El borrador del proyecto de ley para gobernar la radio y televisión públicas de Galicia deja en manos del PP la posibilidad de usar su mayoría absoluta para nombrar al director general sin consenso con el resto de formaciones políticas
Rueda asegura que la TVG trabaja “sin instrucciones” de su gobierno pese a las protestas profesionales por manipulación
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prepara el último golpe para ejercer su control sobre la radio y televisión públicas de Galicia, inmersas durante años en polémicas por las denuncias de manipulación y control sobre el ejercicio profesional de los trabajadores que trabajan en ambas empresas públicas. Rueda ha decidido dar el paso al que Feijóo nunca se atrevió y propondrá al Parlamento una reforma legal que le dota de poder absoluto para nombrar por mayoría simple al nuevo director general de la corporación.
El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, plantea cuestiones tan polémicas como la creación de un Consello Asesor de 15 miembros, todos ellos elegidos en organismos controlados por el Partido Popular. El nuevo texto convierte en papel mojado la Lei de Medios, que el PP aprobó en 2011 y que planteaba la creación de figuras como un Consello de Informativos y la redacción de un Estatuto Profesional. Todo eso queda en agua de borrajas y a cambio la nueva Xunta de Alfonso Rueda toma el control de los medios públicos sin complejos y con nulo interés en la consecución de consensos para impulsar los cambios de la mano de la oposición.
El primer gran cambio de la nueva ley es el que afecta a la elección del director general de la corporación. El texto plantea que la elección ha de adoptarse por tres quintos del Parlamento de Galicia y que, en segunda votación, bastará con tres quintos. Pero en una de dus disposiciones transitorias el PP se ha encargado de allanarse el camino: si no hay acuerdo, bastará con mayoría simple para buscar un nuevo capitán a los medios públicos de Galicia. Alfonso Rueda dispone de esa mayoría.
Atrás queda el tiempo en el que el PP sacaba pecho para defender al actual director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, y decir que su elección contó con la rúbrica a favor del Partido Socialista de la época. Ahora no necesitarán ningún acuerdo porque el borrador del proyecto de ley plantea que en caso de discrepancia quien manda es el Partido Popular.
La nueva regulación llega tras años de polémicas y denuncias por la manipulación y el control informativo que se ha convertido en la única moneda de cambio con el que se desempeñan los canales públicos en Galicia tras décadas de gobiernos de la derecha. Alberto Núñez Feijóo inventó un modelo que ahora Alfonso Rueda pretende mejorar a su favor.
Entre las principales novedades del anteproyecto, en formato borrador, redactado por el Gobierno gallego está la apertura de los canales públicos a la emisión de contenidos en castellano. El artículo siete del proyecto de ley asegura que los contenidos han de ser producidos en la lengua propia de Galicia, el gallego, pero abre una salvedad en los siguientes términos: “Sen prejuicio de la utilización de otras lenguas cuando así lo justifique el cumplimiento de la misión de servicio público con el fin de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la Comunidad Autónoma”. Dicho en otras palabras, la TVG pretende producir contenidos en castellano para buscar mayor viralidad en redes como Twitter o Tik Tok y mejorar sus, cada vez peores, datos de audiencia.
La nueva ley llega en un momento en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, planea el relevo de la actual dirección de la CRTVG. Se trata de archivar en la carpeta del pasado lo poco que Rueda conservaba de la época en la que Feijóo era el presidente y él quién le sostenía el portafolios por los pasillos de San Caetano.
La nueva normativa echa un jarro de agua frío sobre las pretensiones del colectivo “Defende a Galega”, que lleva años luchando por avances en la independencia de los medios públicos gallegos. Muy al contrario, Rueda emprende el camino opuesto: una radio y televisión públicas completamente controladas por cualquier partido que tenga mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia. Hoy por hoy ese partido en el Partido Popular.
