Las personas con incapacidad podrán decidir si siguen trabajando y, en ese caso, ser reubicados o indicar qué adaptaciones necesitan de su puesto
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“Eliminamos una discriminación histórica”. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto para la modificación del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que hasta ahora reconoce la incapacidad permanente, total o absoluta como causa para la extinción del contrato laboral. “Esto se acabó en España de manera definitiva”, ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Esta modificación se deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz del litigio de un trabajador, que señala que España vulnera la directiva sobre la igualdad de trato en el empleo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Hoy somos más Europa”, ha indicado Díaz, que ha insistido en que se corrige una “discriminación y vulneración de derechos”.
En concreto, con esta modificación, se elimina la extinción automática del contrato por situaciones de incapacidad. Cuando entre en vigor el cambio, que ha pasado por segunda vez este martes por el Consejo de Ministros, tras el periodo de consulta pública, será la propia persona trabajadora quien decida si deja de trabajar o si opta por solicitar una adaptación de su puesto de trabajo, que debe hacerse efectiva en el plazo de tres meses. Hasta ahora, según señalan desde Trabajo, era el empleador quién decidía pero, como ha explicado la ministra, se producirá un giro “singular”, al ser el afectado o la afectada quien “diseñe las necesidades que tiene”.
En caso de que esa adaptación o cambio de posición sea imposible o demasiado costosa, las empresas deberán “motivar adecuadamente esta imposibilidad”, ha explicado Díaz. Además, Trabajo ha avanzado “cambios dirigidos a la denominación de la invalidez”, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tendrá seis meses para diseñar y adaptar a la normativa.
Durante su intervención, Díaz ha celebrado también la consecución de un “gran acuerdo de país en materia de formación permanente en las empresas”. El pacto, alcanzado con las comunidades autónomas, supone la transferencia de más de 500 millones de euros para la mejora de las capacidades de personas que ya estén ocupadas pero que “quieren dar saltos cualitativos” en el mercado laboral, ha expresado la ministra. “Es clave para el cambio del modelo productivo en nuestro país”, ha reivindicado sobre una medida que tiene su raíz en la ley 30/2015, que buscaba favorecer el empleo estable y de calidad.
La vicepresidenta ha aprovechado su intervención, que coincide con el primer aniversario de las elecciones generales, para reivindicar la labor del Ejecutivo. Ha mencionado la subida del SMI, la modificación de los periodos de prueba, los 28 días de lactancia, el acuerdo para la protección de las personas LGTBI en el ámbito laboral, el subsidio por desempleo o los convenios internacionales sobre construcción y agricultura, depositados en la Organización Internacional del Trabajo. “Ha sido posible gracias a una ciudadanía que confió en el Gobierno para que sigamos avanzando en derechos”, ha dicho.
