“Los responsables de tales empresas efectuaron dichos pagos para significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", explica la última sentencia del 'caso Taula'
La sentencia de 'Taula' acredita la caja B “clandestina” del PP de Rita Barberá: 1,6 millones de empresas contratistas
Varias empresas contratistas del Ayuntamiento de València, fundamentalmente constructoras e inmobiliarias, hincharon la caja B del PP de Rita Barberá que la formación usó para abonar sus gastos electorales. La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, detalla los pagos en B a la campaña de Barberá para las elecciones municipales de 2007, mayoritariamente a través de aportaciones de empresas privadas y, en menor medida, con fondos desviados de dos fundaciones municipales. No es la primera vez que afloran los financiadores valencianos del PP. Relevantes empresarios confesaron en el marco del 'caso Gürtel' que habían dado dinero en B a los populares: Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina Coepa), Enrique Gimeno (de Facsa) o los constructores Vicente Cotino y Enrique Ortiz, entre otros.
Para la campaña de las municipales de 2007, en las que la fallecida alcaldesa arrasó, el PP contrató al grupo Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez Tormo, a modo de empresa pantalla. El importe de la campaña “osciló alrededor de los 2.583.731,98 euros”, según la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València relativa a la pieza separada A del 'caso Taula'.
Quienes pagaron los gastos, al menos en parte, fueron constructoras, inmobiliarias o empresas de servicios embarcadas en aquella época en la burbuja inmobiliaria. Las aportaciones se abonaron “bajo la apariencia” de pagos a Laterne por prestaciones que esta empresa “no realizó”, explica la sentencia.
Los pagos en B no se hicieron, ni mucho menos, por amor al arte. “Los responsables de tales empresas efectuaron dichos pagos para significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal, como entidades dispuestas a apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando el Ayuntamiento de Valencia y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales”, indica la sentencia.
El fallo afirma que los pagos se hicieron “a petición de” Alfonso Grau, el antiguo 'número dos' de Rita Barberá condenado a cuatro años y medio de prisión y a una multa millonaria por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.
La caja B del PP de València se nutrió con, al menos, 210.000 euros provenientes de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), financiada básicamente por el consistorio y cuyo exgerente, José Salinas, ha sido condenado como cooperador necesario de un delito continuado de malversación a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación. También se usaron, al menos, 178.150 euros del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), también financiado mayoritariamente por el Ayuntamiento de València.
Sin embrago, la mayoría de los fondos de la caja B del PP de Rita Barberá provenían de empresas dedicadas a la construcción o a la prestación de servicios, muchas de ellas adjudicatarias de la corporación municipal. En una primera fase, cebaron la caja B con 1,6 millones de euros.
– Nou Litoral SL, sociedad de gestión de suelo del expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler (actualmente extinguida), encabezó la lista de generosas aportaciones en B: pagó 360.000 euros entre 2006 y 2007. Esta firma estuvo vinculada a operaciones bancarias que causaron un perjuicio al Banco de Valencia de 198 millones de euros.
– La Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), histórica contratista de servicios del Ayuntamiento de València, abonó 300.000 euros entre 2006 y 2007, un periodo en el que facturaba más de 30 millones de euros al año al consistorio.
– El antiguo grupo Secopsa pagó 225.000 euros entre 2006 y 2007, dos ejercicios en los que facturó entre 20 y 30 millones de euros anuales al Ayuntamiento de València.
– Lubasa, del empresario Luis Batalla, puso 200.000 euros en 2007.
– Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con una facturación al consistorio superior a los 30 millones anuales, aportó 200.000 euros entre 2006 y 2007.
– La UTE RULV, vinculada a Secopsa, Construcciones Nagares SL y a Servicios y Contratas Prieto SA, tras haber facturado nueve millones anuales, aportó 100.000 euros entre 2006 y 2007.
– Pavasal, que facturaba al Ayuntamiento entre ocho y 12 millones anuales, abonó 90.000 euros en 2007.
– El grupo Rover Alcisa pagó 60.000 euros en 2006.
– La inmobiliaria PKL Real Estate, domiciliada en Castelló, inyectó 30.000 euros en 2006.
– Ágora Patrimonial, vinculada al empresario Andrés Ballester, abonó 30.000 euros en 2007.
– Construcciones Luján, cuyo presidente, Javier Luján figura como investigado en el 'caso Azud', pagó 20.600 euros en 2007.
Sin embrago, tales cantidades no fueron suficientes. Alfonso Grau tuvo que movilizar de nuevo a los empresarios para asumir gastos. Como “medio de financiación” de la misma campaña electoral, varias empresas aportaron nuevos fondos para atender los gastos generados. En total, fueron 789.000 euros suplementarios.
Las mismas sociedades, y alguna nueva, asumieron una participación en Product Management Council SL, del entramado empresarial de Vicente Sáez: SAV, Secopsa, Pavasal y Lubasa pusieron 150.000 euros por cabeza. La promotora inmobiliaria Inmotec colocó 100.000 euros mientras que la constructora Edival asumió 54.800 euros y Ágora Patrimonial, 34.800. “Dichas cantidades”, afirma la sentencia, “fueron destinadas, finalmente, a atender gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de Valencia en 2007”.
Además, Alfonso Grau recaudó un total de 318.073 euros para pagar a proveedores por servicios prestados durante la campaña (entre ellos, la firma Orange Market, filial de la trama Gürtel en València). Grau “recaudó 350.000 euros y consiguió que el Grupo Secopsa entregara un cheque de 150.000 euros”, explica la sentencia. La mano derecha de Rita Barberá entregó los fondos a Jesús Gordillo, el asesor del PP que trabajó precisamente en Laterne.
El dinero recaudado procedía de Saprico, Edificaciones Prieto, SAV, Xilxes Golf Resort SL (encargada de un proyecto urbanístico en el que participaba el empresario José Luis Ulibarri) y las inmobiliarias Costa Malvarrosa SL, Prodese y Urbana Ducat SL (que ostentaba una participación minoritaria en la firma municipal Plan Cabanyal-Cnyamelar SA).
De nuevo, abunda la sentencia, los empresarios inyectaron fondos “por mediación” de Grau, “en razón” de la posición que ocupaba en el Ayuntamiento de València y “atendiendo a la capacidad que podía ejercer para tomar decisiones que pudieran beneficiar a tales empresas”.
Rita Barberá definió aquella campaña como “rigurosa, transparente, limpia y sin demagogia ni crítica fácil”. La candidata popular cosechó sus mejores resultados hasta entonces: obtuvo 235.158 votos, que se tradujeron en 21 concejales del PP.
