El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García. La nueva directora del organismo será Cristina Hernández, según ha podido saber elDiario.es. El cese se produce después de las informaciones sobre dos contratos adjudicados por un ayuntamiento a las empresas de Isabel García cuando esta ya era alto cargo del ministerio. Sin embargo, la polémica comenzó desde su nombramiento por sus declaraciones sobre la ley y las personas trans y sus respuestas en redes a miembros de su propio partido. El socio de Gobierno del PSOE, Sumar, había pedido su cese en varias ocasiones y el malestar había crecido en algunos sectores dentro del propio Partido Socialista, del que procede García.
En su lugar, Igualdad opta por Cristina Hernández (Ciudad Rodrigo, 1979), una especialista en políticas públicas de igualdad y violencia de género y que lleva vinculada al PSOE desde joven. Hernández fue, además, becaria del propio Instituto, y trabajó en uno de los servicios emblema contra la violencia de género: el 016. En los últimos años ha trabajado en el equipo de Adriana Lastra primero, y en el de Andrea Fernandez y Félix Bolaños, después.
La elección de Ana Redondo al frente de Igualdad confirmaba la intención de darle un perfil bajo al Ministerio de Igualdad después de la salida de Irene Montero. Si embargo, la elección de Isabel García para dirigir el Instituto de las Mujeres causó malestar y revuelo desde el principio y ha sido la piedra en el zapato de la ministra durante los últimos meses.
La polémica comenzó cuando, nada más hacer público su nombramiento, activistas y partidos políticos recuperaron algunas de las declaraciones que García había hecho en los últimos años. La directora del Instituto de las Mujeres había hablado de “dictadura queer” o “delirio queer”, parafraseando el lenguaje de la extrema derecha, y había negado la existencia de las mujeres trans. Además del contenido, el tono hostil de sus tuits y las respuestas irrespetuosas a miembros de su propio partido con posiciones diferentes, hacían el resto.
Isabel García pidió entonces disculpas y mostró un apoyo firme a la ley trans. Sumar y Podemos mantuvieron su petición de cese, pero el malestar también se producía dentro del PSOE: un sector socialista no entendía este nombramiento después del esfuerzo por buscar consensos y pacificar al partido alrededor de la ley trans. La elección de García procedía, más bien, de un sector muy beligerante, no solo con la norma sino con la gestión de Irene Montero en general.
No obstante, la ministra Ana Redondo dio por válidas las disculpas de su alto cargo y defendió su continuidad como directora del Instituto al tiempo que aseguraba que el respaldo a la ley trans era una línea indiscutible de su ministerio.
La semana pasada el conflicto con Isabel García subía un escalón: el Español publicaba que las empresas que la directora del Instituto compartía con su pareja obtuvieron varios contratos públicos, dos de ellos cuando ya era alto cargo de Igualdad. Ana Redondo pidió “explicaciones” a García, que publicó un comunicado defendiéndose.
Sin embargo, sus explicaciones no fueron completas. El pasado jueves aseguraba que cuando fue nombrada para el cargo se puso en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses y siguió sus instrucciones para regularizar su participación en las empresas que compartía con su mujer conforme a su nueva responsabilidad política. La Oficina le comunicó que podía mantener hasta el 10% de la propiedad de las empresas que compartía con su mujer, y ella se quedó con el 8%.
La directora del Instituto obviaba que, más allá del porcentaje de la propiedad que tuviera a su nombre, según publicó El Español, una de sus empresas ganó dos concursos en el ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) entre marzo y mayo de este mismo año, cuando ella ya estaba en el cargo. En los dos casos se presentaron tres ofertas similares de tres empresas vinculadas a ella. Además, según el Registro Mercantil, no fue hasta marzo de este año cuando se produjo el traspaso de participaciones de las empresas a su pareja.
Cristina Hernández es licenciada en Sociología y especialista en políticas públicas de igualdad y violencia de género. Es, además, una persona de partido: Hernández lleva vinculada al PSOE desde joven. En 2003, con 24 años, fue candidata a la alcaldía de Ciudad Rodrigo y concejala del pueblo. Formó parte del equipo de Adriana Lastra cuando la asturiana fue vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso.
Más tarde, Hernández pasó a asesorar a Andrea Fernández, nombrada secretaria de Igualdad del PSOE en octubre de 2021. Fernández fue la elegida para el cargo después de la marcha de Carmen Calvo del Gobierno y de la ejecutiva del partido, en un momento en el que la polémica por la ley trans había dividido al PSOE. En los últimos meses, había pasado a trabajar con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La nueva directora del Instituto de las Mujeres fue, además, becaria del propio organismo. Más tarde trabajó como responsable de Formación del servicio 016 y como asesora en ONG y entidades públicas. Ha sido profesora asociada de la Universidad de Salamanca, donde impartió las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales.
