El Consejo de Ministros aprueba una partida de 867 millones de euros para que las Comunidades Autónomas ofrezcan programas de FP a trabajadores; el grueso de la inversión es para desempleados
El Gobierno aspira a convertir la FP y la Universidad en el eje de la formación continua de los trabajadores en 2050
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 867,28 millones de euros para formar trabajadores. La inversión, una de las primeras iniciativas del curso político, se realiza en el marco de la Formación Profesional y se repartirá entre las Comunidades Autónomas, que gestionarán esta formación.
Del total de estos fondos, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, 696,5 millones de euros estarán destinados a oferta formativa para trabajadores desempleados; 145,9 millones para formaciones de trabajadores ocupados; y otros 24,8 millones a programas específicos convocados por las comunidades, tanto para trabajadores ocupados como para desempleados.
Las Comunidades Autónomas que más fondos recibirán son Andalucía (137 millones de euros), Catalunya (128 millones de euros) y Madrid (110 millones de euros).
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recordado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en los dos últimos años los trabajadores que se forman en el ecosistema de la FP han pasado del 11% a superar el 20% y que la financiación de esta vía ha subido un 865% con el actual Gobierno.
La formación y cualificación de trabajadores a través de la FP, que con la nueva ley ha aunado sus dos ramas –la formativa para estudiantes y la de trabajadores– bajo el paraguas del Ministerio de Educación, es una de las grandes apuestas del Ejecutivo para reducir el desempleo, también el juvenil, y a la vez reconfigurar el mercado laboral español, en el que escasean los puestos medios.
Para ello, la nueva ley apuesta por las microformaciones, por flexibilizar los cursos para hacerlos más atractivos para los trabajadores (se pueden hacer módulos concretos en vez de una formación de un año o dos completa) y por la cualificación profesional de trabajadores que aunque dominen alguna profesión no tienen un título que respalde esos conocimientos.
