Ni los colegios de Trabajo Social de Las Palmas y Tenerife, ni los profesionales que trabajan en el área apoyan ese nuevo texto con el que el Gobierno canario quiere acelerar las ayudas a la Dependencia
La ayuda a la Dependencia llega solo a un 16% de la población canaria susceptible de necesitar este derecho
El nuevo decreto de Dependencia del Gobierno de Canarias no convence. Desde que la Consejería de Bienestar Social elaboró el primer borrador, cayó una lluvia de críticas por la que se vio obligada a recular y desistir en su empeño en que las solicitudes decayeran a los seis meses si la administración no contestaba a las personas solicitantes. Sin embargo, el texto, que se puede consultar en el portal de Transparencia, mantiene cuestiones que hacen saltar las alarmas de los colegios de Trabajo Social de las dos provincias y de los profesionales públicos que trabajan en el servicio. Una de las cuestiones que reprochan es que se elimine el informe social o que se abra la puerta a la “privatización” y al “intrusismo profesional”.
Yolanda Cívicos, trabajadora social y portavoz del Comité de empresa de Dependencia en Las Palmas, fue de las primeras en alertar de las carencias que presenta este decreto. A su juicio, “desde la Consejería se pretende (tras suprimir el triaje por la presión ejercida) eliminar el mayor número de prescripciones facultativas para optimizar al máximo los escasos recursos humanos existentes en la Consejería”. Sin embargo, entiende que “acortar los plazos administrativos de esta manera supondrá, entre otras cuestiones: falta de formación, doble procedimiento en el domicilio en el mismo tiempo, errores en las valoraciones que pueden dejar fuera del sistema al usuario al salir sin grado o con un grado inferior del que le corresponde y, por consiguiente, una propuesta PIA (Programa de Atención Individualizada) no acorde a las necesidades reales del solicitante”.
El Colegio de Trabajo Social de Tenerife lanzó una campaña recientemente en la que invitaba a pensar qué ocurriría si Educación informase de que en el próximo curso se va a contar con personas con graduado escolar y “vocación por la infancia” en lugar de profesores. Con ello hacen referencia a la “importancia de mantener claramente definidas las competencias y responsabilidades de los trabajadores sociales en el Decreto”. “La dilución o eliminación de estas menciones no solo abriría la puerta al intrusismo profesional, sino que también podría comprometer gravemente la calidad del servicio. El trabajo social es una disciplina que requiere de una formación específica y de una práctica basada en principios éticos y deontológicos que garantizan una atención respetuosa y adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad”, sostiene este colegio.
Cívicos ya había explicado que el texto abre la puerta a que profesionales ajenos a este servicio puedan realizar las valoraciones y los trámites que requieren de que a una persona se le conceda o no este derecho. Una de las novedades es que se creará una Comisión Técnica de Valoración de la Dependencia, un órgano de nueva creación y que estará formado por un equipo multidisciplinar. El Colegio de Trabajo Social de Tenerife reprocha que se desconoce qué profesionales lo integrarán y sus funciones.
Los profesionales advierten de que bajo el pretexto de la “simplificación administrativa”, el Gobierno de Canarias pretende realizar una “modificación completa” de toda la estructura, funcionamiento y criterios de la Dependencia en las Islas. Y un punto en el que hacen hincapié es que se “reducen significativamente las menciones asignadas a los y trabajadoras sociales”.
Uno de los puntos que ha generado mayor rechazo entre los expertos es precisamente que se elimine el informe social. Ahora, se sustituye por uno del entorno “que genera muchas dudas sobre el contenido y profesionales que lo realizarán”. Un informe, recuerda el Colegio de Santa Cruz de Tenerife, que implica un análisis, evaluación y valoración diagnóstica de la persona. “Si este se realiza por cualquier perfil profesional ¿cuáles son las garantías del procedimiento?”
Yolanda Cívicos incide en que ese informe es una herramienta “fundamental” con la que el trabajador social estudia y valora la situación de cada persona, familia o colectivo con el objetivo de determinar la actuación más idónea. “Podríamos decir que lo que pretenden con el nuevo decreto básicamente es eliminar el diagnóstico individualizado y con ello la posibilidad de dejar constancia de un situación social, laboral, familiar y económica concreta y muy particular (ya que las casuísticas son múltiples). Lo hacen además para poder justificar el no atender a situaciones individuales, sino que lo harán de manera similar para todo el mundo”, expone.
El nuevo texto recoge que “con carácter general la valoración se llevará a cabo en el entorno habitual del interesado por profesionales con perfil sociosanitario de la Administración de la Comunidad de Canarias o de cualquier otra entidad u organismo público que, en virtud de los mecanismos de colaboración y cooperación interadministrativa, pudieran tener atribuida tal función, pudiéndose determinar, cuando así se estime conveniente por el órgano competente, que la valoración se lleve a cabo en un lugar distinto del entorno habitual del interesado”. La portavoz del Comité de Empresa de Las Palmas considera que ese párrafo deja abierta la puerta a que personal que no es del servicio de Dependencia pueda realizar las valoraciones y los programas de atención individualizada. Se trata de una cuestión que cree que no aporta seguridad jurídica e igualdad, ni imparcialidad.
En ello coincide el Colegio de Trabajo Social de Tenerife, que incide en que uno de los puntos más controvertidos del nuevo decreto es la apertura a la externalización de servicios, lo que califica como “un claro riesgo de privatización del Sistema de la Dependencia”. Los profesionales alertan que la posibilidad de “delegar funciones clave en entidades privadas o en otros sistemas públicos podría deteriorar significativamente la calidad de las valoraciones y de las prestaciones ofrecidas a las personas dependientes”.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, por su parte, ha señalado que “ siente una gran preocupación e inquietud por el proceso y métodos que se están utilizando para la elaboración del proyecto de decreto que regulará el futuro procedimiento para reconocer las situaciones de dependencia”. Considera que el texto “deja aún muchas cuestiones que no pueden quedar para reglamentos o instrucciones internas posteriores, de cara a evitar interpretaciones, conflictos y problemas en la ejecución del procedimiento, tal como está sucediendo en la actualidad. Esto redundará de manera directa en la atención a las personas en situación de dependencia”.
Así mismo, este colegio remarca que la situación de las listas de espera en Canarias “es insostenible” (más de 6.000 personas siguen esperando por este derecho pese a tenerlo reconocido y solo un 16% de la población potencialmente dependiente recibe la ayuda). Por ello, cree que hay que buscar “fórmulas que posibiliten la agilización del procedimiento para acortar los plazos”. Sin embargo, el Colegio afirma que “esto nunca debe ser a costa de comprometer la calidad y la integridad, tanto del procedimiento de valoración como del reconocimiento de derechos a las personas en situación de dependencia. Lo contrario atenta directamente contra un pilar básico de la administración pública, que es establecer procedimientos garantistas para el acceso de la población a las prestaciones y servicios a los que tiene derecho. Ni todo vale, ni los fines pueden justificar los medios para acortar plazos y agilizar procedimientos”.
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias explicó hace unas semanas que esta nueva normativa que regulará el sistema de la dependencia en Canarias “contará con el 80% de las aportaciones realizadas por colectivos, administraciones y entidades en el periodo de información pública y permitirá acortar el tiempo que tarda un ciudadano en recibir las ayudas asociadas a la Ley de la Dependencia”. Una cifra que no comparte el colegio de Las Palmas, que sostiene que sólo se han tenido en cuenta un 46,38 % de las alegaciones presentadas por entidades y particulares, un 48,19% no se han tenido en cuenta y un 5,42% se atendieron de forma parcial.
El pasado 14 de agosto, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, presentó al Consejo General de Servicios Sociales este texto y defendió que la idea es pasar de un sistema bifásico a uno monofásico, y que el decreto “agilizará y reducirá los tiempos de tramitación a seis meses, tal como contempla la ley estatal”.
Los colegios profesionales de las dos provincias solicitan la convocatoria de mesas de diálogo para abordar este decreto con la Consejería de Bienestar Social. “La necesidad de estas mesas de trabajo radica en asegurar que el Decreto no sea el resultado de una visión meramente administrativa, sino que incorpore el conocimiento experto y las experiencias vividas por aquellos directamente afectados”, inciden desde el Colegio de Santa Cruz de Tenerife.
