Da igual el tiempo y el lugar. Casos como el de Dreyfus ha habido y habrá a lo largo de la historia. Cambian los nombres de los protagonistas, las circunstancias, los matices, pero siempre hay alguien dispuesto a condenar sin pruebas. O con denuncias falsas. O con acusaciones débiles. Unos lo hacen por ideología. Otros por resentimiento. Y otros sencillamente por la necesidad de reivindicarse a sí mismos.
La justicia española, como cualquier justicia del mundo, no está libre de mancha. Igual que hay políticos corruptos, abogados corruptos, arquitectos corruptos, empresarios corruptos o periodistas corruptos, hay jueces cuyas motivaciones no son jurídicas. Algunos han sido incluso condenados e inhabilitados por ello. El caso es que cuando la corrupción afecta al estamento judicial, los efectos son demoledores en una democracia. Da pavor pensar en un país en el que un magistrado pueda convertir una investigación, además de en un espectáculo político, en una causa con grandes dosis de parcialidad, venganza y suciedad. Haberlos, haylos. Y aunque sean pocos, el descrédito es para todos. También para los que callan ante según qué tropelías por un falso corporativismo o para no ser señalados.
Si Zola viviera y fijase su mirada sobre España, igual escribiría otra vez el célebre Yo acuso, un alegato contra la injusticia en el que denunció una trama de imposturas, manipulaciones y mentiras nutridas de un tosco patriotismo para condenar al capitán Alfred Dreyfus a la reclusión perpetua. Hoy el objetivo es Pedro Sánchez –no es Begoña Gómez– y el protagonista, el juez Peinado. Con él, la indefensión, el cuestionamiento del Estado de Derecho, los excesos del poder judicial, el papel de los medios de comunicación y la deformada opinión pública que mayoritariamente se informa a través de las pestilentes redes sociales .Todo suma y todo nos convierte en un país que empieza a dar miedo.
El magistrado que investiga el caso, tras la denuncia de una asociación ultraderechista construida con recortes de prensa –algunos manifiestamente falsos–, ha dado este lunes un salto de gigante en la instrucción al citar como testigo al presidente del Gobierno, después de que su esposa se acogiese a su derecho de no declarar el viernes anterior. Peinado ha dictado una resolución para tomar declaración a Pedro Sánchez el próximo 30 de julio en el palacio de La Moncloa. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 416, prevé que los maridos, así como otros familiares directos de los investigados, “están dispensados de la obligación de declarar” contra sus esposas para garantizar los derechos de la defensa.
Igualmente, la legislación establece que los miembros del Gobierno pueden declarar por escrito como testigos en las instrucciones judiciales cuando estas tengan que ver con hechos que hayan “conocido por razón de su cargo”. Pero el magistrado Peinado, que afirmó en una resolución anterior que indagaba “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por Gómez desde que su esposa es presidente del Gobierno de España”, se aferra al precepto de la norma que le permite interrogar a un componente del Ejecutivo en persona y en su despacho cuando se trate de “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo”.
Tropelías aparte, el instructor ya ha conseguido lo que buscaba: titulares a toda página que salten a las tertulias televisivas del día siguiente y que envenenan a la opinión pública con mentiras, manipulaciones y medias verdades para que así no pare un espectáculo en el que todo es blanco o todo es negro y en el que no caben grises.
Que haya dos informes de la UCO que no hayan visto delito alguno en la actividad profesional de Begoña Gómez; que la Audiencia Provincial haya acotado al juez la investigación ; que la Fiscalía Europea haya reclamado parte del caso; que Peinado se haya pasado por el forro de la toga la doctrina del Supremo que prohíbe abrir causas con recortes de periódicos; que en España no estén permitidas las investigaciones prospectivas o que el instructor no hubiera notificado a la demandada una segunda querella, no tiene trascendencia alguna para quienes ya han decidido, como Feijóo, que Sánchez tiene que marcharse de inmediato del Gobierno. Algo para lo que la derecha política, judicial y mediática lleva conjurada desde el mismo día en que puso un pie en La Moncloa.
Que Vox se recree por haber conseguido lo que se proponía no es ninguna sorpresa –“Gracias a Vox, Pedro Sánchez tendrá que declarar como testigo en las presuntas corruptelas de su mujer y no descansaremos hasta desalojar al clan corrupto que ocupa la Moncloa”–, lo indigno es que un partido como el PP, que un día fue partido de Estado, se sume a la casquería de la ultraderecha y haya pedido de inmediato la dimisión del presidente. El mismo Feijóo que exige la salida de Sánchez por una investigación aún no concluyente sobre su esposa es el que calla ante la permanencia en su cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya pareja –antaño, técnico sanitario y hoy, comisionista del mayor proveedor sanitario del gobierno regional– ha confesado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental y ha aceptado ocho meses de cárcel, además del pago de 491.000 euros.
