Director de instituto 20 años y ahora diputado del PSOE en la Asamblea, Álvarez defiende que la Consejería de Educación del gobierno de Ayuso pague su responsabilidad en las obras hechas con fraccionamientos de contrato: "Son los que pagan, autorizan y están al tanto de todo"
Las claves del escándalo de FP que acecha al Gobierno de Ayuso: contratos fantasma, facturas troceadas y orden de guardar silencio
Esteban Álvarez ha dedicado toda su vida a la educación. Fue director del Instituto Sierra de Guadarrama (Soto Del Real) durante 20 años y durante cinco años fue el presidente de Adimad, la asociación de directores de institutos públicos que representa a 240 de los 360 cargos que hay en la Comunidad de Madrid. En 2023, Álvarez 'fichó' por el PSOE de Madrid, como número tres de la lista de Juan Lobato. El partido acaba de denunciar el escándalo de los centros educativos construidos sin sacar a concurso y con fraccionamiento de contratos, un caso que la propia Consejería también ha llevado a Fiscalía al ver indicios de delito, que encajaría como prevaricación.
De momento, hay al menos siete centros educativos en los que se hicieron obras eligiendo las empresas a dedo y troceando contratos y facturas para hacerlos pasar por contratos menores de 40.000 euros, que tienen muchos menos controles económicos. La Consejería, debido al importe millonario de las reformas, debió haber sacado a concurso público las obras, para que hubiera libre competencia y una mesa de contratación objetiva, algo que no hizo.
Usted ha sido director de instituto durante dos décadas, ¿cómo se hacen habitualmente las obras de mejora en un centro?
El procedimiento siempre es igual. El centro comunica la necesidad de una reforma. La Consejería de Educación lo valora y, si está de acuerdo, transfiere los fondos. Si la reforma es de mantenimiento y hay personal propio en el centro para hacerlo, no sucede nada más. Si requiere la contratación con empresa externa, o bien se encarga la Consejería de elegir la empresa o, si se trata de un contrato mayor de 40.000 euros, se saca a concurso desde Educación [como obliga la Ley de Contratos del Sector Público].
Entonces, si un instituto pide dinero para una obra de 1,2 millones –como en el caso de Alcalá– o de 2,5 millones –en el caso de Ciudad Escolar– ¿puede decir Educación que no lo sabía o le puede pasar inadvertido?
Si se piden esas cantidades, la Consejería lo sabe perfectamente y sabe que es un contrato mayor [requiere sacar a concurso la obra, cosa que no hizo]. Pero no solo eso, es que se tiene que reflejar ese dinero en una ampliación de presupuesto del centro, que aprueba el consejo escolar del instituto [formado por familias, alumnos y personal del centro] y también lo tiene que aprobar la Dirección de Área Territorial (DAT, que son las zonas educativas en las que se divide Madrid y que están comandadas cada una por un director o directora general). Todo eso se recoge en la cuenta de gastos y a final de año se vuelve a aprobar por la DAT.
¿Qué rastro deja ese dinero?
La DAT hace el ingreso en la cuenta del instituto con el concepto concreto por el cual lo hace. Por ejemplo, a Ciudad Escolar el dinero llegó por el concepto “Implantación de nuevas enseñanzas” [en realidad se construyó un hospital-escuela para prácticas de FP]. Toda anotación que se hace al respecto la ve la Consejería y tengamos en cuenta que todo el dinero que recibe un centro proviene de la Consejería, que decide si lo da y el concepto, y todo está informatizado y queda rastro. Los centros no hacen nada a iniciativa propia. Simplemente solicitan y comunican.
elDiario.es ha desvelado al menos siete casos en los que se construyeron centros sin sacar a concurso, troceando facturas y haciendo pasar las obras por contratos menores. En esas fechas, entre 2021 y 2023, era usted el presidente de Adimad: ¿Se sabía o sospechaba lo que estaba pasando?
Era algo muy comentado y era una práctica común hace años, aunque nadie sabía nada con certeza. Los directores no saben muchas veces ni cuál es la empresa que hace la obra, porque en general es Educación quien la elige o recomienda. Tampoco saben si se ha publicado o no un concurso, no es su responsabilidad. La única que lo sabía todo era la Consejería de Educación. Es la que tiene autoridad para ampliar aulas, construir y dar el visto bueno, la que está al tanto de todo. Si hubiera hecho lo que debía, licitar y sacar a concurso, el centro ni siquiera hubiera visto un euro. Se hubiera contratado y pagado todo desde la Consejería.
¿Cuáles eran las instrucciones para hacer pasar grandes obras por obras menores?
Según muchos directores, era Alfonso Mateos (exsubdirector de FP cesado tras desvelarse el primer escándalo, el de Ciudad Escolar) quien decía 'esto es para esto, para lo otro' y daba las indicaciones de cómo pagar… Según Fiscalía se han transferido muchos millones de euros en 20 meses desde la subdirección de FP a centros. Esa cantidad es tan grande que debe de haber recibido el visto bueno de los cargos de la Consejería.
A algunos directores y directoras les ingresaron dinero para que luego pagaran las obras de otros centros que no eran los suyos. Como director, si le piden esto, ¿no le parece sospechoso?
Claro, es raro. Quien lo haya hecho a sabiendas, tendrá que asumir las consecuencias, pero no puede ser que pague solo el director. Junto con él tienen que ir los responsables que han creado todo el sistema. El entonces consejero, Enrique Ossorio [hoy presidente de la Asamblea de Madrid], la entonces viceconsejera, Rocío Albert [actual consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Ayuso]... Parecen irregularidades administrativas, no hablamos de que se hayan llevado dinero según lo que conocemos, pero no pueden pagar los directores por órdenes que cumplieron.
¿Cuál es el ánimo entre los directores? Hay al menos dos que han sido señaladas por la Consejería y están siendo investigados...
Ahora mismo hay muchos directores muy preocupados porque han hecho obras y no saben si están bien o mal. No saben si les va a llamar la Fiscalía. Hay un enfado enorme y la sensación de que les quieren hacer responsables y no lo son, se sienten engañados, porque no sabían los procedimientos, acataban las órdenes. Son profesores y tienen un profundo malestar con la Consejería. Es una práctica que se ha hecho por años, y ahora ven que era ilegal y aún así les han dicho que lo hicieran. Quien tiene que asumir la responsabilidad es la propia Consejería. Un director no tiene capacidad para hacer obras de envergadura por su cuenta.
¿Usted hizo obras o le pidieron contratar así en su instituto?
Afortunadamente, no.
¿De dónde salieron tantos millones para reformas?
Todo esto de las obras se ha acelerado a partir de los fondos europeos, llegaron 20 millones para FP. El presupuesto de la Consejería para centros ha sido de 47 millones, y además había un plazo para gastar. Esto ha coincido con tres años sin presupuestos, entonces no puede haber inversiones concretas detalladas y se han ido haciendo modificaciones de presupuesto.
Si ha habido un mal uso de fondos europeos el problema sería aún mayor. Hace años pasó con los programas de cualificación profesional y Madrid fue obligada a reintegrar el dinero recibido.
El Grupo Socialista de Madrid ha presentado una denuncia a Fiscalía para que investigue el caso, que se uniría a la investigación iniciada por la propia Consejería en marzo. ¿Tienen alguna otra iniciativa para aclarar las contrataciones sin concurso?
Estudiamos diferentes iniciativas, porque no se puede ni se debe eludir la responsabilidad política de la Consejería. Con independencia de los avances que haga la Fiscalía, deberían darse explicaciones en la Asamblea, que rechazó en julio la comparecencia del actual consejero de Educación, y asegurar que algo como esto no vuelva a pasar.
