La asistencia jurídica de la Universidad de Cantabria fue adjudicada por 3.600 euros unos días después de que el propio Ejecutivo autonómico acordara llevar al Tribunal Constitucional la norma y encargara a la Dirección General de Servicio Jurídico preparar el recurso en tres meses tras la aprobación de la ley
Antecedentes - Cantabria también recurrirá la Ley de Amnistía para “defender la igualdad y frenar este abuso”
El Gobierno de Cantabria ha pagado 3.600 euros a la Universidad de Cantabria (UC) por un informe sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía que entonces se tramitaba en el Congreso de los Diputados y que recibió por esas fechas múltiples muestras de rechazo de estamentos como el de los juristas cántabros, así como el propio Ejecutivo autonómico presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP).
Según consta en el Portal de Transparencia, la Consejería de Presidencia licitó el 25 de marzo un contrato menor y en junio se lo adjudicó a la Universidad de Cantabria por dicha cantidad, teniendo la Administración autonómica servicios jurídicos propios. “El servicio de asistencia para el análisis de la constitucionalidad de la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” fue el encargo licitado por el Ejecutivo y del que la UC fue el único licitador. Tenía dos meses para elaborarlo.
El 30 de mayo, el mismo día en que se aprobaba la ley en las Cortes, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ya anunciaba en su cuenta de X que su Gobierno recurriría la norma, como así fue.
Cinco días antes de que se adjudicara el informe a la UC, el Consejo de Gobierno de Cantabria ya había aprobado recurrir al Constitucional, autorizando a la Dirección General de Servicio Jurídico a hacerlo en el plazo de tres meses desde su publicación en el BOE.
El mismo mes de junio, el día 25, el Parlamento de Cantabria acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía con los votos a favor del PP y Vox, el rechazo del PSOE y la abstención del PRC.
La iniciativa de presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional partió del PP. Su diputado y senador autonómico, Íñigo Fernández, defendió en la tribuna del pleno la necesidad de recurrir “una ley que discrimina a unos españoles frente a otros” vulnerando así, en sus propias palabras, “el principio de igualdad ante la ley”.
Durante su recorrido de casi seis meses en el Congreso el texto experimentó varias modificaciones. Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, la ley fue elevada a Pleno el 30 de enero, pero fue tumbada por el voto en contra de Junts.
El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y fue entonces cuando la ley se envió al Senado. El 25 de marzo es de cuando data el encargo a la UC del informe. En la Cámara Alta el PP hizo uso de su mayoría absoluta para llevar a cabo una modificación reglamentaria que le permitió 'retener' allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia. El segundo pase por el Congreso de la Ley ya recabó la mayoría absoluta para su aprobación el 30 de mayo.
