La Consejería publicó cómo se calificaría uno de los exámenes para la selección de docentes de inglés, pero luego modificó los baremos sin notificárselo a los aspirantes, que lo califican de "ilegal" y anuncian recursos
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La Comunidad de Madrid cambió a la mitad del proceso y sin notificárselo a los aspirantes los criterios de corrección de las oposiciones a maestro de inglés que realizó este verano. Lo que se dijo en la convocatoria que valdría cuatro puntos pasó a suponer tres, mientras otras partes de la prueba que repartían menos nota ganaron en importancia. Esta medida, denuncian algunos opositores y el sindicato CCOO, es irregular. “Como cambiar las reglas a mitad de partido”, sostiene Isabel Galvín, responsable de la federación de Educación de CCOO en Madrid.
Y con el agravante de que como en la región las rúbricas –las guías con los criterios específicos que deben emplear los correctores para buscar una cierta homogeneidad en la calificación– no son públicas, los maestros aspirantes se enteraron de casualidad porque se acabaron filtrando. Unas 3.000 personas se presentaron a un proceso que ha adjudicado 285 plazas.
En algunos tribunales la oposición se saldó con una escabechina. Es por ejemplo el caso del 49, en el que solo cuatro personas de 57 aprobaron esta parte del examen (la prueba específica del idioma). La mejor nota la obtuvo un nativo inglés, que sacó un 5,8 sobre 10 en un examen de conocimiento de su lengua materna. En total, solo cinco de esas 57 personas tienen más de un cinco de nota y por tanto han superado esa prueba.
Cuánto influyó el cambio de criterios en esta criba es difícil de cuantificar, pero los opositores explican que tuvo mucha relevancia porque este tipo de pruebas se hacen con una “táctica” –el término es de una afectada–, que se elabora a partir de lo que la administración dice que va a valer cada parte de la prueba. “No me daba tiempo a hacer [todo] el examen y opté por los ejercicios que otorgaban mayor puntuación”, explica esta aspirante. “pero luego no lo aplicaron así”.
Los opositores partían de unas instrucciones publicadas por la Comunidad de Madrid en la convocatoria de las oposiciones que aún hoy se pueden consultar. En ellas se especificaba cómo se iba a puntuar la corrección de la prueba de inglés: las preguntas de comprensión oral sobre la escucha de un fragmento valía 4 puntos; las de contextualización y uso de lengua extranjera sobre un texto escrito, 3 puntos; las cuestiones sobre fonología, morfosintaxis, semántica y/o pragmática a partir del mismo texto otorgarían hasta 2 puntos; la parte sobre metodología de la enseñanza de la lengua extranjera a partir del texto, el último punto hasta sumar la nota máxima posible de 10.
Pero las rúbricas que se entregaron a los tribunales cambiaban el reparto de puntos. La escucha del fragmento pasaba de 4 a 3 puntos, el uso de la lengua, de 3 a 2,3 puntos, la parte fonología y morfosintaxis pasó de 2 a 3,1 y la de metodología de 1 a 1,6 puntos.
“Pueden parecer unas pocas décimas de diferencia”, cuenta la opositora, “pero igual a mí eso me supone estar 200 o 300 puestos más abajo en la lista de interinos”. Esto es, acceder a una plaza 200 o 300 vacantes después, con todo lo que ello conlleva: más tiempo sin trabajar –y sin cobrar– y probablemente una peor plaza.
Galvín, de CCOO, explica que ese proceder “podría ser ilegal” y cuenta que desde el sindicato están asesorando a todos los aspirantes que quieran reclamar. Porque según los servicios jurídicos del sindicato esta situación no abre la puerta a impugnar la oposición en su conjunto; deben ser los afectados quienes lo hagan. En ese caso podría darse, si la Comunidad de Madrid atendiera esas reclamaciones, una nueva corrección de los exámenes ya realizados, esta vez con los antiguos criterios.
No es la situación ideal, admite Galvín. Reclamar por una oposición es un proceso que se va a cobrar un peaje en el aspirante, tanto económico como emocional, que le hará dudar de si hacerlo o no. Además, es un proceso lento que probablemente se resuelva demasiado tarde. “La administración abusa de la lentitud de la justicia”, asegura la sindicalista, “son procesos de años con mucho coste. Y llevar oposiciones a los tribunales es complicado, especialmente de educación. En general los jueces desconocen cómo es el sector y [para que te den la razón] tiene que ser algo muy claro y evidente, aunque es verdad que en este caso tenemos la prueba documental. Tendrá que probar la administración la documentación y explicar cómo se ha corregido el examen”, augura.
En cualquier caso, Galvín explica que el problema es “estructural en las oposiciones a docentes en Madrid. Hay una falta de transparencia absoluta: no se publican las rúbricas, los criterios de corrección. Todo debería ser público. En otras comunidades y otros cuerpos de la administración se conoce con claridad cuáles van a ser los criterios”, asegura.
CCOO explica que hay tres convocatorias de oposiciones distintas impugnadas este verano: las de inspección y dos para el cuerpo de profesores de FP, cada una por sus razones. También ha solicitado el sindicato que se retire la parte común de todas las oposiciones a maestro por “contener preguntas que exceden el temario establecido en el Decreto 61/2022, así como por la aplicación de criterios de corrección inadecuados y no publicados previamente”. Ahora se suman las de inglés.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ha contestado a las preguntas de este diario sobre si está investigando estas denuncias.
