Los auditores de la UE alertan de que los retrasos en la aplicación del mecanismo de recuperación ponen en riesgo la absorción de los fondos y la finalización de las medidas en agosto de 2026
Bruselas plantea flexibilizar las condiciones de los planes de recuperación porque sólo se ha gastado el 35%
La UE corre el riesgo de no llegar a tiempo para invertir los 723.800 millones de euros que Bruselas puso a disposición de los estados miembros en plena pandemia para salir de la crisis que dejaba el coronavirus y que se han convertido en una suerte de salvavidas en un entorno económico y comercial cada vez más hostil en el que Europa, como potencia, se está quedando atrás. El Tribunal de Cuentas europeo alerta de que los retrasos que en el ecuador de la aplicación se han ido acumulando amenazan que los fondos europeos puedan ejecutarse en el plazo marcado, que concluye el 31 de agosto de 2026.
“Consideramos que existen riesgos en relación con la absorción oportuna y la finalización de las medidas en la segunda mitad del período de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)”, sentencian los auditores de la UE en un informe publicado este lunes.
En su análisis recogen que, a finales de 2023, la Comisión Europea había desembolsado el 37% de la asignación total del plan (213.000 millones de euros) y sólo correspondía al cumplimiento del 19% de los hitos y objetivos establecidos. Una de las preocupaciones es que eso supone dificultades para que el dinero llegue a los receptores finales y a la economía real.
El informe se elaboró con la información disponible a finales de 2023, por lo que no figuran algunos desembolsos como por ejemplo el cuarto pago recibido por España a finales de julio, que se retrasó varios meses respecto al plan inicial por el fracaso en la aprobación del subsidio de desempleo. Fuentes de la institución señalan que hasta junio de 2024 se han incrementado las solicitudes de desembolsos, pero mantienen que persisten los riesgos de no llegar a tiempo.
En Bruselas son conscientes de las complicaciones que están teniendo los estados miembros a la hora de aplicar los planes de recuperación, que suponen una movilización masiva de recursos. La Comisión Europea planteó una flexibilización de las condiciones, como la clarificación de los supuestos en los que un estado miembro puede modificar su plan de recuperación o la simplificación de los requisitos de información de los estados miembros.
Los retrasos en las solicitudes son una cuestión común a todos los estados miembros. Los motivos más comunes, según recoge el informe, son “los cambios en circunstancias externas (como la inflación o la escasez de suministro), la subestimación del tiempo necesario para aplicar las medidas, la incertidumbre sobre las normas específicas de aplicación del MRR y los desafíos relativos a la capacidad administrativa de los Estados miembros”.
“En España, el objetivo intermedio de renovar 231.000 viviendas residenciales al final de 2023 se retrasó debido a que la demanda de obra de renovación fue inferior a lo previsto a causa de la inflación y, en particular, del fuerte aumento en el precio de las materias primas. Por ello, en el proceso de modificación de su plan de recuperación y resiliencia, España propuso aplazar un año la fecha límite del objetivo intermedio y reducir también de 510.000 a 410.000 el número total de obras de renovación que debían completarse en el contexto de la medida”, pone como ejemplo el informe.
En todo caso, España no es ni mucho menos de los países peor parados de la auditoría. “Tras casi tres años de aplicación del MRR y casi la mitad de su período de ejecución, siete estados miembros no habían recibido financiación alguna para el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos”, señala el informe, que recuerda que Hungría y Países Bajos no habían siquiera firmado acuerdos operativos y, por lo tanto, no pudieron presentar solicitudes de pago ni recibir financiación del MRR; Suecia tampoco había solicitado ningún pago y cuatro países (Bélgica, Finlandia, Irlanda y Polonia) no habían recibido aún desembolsos porque estaban bajo evaluación en el momento de elaborar el informe.
El Tribunal de Cuentas de la UE advierte, además, de que la acumulación de retrasos, sumado al elevado porcentaje de reformas que algunos países han dejado para 2026, complica aún más cumplir con el plazo que culmina en agosto de ese año y que, en principio, Bruselas descarta ampliar. “Los Estados miembros tenían previsto completar los hitos y objetivos relacionados con el 39% de las inversiones y el 14% de las reformas previstas en 2026, durante los últimos ocho meses del período de ejecución del MRR”, señala el documento. Los porcentajes oscilan entre el 30% de España y el 70% de Polonia, que es el más elevado, seguido de Italia (62%).
“Las inversiones, en particular las destinadas a las infraestructuras, pueden ser bastante complejas y, en general, son más sensibles a los retrasos causados por circunstancias externas que escapan al control de los Estados miembros. Como consecuencia, es probable que el aplazamiento de las inversiones aumente aún más el riesgo de retrasos y de ralentización de la absorción. En su presentación de la evaluación intermedia, la Comisión reconoció que la segunda mitad de la ejecución del MRR será más difícil que la primera, ya que las inversiones alcanzan una fase crítica en su ejecución”, resume el informe.
