, gafas de Google y herramientas de retransmisión en directo para contar las protestas de Occupy Wall Street. Se llamaba Tim Pool y se presentaba como “el tío de los artilugios” que nos explicaba a los reporteros de medios más clásicos las bondades de la tecnología.
Ahora Tim Pool es uno de los “creadores de contenido” o influencers -no sé qué palabro es peor- que emite sus comentarios en una plataforma llamada Tenet Media, con sede en Tennessee y que, según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha recibido casi 10 millones de dólares del Estado ruso. Desde hace años, Pool está centrado en hacer campaña a favor de Donald Trump y ha difundido mentiras sobre víctimas de tiroteos, refugiados y las elecciones de Estados Unidos de 2020. Pool dice ahora que es “una víctima” y no se había enterado de que el Kremlin estaba poniendo dinero para ayudarle a difundir sus mensajes a favor de su argumentario habitual y de su candidato favorito para las presidenciales del 5 de noviembre.
Estas últimas revelaciones sobre la propaganda rusa a favor de Trump son una pieza más en el escurridizo debate de hasta qué punto las redes sociales son responsables del deterioro del debate público y el auge del autoritarismo y la intolerancia. La inundación de falsedades en redes sobre Kamala Harris de las últimas semanas y el ejército de cuentas sin nombre dispuestas a esparcir bulos y odio a izquierda y derecha están a la vista de cualquiera. En el caso de X, siempre minoritario pero presente en el debate público por su uso desproporcionado entre políticos y periodistas, el propietario difunde personalmente a diario falsedades e insultos contra Harris y a favor de Trump.
No hay consenso académico sobre el peso exacto que tienen las mentiras y la propaganda en redes a la hora de que alguien decida su voto. Pero, al menos en el caso de Estados Unidos, por el sistema electoral que sobrerrepresenta a unos pocos estados, basta con influir en unas pocas personas para que voten o se queden en casa. Unas decenas de miles de votos en Pensilvania pueden decidir el 5 de noviembre quién está al frente del país más poderoso del mundo.
La solución legal no es sencilla ni cuando los gobiernos se ponen a pedirle cuentas por el contenido más dañino a las plataformas, como hemos visto en la UE, el Reino Unido o Brasil. Los influencers pagados por Putin son la punta del iceberg de múltiples actores que intoxican el debate público, y sancionarlos o cortarles el grifo de la financiación puede notarse poco.
La información, como sucede a menudo, lo más neutra y más completa posible sobre la existencia de campañas orquestadas con simpatizantes pagados y tontos útiles a favor de Estados maliciosos es un arma para los ciudadanos y usuarios de redes.
Frente a la propagada rusa, o de otro tipo, más que censurar, limitar o castigar, lo que pueden hacer las autoridades públicas es apoyar la independencia y transparencia de la información, sobre todo la que está en su mano, como la de los medios públicos. Eso requiere soltar poder, algo que ya hemos visto no apetece mucho a los políticos en España. Tal vez mirando al panorama internacional más allá de las batallas locales se entienda mejor lo que está en juego.
