El documento sellado por ambos partidos prevé una Hacienda catalana que se haga cargo de todos los impuestos y la negociación de dos cupos que la Generalitat transferiría al Estado
Documento - Texto íntegro del preacuerdo entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa
El PSC y ERC han pactado una fórmula de financiación para Catalunya similar al concierto económico que actualmente rige en Euskadi y Navarra. Según el documento cerrado por los dos partidos, los socialistas se comprometen a convertir la Agencia Tributaria de Catalunya, creada en 2007, en una verdadera Hacienda catalana que se haga cargo del conjunto de los impuestos de los catalanes así como desplegar una financiación propia desde 2025.
Según ese acuerdo, sería la Generalitat la que, tras recaudar, haría dos aportaciones anuales al Estado, una para pagar los servicios de la administración central en Catalunya y otro en concepto de solidaridad con el resto de comunidades. Ambas cuantías deberían negociarse bilateralmente.
Además, el texto remitido indica que socialistas y republicanos pactan “el establecimiento de un nuevo modelo de financiación para la Generalitat de Catalunya basado en la negociación bilateral con el Estado”. Una nueva financiación propia basada en un principio: “Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya”, por un lado, y que la “aportación catalana a las finanzas del Estado” se limite a “la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Catalunya y la aportación a la solidaridad”.
La fórmula pactada es además curiosamente similar a la que incorporaba la primera versión del Estatut catalán en septiembre de 2005, tal y como salió del Parlament de Catalunya. Uno de los párrafos centrales del acuerdo es un copia y pega del artículo 205 de aquel Estatut, que después fue recortado en el Congreso y, finalmente, por el Tribunal Constitucional.
Implementar en 2024 un pacto de estas características supone una reforma integral del sistema de financiación autonómica que ha regido en España desde hace cuatro décadas. Y requiere de grandes modificaciones legislativas que el documento pactado contempla pero no detalla. La más evidente es la ley de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), reformada por última vez en 2009 y que, por tener rango de orgánica, necesita de una mayoría absoluta en el Congreso para ser modificada.
La mayoría que requiere el acuerdo alcanzado para la investidura de Salvador Illa está lejos de articularse en el Congreso, ya que varias formaciones como Compromís o la Chunta Aragonesista (ambos integrados en Sumar) se han desmarcado del concierto catalán si sus territorios no obtienen un estatus similar o, al menos, una compensación a los perjuicios para el conjunto del sistema que la salida de Catalunya pueda suponer.
Tampoco el Gobierno ha clarado si Catalunya sale del régimen común de financiación. “Saben que lo que tenemos sobre la mesa es un preacuerdo y van a permitirme que sea profundamente respetuosa con los procesos internos y los tiempos que se han dado los partidos para ratificar y validar este acuerdo”, se ha limitado a decir la ministra portavoz, Pilar Alegría.
En el acuerdo alcanzado, socialistas catalanes y republicanos ya reconocen que implementar un sistema de financiación de este tipo debe ser una tarea paulatina, que utilice como embrión la agencia tributaria existente pero que comience a desplegarse por fases. En un primer momento, indican, se iniciará con la recaudación del IRPF de 2025, es decir, en el año 2026. A partir de ahí, la asunción de los impuestos y la capacidad normativa será progresiva. Por ello, el acuerdo incluye también medidas de transitoriedad, que contemplan un incremento de recursos inmediato y mientras dure el periodo de despliegue de la hacienda catalana.
En materia lingüística, ambos partidos se han comprometido a crear una Conselleria para defender el uso del catalán, que tendrá un “plan de acción transversal” que se proyectará sobre el conjunto de departamentos del Govern y sus políticas.
El PSC se compromete también a aprobar, durante los 100 primeros días de mandato, el Pacto Nacional por la Lengua que propuso el actual Govern de ERC y dotarlo con 200 millones de euros para el primer año.
En la enseñanza pública, la determinación de la presencia del castellano deberá estar basada “exclusivamente” en criterios pedagógicos. En caso de que se ponga en riesgo la “prevalencia” del mencionado criterio pedagógico, el Govern promoverá “las reformas y acciones necesarias” para “defenderlo y garantizarlo”.
El PSC se ha comprometido también a mantener el Departamento de Políticas de Igualdad y Feminismos —una Conselleria creada por primera vez con la llegada de Pere Aragonès al Govern— así como el de Acción Exterior. También se acuerda “consolidar y ampliar” la red de Delegaciones de la Generalitat en el extranjero
Ambas formaciones han pactado “impulsar conjuntamente” la regulación de los alquileres de temporada y de uso turístico durante el primer año de la legislatura. A su vez, han acordado “poner en marcha un programa urgente de fomento de la vivienda protegida” y construir 50.000 pisos entre 2024 y 2030.
En educación, entre otras medidas, el PSC se compromete a implementar la gratuidad en la etapa I1 en las guarderías para el curso 2025-2026 y “dar continuidad” al “trabajo iniciado” para hacer “universal y gratuita” toda la educación entre cero y tres años. El pacto contempla que esta gratuidad se apruebe mediante una ley durante el primer año de la legislatura.
La ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, también ocupa diversos puntos del acuerdo. Ambos partidos admiten la necesidad de “modernizar” el aeropuerto para que pueda acoger más vuelos largos y gane “capacidad”, siempre y cuando no se supere el número actual de emisiones que genera el equipamiento.
Se acuerda dar continuidad a la actual comisión técnica entre Gobierno y Generalitat para definir el “nuevo modelo de gestión catalán aeroportuario” y que el Govern catalán sea un “actor determinante” en la toma de “decisiones estratégicas” relativas al aeropuerto de El Prat.
En este sentido, se acuerda la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Catalunya (CRAC) que permita al Ejecutivo catalán tener más peso en las mencionadas decisiones así como la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya para “vehicular” los “intereses de Catalunya” en esta materia y centralizar todas las competencias de la Generalitat en este sector.
ERC y PSC también se han comprometido a aprobar una batería de novedades legislativas. Algunas de ellas durante el primer año de la legislatura —pisos turísticos y de temporada, ley del tercer sector, ley de memoria democrática…— y otras durante el resto del mandato: ley para erradicar el amianto, para proteger los animales, de calidad atmosférica, de actividades generadoras de gases de efecto invernadero…
Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos anunciados, se creará una “comisión de seguimiento” integrada por tres representantes de cada partido que se reunirá cada semestre o cuando una de las partes lo solicite.
