La industria audiovisual -con una unanimidad nunca vista- se suma al rechazo mostrado por el Colexio de Xornalistas, los partidos de la oposición, sindicatos o entidades culturales contra una reforma que aumentará el control político de los canales autonómicos mientras abre la puerta al castellano
La Xunta regulará por ley el retroceso democrático para elegir director de los medios públicos y los abrirá al castellano
“Éste es el agradecimiento y el reconocimiento público que hoy tributamos al actor Luis Tosar, a la productora Zaza Ceballos y a la Academia Galega do Audiovisual, que son claros exponentes de un sector -el audiovisual- absolutamente cada vez más estratégico para Galicia”. Un mes después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pronunciase estas palabras durante la entrega de las Medallas de Galicia, el máximo galardón que otorga la comunidad autónoma, ese sector se ha puesto en pie de guerra. La industria audiovisual -profesionales pero también empresas- se ha revuelto de forma unánime e inédita contra el anteproyecto de reforma de la ley de medios públicos gallegos, que consideran peligroso y un retroceso democrático. Tras el colegio de periodistas, los sindicatos o la oposición, la suya ha sido otra voz que se elevó con fuerza frente a un texto que el PP ha elaborado de forma unilateral y que ha restringido su período de alegaciones -o, más bien, “sugerencias”- a las tres primeras semanas de agosto, en pleno período vacacional.
El duro comunicado emitido por la Mesa do Audiovisual Galego, un órgano creado el pasado mes de noviembre e integrado por todas las organizaciones representativas del sector, no deja lugar a dudas sobre el “rechazo frontal” por parte del colectivo a varios aspectos del borrador. En concreto, destacan la desaparición de los órganos de “control y calidad” -el Estatuto Profesional y el Consello de Informativos, previstos en la ley actual pero nunca creados-, la eliminación del consenso parlamentario para elegir al máximo responsable de los medios públicos y la “apertura” a los contenidos en castellano.
Un vistazo a los componentes de la Mesa puede dar una idea del peso que posee su posicionamiento público. Además de la Academia -que, en su rol institucional, agrupa a más de 500 profesionales-, allí están la asociación de actores y actrices (AAAG), la de directores y realizadores (CREA) o la de guionistas (AGAG). Pero también PROXECTA, la coordinadora de festivales de cine, las productoras independientes reunidas en AGAPI y una con especial significado: CLAG, el Cluster Audiovisual Galego.
El Cluster está formado por medio centenar de empresas que se presentan como “las más punteras del panorama audiovisual gallego”. Y no exageran. Un vistazo a sus miembros nos permite encontrar nombres más que reconocibles, como Vaca Films, productora habitual de las películas de Luis Tosar -El desconocido, Celda 211- o de series como Clanes, uno de los contenidos más vistos en Netflix en todo el mundo en los últimos meses.
Junto a ella, productoras como Filmax (El maestro que prometió el mar o la saga Rec), Portocabo (Rapa, Hierro) o Zenit, la empresa de Zaza Ceballos, la otra premiada por las Medallas Galicia. Menos conocidas fuera de la comunidad pero no menos simbólicas son presencias como la de Voz Audiovisual, la compañía de La Voz de Galicia, el principal periódico de la comunidad y tradicional aliado mediático de la Xunta, tanto con Feijóo como con Rueda. Es un cliente habitual de la TVG, como también lo son Setemedia o Tex 45, responsables de numerosos espacios de la parrilla de la televisión pública.
CLAG integra además a las universidades y los centros de formación profesional; o al Centro de Iniciativas Empresariais MANS, perteneciente a la Fundación Paideia, presidida por Sandra Ortega, la mujer más rica de España, hija de los fundadores de Inditex. Para cerrar el círculo, la propia Corporación de Radio Televisión de Galicia es socia del cluster que respaldó el escrito contra los planes previstos para su futuro.
A todos estos puntales de la industria se refería Rueda cuando, en su discurso del 24 de julio -víspera del Día Nacional de Galicia- aseguró que “el audiovisual hoy en día constituye una fuente de riqueza, una fuente de empleo -de muchísimo empleo, y esto hay que repetirlo también muchas veces- y de canalización de la inmensa fuerza creativa que, afortunadamente, tienen los profesionales gallegos que se dedican a esta actividad”.
Cinco días después, el Consello de la Xunta aprobaba el anteproyecto de ley. Durante su redacción, según la Mesa, ninguna de las asociaciones representativas del sector fue “interpelada”, pese a que las palabras de Rueda seguían resonando: “Todas las administraciones, de todos los colores políticos, creo que tuvieron claro en la Xunta de Galicia que el audiovisual merecía ser atendido y valía la pena todo lo que se apoyaba”. Un compromiso que le han dado ahora ocasión de cumplir, al reclamarle una reunión urgente para tratar el documento. Lo hicieron este miércoles, día 21 de agosto, la víspera de que se cerrase el plazo para la presentación de “sugerencias” a la ley.
El día después de la aprobación del anteproyecto en el Consello de la Xunta, el Colexio Profesional de Xornalistas (CPXG) mostró su “oposición frontal” al texto. La organización colegial ya había enviado sus propuestas al gobierno gallego durante el período de consultas públicas abierto por la Secretaría Xeral de Medios en mayo. Es decir, en lugar de consultar a entidades profesionales o colectivos afectados, la administración se convirtió en receptora de iniciativas que, al menos en las que se refiere al Colexio, no tuvo en cuenta. Más bien al contrario.
Según el CPXG, el texto va en la dirección contraria a la recomendada por las organizaciones profesionales, y llega a citar como uno de los motivos de la reforma legislativa el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, una normativa comunitaria de obligado cumplimiento que, en realidad, alerta explícitamente contra aquellos “casos en los que las reformas legislativas en los Estados miembros aumentaron el control gubernamental de los medios de comunicación de servicio público”. Como esta ocasión.
La oposición fue todavía más rápida. Después de que elDiario.es adelantase el anteproyecto dos días antes de su aprobación, el BNG aseguraba que, si llega a aprobarse, será “un auténtico escándalo, un retroceso democrático”, según la diputada Olalla Rodil para quien la reforma está redactada “a la medida de los intereses del PP y con un único objetivo: hacerse con el control absoluto de la televisión y la radio públicas de Galicia”.
El PSOE, por su parte, reclamó sin éxito la comparecencia de Rueda en un pleno extraordinario del Parlamento gallego. La Cámara, sin embargo, continúa cerrada por vacaciones.
El hecho de que todo esto esté sucediendo en pleno verano -en el mes “inhábil por excelencia”, como la Mesa do Audiovisual definió a agosto en su comunicado- busca, para los trabajadores de los medios públicos, “que pase desapercibido y sin contestación”. El comité intercentros de la CRTVG ha anunciado que sus alegaciones serán las movilizaciones que convocará contra la ley y un proceso de tramitación que tacha de “burla descarada a la democracia”.
La plantilla de la radio y la televisión gallegas ha cumplido esta semana su venres negro número 327. Son ya más de seis años los que el colectivo Defende a Galega lleva reclamando el fin de la manipulación informativa y el cumplimiento de una ley que ahora será sustituida sin haber llegado a consumarse. Como era de esperar, su mensaje de este viernes estaba protagonizado por el cambio legislativo: “El anteproyecto de ley que acaba con la CRTVG y menosprecia el gallego blinda el papel de los medios públicos como gabinete de prensa del partido gobernante. Está en juego la calidad democrática en Galicia”.
Entre los últimos en sumarse hasta el momento está A Mesa pola Normalización Linguística, para quienes cualquier reforma legislativa “debe garantizar el respeto escrupuloso a la objetividad, la imparcialidad, la neutralidad, la veracidad y el pluralismo”. Frente a la “apertura” al castellano, la entidad remarca la necesidad de apostar por el gallego en un contexto en el que la oferta audiovisual en este idioma es “mínima”. La cifran en un 0,92% en los servicios a demanda y el 14% en la televisión convencional. En la programación infantil y juvenil, una de las franjas con mayor pérdida de hablantes, en el primer caso el porcentaje es del 1,1% mientras en convencional se desploma hasta el 2,44%.
