"Los vecinos tienen plomo y cadmio en sangre", lamentan desde la Asociación de Vecinos del Sector Estación, quienes llevan más de una década protestando en favor del sellado de las balsas
“Respiramos veneno y les da igual”: Denuncian décadas de “inacción” política en los suelos contaminados de Cartagena
Vuelve a anunciarse el fin de la balsa de residuos contaminantes Zinsa, en la ciudad murciana de Cartagena. Esta vez, el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, Ignacio Munítiz, ha ordenado que se proceda al “sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos”, tras la petición por parte de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que representa el abogado José Manuel Muñoz.
A este auto le precede una petición del Gobierno Regional hace cinco años, y más de 16 del cierre de la factoría y del incumplimiento de la clausura del vertedero exigida por la Comunidad en la declaración de impacto ambiental: “Los directores generares [de Planificación, Evaluación y Control Ambiental] llevan llevan engañándonos mucho tiempo, diciendo que si la situación no la resolvían las empresas lo haría la Comunidad”, lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, Pencho Sánchez.
El auto viene tras las mediciones el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que ha constatado que se produce de manera ininterrumpida un vertido de aguas contaminantes de Zinsa a la Rambla del Hondón y, de ahí, al mar Mediterráneo. Se trata de una estimación de 200.000 kilos de cadmio, 900.000 kilos de zinc y 1.500 kilos de cobre, sustancias muy peligrosas que acaban en el mar. Es por ello que en el informe que trasladan al juez la Guardia Civil solicitan el cierre inmediato de las balsas.
“Valoramos la decisión del juez de forma positiva, es una pena que tengamos que ser los vecinos los que acudamos a la justicia, porque la Administración que tiene las competencias”, ha recordado Sánchez. Los vecinos llevan más de una década protestando en favor del sellado de las balsas.
Las últimas manifestaciones han tenido lugar este verano, donde los vecinos de Torreciega han alertado de las consecuencias que los residuos están teniendo en su salud: “Los vecinos de Torreciega tienen plomo en sangre y cadmio, entre vecinos de la zona de La Estación hay una gran cantidad de gente que se ha muerto por cáncer y otros que lo tienen”, enumera el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación.
Desde 2009 existe una resolución por parte de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Comunidad Autónoma de la Región (CARM) “sin que se tenga constancia de que dicho órgano haya exigido en el tracto histórico a alguno de sus propietarios su obligado cumplimiento”, recuerda el último informe pericial de la Guardia Civil.
Más tarde, en el 2019, la Comunidad murciana dio un plazo de 10 días para la reparación del vallado de los terrenos contaminados, para evitar eficazmente la entrada de cualquier persona ajena al área. En ese mismo plazo se debía hacer efectiva también la retirada de los residuos líquidos tóxicos y peligrosos almacenados en las balsas y depósitos existentes en los terrenos contaminados: “No entendemos por qué en 2009 y estando declarados los suelos como contaminados no se actuó. La ley dice que que una vez declarado esos suelos en tres años hay que descontaminarlos”.
También se le daba a la empresa propietaria de este terreno dos meses para presentar un proyecto técnico de descontaminación de los terrenos declarados contaminados. El proyecto debía reflejar las medidas necesarias para evitar los riesgos existentes en los terrenos, tanto para el medio ambiente como para las personas.
Mientras los vecinos afectados por la balsa Zinsa han conseguido su primera victoria jurídica, otros siguen esperando la actuación tanto de la administración como de las empresas propietarias de suelos contaminados con residuos mineros.
El pasado 20 de junio la Asociación de Vecinos del Sector Estación de la ciudad portuaria presentó una denuncia en la que se acusa a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de Cartagena de, presuntamente, ser “responsables directos, por inacción, de los riesgos para la salud de los vecinos derivados del retraso en la remediación del terreno de El Hondón” y de supeditar “la integridad física de las personas al aprovechamiento urbanístico futuro del suelo”. Desde 2001 llevan luchando por la descontaminación de los suelos altamente contaminados de este páramo, donde se encontraba la antigua fábrica de Potasas y Derivados.
En el caso de Peñarroya los terrenos, situados en el barrio de Santa Lucía, pertenecen a la Autoridad Portuaria, donde antiguamente había una fábrica de fundición de plomo: “En total 32 años lleva Peñarroya cerrada, han tenido tiempo de descontaminar”, observa Sánchez.
Con respecto a la balsa Jenny, se instaló un cinturón verde para evitar que los residuos de este depósito de contaminantes mineros al Mar Menor tras más de veinte años de lucha de los vecinos del Llano del Beal. Ahora, les preocupan que aunque las aguas no lleguen al mar, la erosión eólica de los contaminantes siga haciendo que su aire sea irrespirable: “En la marcha de Jenny hicieron el filtro verde este para evitar la acidez de las aguas y que se filtrara por por escorrentía. Pero lo que es la erosión eólica sigue sigue existiendo”, ha apuntado el presidente de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, Juan Ortuño.
Otra inquietud de los vecinos de la zona reside en el mantenimiento de este cinturón verde: “Todas esas obras necesitan un mantenimiento porque al final un filtro termina matándose. Desde que el juez ordenó la instalación de este sistema no se ha vuelto a ver movimiento ninguno por allí para comprobar si los filtros están bien o si aquello está siendo efectivo”, ha denunciado Ortuño.
