Lo que se está demostrando es que el accionariado únicamente está pensando en maximizar el valor de las acciones, y por tanto, es una estrategia meramente financiera, muy alejada del objeto de la compañía, que es dotar de tecnología punta a un sector como el de transporte, que aporta al PIB un 2,9%
El culebrón de la OPA del grupo húngaro Ganz-Ma VAg sobre la española Talgo parece que toca a su fin, tras el veto del Gobierno español y el aval de Bruselas a dicha decisión.
La excepcionalidad en este caso supone romper el Mercado Único y la libre circulación de capitales dentro de la UE, con el argumento de que la seguridad de un Estado puede verse alterada por la toma de control de una empresa catalogada como estratégica.
El problema que ha surgido nace de una contradicción en el sistema capitalista que bendice la plena libertad de circulación de capitales, salvo cuando pueden estar en juego, supuestamente, la seguridad nacional o el suministro de servicios esenciales, como puede ser la luz, gas, petróleo u otros similares. En el caso que nos ocupa, el argumento es que la tecnología de Talgo podría ser transferida a los rusos, enemigos ahora de la UE tras el inicio de la guerra en Ucrania, aunque hay muchos países que siguen realizando negocios con Rusia, a través de terceros.
Esta contradicción, capitalismo de conveniencia se puede llamar, huye del núcleo del problema básico que no es otro que la industria nacional propia es una garantía, no tanto de seguridad o de suministro, sino de ventaja competitiva y de progreso económico mucho más sano que, como España ahora, depender del ciclo de negocio del turismo y la hostelería.
Lo que se está demostrando en el caso de Talgo es que el accionariado únicamente está pensando en maximizar el valor de las acciones, y por tanto, es una estrategia meramente financiera, muy alejada del objeto de la compañía que es dotar de tecnología punta a un sector como el de transporte que aporta al PIB un 2,9%. Este hecho, que no se está considerando en ninguno de los análisis, tiene en jaque al propio ejecutivo y a la Comisión Europea, en una película de espionaje y contraespionaje, pero cuyo impacto económico es infinitamente superior al supuesto problema de seguridad esgrimido por el gobierno español.
España, que podría ser una potencia industrial en muchos campos, y el ferroviario es uno de ellos, ha dejado poco a poco escapar el valor añadido de gran parte de la industria, cuyos centros de decisión se han situado fuera de España, lo que convierte a nuestro país en meros ensambladores, como ocurre, por ejemplo, con el automóvil. La entrada en la UE, el Mercado Común de entonces, ha supuesto la pérdida de gran parte del aparato industrial, y eso explica el bajo nivel de investigación y desarrollo que se produce en España, lo que repercute en la productividad de los factores, especialmente del capital, como ha demostrado recientemente el IVIE y BBVA.
El abandono de la industria, bajo el paradigma de que el Estado no debe ser productor de nada, dejando su papel a la prestación de servicios básicos como educación, sanidad y servicios sociales, ha empobrecido a España frente a los países de nuestro entorno que, en algunos casos como Francia, sí mantienen ciertos sectores en manos públicas. En el caso de Talgo, uno de los grandes problemas que tiene es que carece de un socio estratégico que aporte capital y, sobre todo, músculo financiero para acometer el volumen de inversión necesario para cumplir con diligencia y solvencia, la cartera de pedidos que tiene por todo el mundo. La tecnología del doble ancho es un bien muy apreciado por gran parte de los países donde Talgo atesora clientes, y será una de las variantes que se implementen en aquellos Estados que sean frontera con diferentes anchos de vía.
Por todo ello, y dado el valor bursátil de esta compañía, 620 mill€, merecería la pena estudiar que el Estado entrase definitivamente en Talgo y asumiese el coste de expansión y generación de valor de una empresa puntera, lo que redundaría en una abaratamiento de costes en el suministro a Renfe y con ello, cerrase la posibilidad de perder, una vez más, la carrera tecnológica y el futuro de una industria que permite equilibrar el excesivo peso de los servicios de bajo nivel añadido.
La nacionalización de la industria, en sectores básicos, es una tendencia que la UE debería permitir, despojándose de clichés ideológicos absurdos que ha dejado a gran parte de los Estados más débiles, al albur de los fondos de inversión especulativos. La financiaciarización de la economía ha destruido gran parte de los empleos más productivos que otrora teníamos en España y nos ha empujado a la despoblación autóctona de las grandes ciudades.la gentrificación y el abuso de posiciones de dominio en grande sectores básicos para la ciudadanía, como la alimentación, vivienda y poco a poco, la sanidad, educación, transportes y servicios sociales. Esto ha sido posible gracias a la nefasta regulación de la UE que, empujada por los grandes lobbys, ha pretendido que toda la actividad económica esencial europea se gestione en el casino bursátil y cuyo único objetivo sea maximizar el valor del accionista, lanzando a una gran parte de la población al desempleo o subempleo.
En conclusión, por la dimensión económica de Talgo y por su importancia estratégica, España debería entrar en el accionariado, como socio mayoritario, estratégico y financiero para que el transporte ferroviario, y la industria auxiliar, alcancen la seguridad y solvencia que necesita nuestro país. Solo es una cuestión de voluntad política y trabajo fino en Bruselas.
