La última gran adjudicación al Grupo Eulen la dejó lista la prima de Feijóo, Eloína Núñez, antes de ser cesada como responsable del área sanitaria de Santiago: un contrato para la seguridad de los hospitales y centros de atención primaria por valor de casi cuatro millones de euros
El PSOE anuncia medidas para investigar a la pareja de Ayuso y los contratos de la familia de Feijóo con la Xunta
“Si tu prima le adjudica cuatro millones en un contrato público a tu hermana, algo no funciona bien en esa administración pública”. La frase es de la portavoz socialista Esther Peña. La prima de la que habla es Eloína Núñez Masid, exgerente de los hospitales de Ourense y Santiago. La hermana, Micaela Núñez, directora de la Zona Noroeste del Grupo Eulen. Esa administración pública, la Xunta de Galicia, presidida entre 2009 y 2022 por Alberto Núñez Feijóo, primo de la primera y hermano de la segunda. El contrato -posterior a la marcha de Feijóo a Madrid-, es uno de los que los socialistas pretenden investigar “hasta las últimas consecuencias” a partir de septiembre. En los últimos 15 años, acuerdos como ése han supuesto para Eulen adjudicaciones por valor de 54 millones de euros, 37 durante el mandato del actual líder del PP.
El 2003 fue, laboralmente, un buen año en la casa familiar de los Feijóo. Alberto dejaba la presidencia de Correos para regresar a Galicia como conselleiro de Política Territorial del que sería el último ejecutivo de Manuel Fraga. Sustituía al eterno delfín, Xosé Cuíña, en un adelanto nada casual de lo que sucedería tres años después con la sucesión al frente del PP gallego. Pero no era el único que podía contar novedades. Micaela entraba a trabajar en Eulen, una gran empresa de servicios que hoy cuenta con más de 70.000 empleados en todo el mundo.
De aquella administración Fraga procede el primer contrato público que vinculaba a los dos hermanos: fue a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), por entonces dependiente de Política Territorial. A partir de 2009, tras el paréntesis provocado por los tres años y medio de gobierno bipartito, vendrían muchos más.
La llegada de Feijóo a la presidencia de la Xunta también supuso el lanzamiento de la carrera de su prima Eloína, hasta entonces, una simple concejala de la oposición en Ourense, la tercera urbe de Galicia. 40 días después de su toma de posesión, la nombraba gerenta del hospital de la ciudad. En 2017, y pese a las sombras en su gestión, la ascendía a máxima responsable del área sanitaria de Santiago de Compostela, donde volvería a encadenar polémicas de tal calibre que sólo su proximidad al presidente permitían explicar su continuidad.
Con Feijóo repitiendo mayoría absoluta tras mayoría absoluta, la progresión de Micaela también seguía viento en popa. De delegada de Eulen en Pontevedra y Vigo pasó a directora regional en Galicia. En 2016, después de haber cerrado el ejercicio anterior con una cifra récord en contratos con la Xunta, 6,2 millones de euros, fue nombrada directora de la Zona Noroeste.
En 2022, con el cadáver político de Pablo Casado aún caliente y los barones señalando a Feijóo como sucesor, el diario Público desveló que, durante su presidencia, Eulen había recibido contratos del Gobierno gallego por más de 37 millones de euros. Esos son los acuerdos sobre los que ahora el PSOE quiere una “investigación formal” que incluya también las ofertas alternativas. “Son muchos millones de euros circulando en la familia del señor Feijóo, millones de dinero público”.
“No es solo un caso claro de nepotismo, ya que el presidente actual de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha seguido ampliando los contratos a la empresa de la hermana de Feijóo hasta llegar a los 17 millones de euros en dos años”, añadía Peña. Es en este montante donde se incluyen los casi cuatro millones suscritos por Eloína Núñez en la recta final de su mandato al frente del CHUS, el hospital compostelano.
Como desveló también Público, el primero de los dos contratos, por valor de 3.899.058,43 euros, adjudicó a Eulen la seguridad de los hospitales y centros de atención primaria del área sanitaria dirigida por Núñez Masid: la de Santiago y O Barbanza; el segundo, de 32.866 euros, le encargaba dotar a esos centros de un sistema de videovigilancia para las unidades de hospitalización del servicio de psiquiatría.
El proceso de adjudicación del principal contrato se inició apenas unos días antes de que Rueda convocase las elecciones gallegas del 18F, en un momento en el que la prima del expresidente ya sabía que su tiempo se estaba acabando. Cuando los populares reeditaron la mayoría, comenzó la cuenta atrás para su cese. Su último escándalo, los retrasos en las revisiones a los pacientes oncológicos, se perfilaba como el definitivo. El nombramiento como conselleiro de Sanidade de Antonio Gómez Caamaño, jefe del servicio de Oncología Radioterápica del CHUS, con el que había mantenido grandes diferencias, lo confirmó. Un mes después de su toma de posesión, Caamaño sustituía a Núñez Masid al frente del área sanitaria. Durante ese tiempo, los trámites administrativos para la contratación del servicio de seguridad habían seguido su curso y ya tenían una resolución: se lo llevaría Eulen. A su sucesor sólo le quedó validar el veredicto final.
Desde que las cifras de los contratos de Eulen con la Xunta comenzaron a trascender, el PP ha impedido que se investigue. Un mes después de las primeras publicaciones, el 30 de marzo de 2022 -el día en que Feijóo renunciaba a la presidencia del PPdeG antes de asumir el liderazgo estatal del partido-, la mayoría absoluta de los populares en el Parlamento de Galicia evitó que el Consello de Contas revisase las contrataciones de la administración gallega con la empresa de Micaela Núñez. Es el mismo órgano que acaba de denunciar un sobrecoste de 470 millones en la construcción del hospital de Vigo y ante el que la Cámara gallega se acaba de declarar inauditable. El BNG, primera fuerza de la oposición, lo había solicitado tomando como base las informaciones periodísticas que apuntaban a una supuesta “connivencia” de Feijóo “con su propia familia”.
Este lunes, el PP gallego ha vuelto a considerar “infundadas” las acusaciones contra el expresidente de la Xunta. La diputada autonómica Cristina Sanz ha señalado que las mesas de contratación en Galicia “están formadas por empleados públicos cualificados”. “Todo es transparente”, añadió. “Estamos ante una cortina de humo, Sánchez está acorralado por la corrupción en su entorno más próximo y, en vez de dar una respuesta, guarda silencio”.
