El bloqueo en las negociaciones de las fuerzas progresistas y el acuerdo entre centristas y conservadores para la elección de los principales cargos de la Asamblea Nacional parecen abrir un posible camino para que la coalición presidencial siga manteniendo el control del Gobierno, a pesar de que fue el bloque progresista el que consiguió más escaños en las elecciones legislativas.
Desde el momento en el que se conocieron los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, el presidente Emmanuel Macron ha ignorado los llamamientos del Nuevo Frente Popular (NFP) para que reconozca la victoria de la alianza progresista. El presidente sostiene que “nadie ha ganado [estas elecciones]”, como afirmó en una carta a los franceses, publicada el 10 de julio en la prensa regional.
En este contexto, la reelección de Braun-Pivet, gracias a un acuerdo entre los diputados macronistas y conservadores, escenificó la viabilidad de un pacto entre estas dos tendencias políticas permitiría sumar el apoyo los 47 diputados conservadores a los 166 centristas y superar así a la alianza de partidos de izquierdas, que cuenta con 193 escaños, aunque aún lejos de la mayoría absoluta (289 escaños).
Este lunes, los conservadores del partido La Derecha Republicana (nueva denominación de Los Republicanos) han tendido la mano a la coalición presidencial ofreciendo un “pacto legislativo”, aprobado por todos los diputados del partido, con una lista de proposiciones prioritarias, medidas sobre temas como la inmigración, la seguridad y el “saneamiento de las finanzas públicas”.
“Este pacto legislativo es la ilustración de nuestra voluntad de no bloquear el país”, ha justificado el líder de los diputados conservadores. “Este pacto es un compromiso, si mañana un Ejecutivo quiere implementar lo que hay de este pacto, La Derecha Republicana se compromete a votar y apoyar las leyes que contiene”. No obstante, Wauquiez ha aclarado que se trata de un pacto exclusivamente legislativo. “No es, ni será una coalición de gobierno: somos independientes y los seguiremos siendo”.
La idea de un pacto de gobierno entre Macron y la derecha ya se había evocado en numerosas ocasiones en la anterior legislatura. Sin embargo, en estos dos últimos años, Los Republicanos, guiados por Éric Ciotti (que en las últimas elecciones se alió con la extrema derecha y rompió con el partido), nunca fueron un socio fiable por la falta de cohesión interna.
Por ejemplo, la anterior primera ministra, Élisabeth Borne, pactó con los líderes del partido en la Asamblea y el Senado el apoyo parlamentario a la reforma de las pensiones; pero a última hora estos le dijeron que no estaban en posición de asegurar la disciplina de voto de sus diputados. Finalmente, la reforma tuvo que ser aprobada por decreto, aumentando el volumen de críticas a una medida muy impopular que fue además tachada de antidemocrática.
Laurent Wauquiez, nuevo jefe de filas de la formación, demostró durante las votaciones del pasado jueves un mayor control del grupo parlamentario. Y aunque Wauquiez de momento es reticente a entrar en una coalición gubernamental, está abierto a pactos puntuales. Según han filtrado fuentes de su entorno a varios medios franceses, espera mantener el partido en una línea de independencia hasta 2027, momento en el que el final del macronismo (el presidente no puede presentarse a la reelección) signifique un retorno del electorado de centroderecha, que abandonó la formación conservadora en 2017, en medio de los escándalos de corrupción de su candidato François Fillon.
El presidente de la República, al que corresponde la decisión del nombramiento del primer ministro, ha dado indicaciones de que prefiere un acuerdo de gobierno que excluya a la extrema derecha y al partido de izquierdas Francia Insumisa, a los que el presidente acusa de no estar en el “arco republicano”. En otra carta a los franceses publicada la semana pasada en la prensa regional, Macron pidió a las “fuerzas políticas que se reconocen en las instituciones republicanas” que “construyan una mayoría sólida”.
No obstante, la fragmentación del paisaje parlamentario hace que una coalición de conservadores y centristas necesite para gobernar el apoyo –o, al menos, la abstención– de otras fuerzas políticas. De momento, los llamamientos se han concentrado en los diputados socialdemócratas para que rompan con sus aliados del Nuevo Frente Popular, en particular Francia Insumisa (la formación con más diputados en el seno del NFP), que es hostil a cualquier tipo de entendimiento con los macronistas.
La semana pasada, el primer ministro Gabriel Attal había sugerido la construcción de un “plan de acción” alrededor del bloque central que, en su opinión, debería ir de los socialdemócratas a los conservadores. “En los próximos días tomaremos la iniciativa política, presentaremos propuestas para un pacto de acción para los franceses, con propuestas de fondo, propuestas de medidas concretas y también propuestas de compromisos”, afirmó el primer ministro en una entrevista en TF1.
Mientras los acuerdos de derecha y centro comienzan a dibujarse, las negociaciones de las familias de la coalición progresista siguen bloqueadas respecto a un posible nombre común que puedan proponer como primer ministro. Francia Insumisa bloqueó el de la economista y diplomática climática, Laurence Tubiana, candidata sugerida por el Partido Socialista la semana pasada y apoyada por los comunistas y los ecologistas. Reconociendo la oposición en el seno del Nuevo Frente Popular, la propia Tubiana ha anunciado este lunes que abandona su candidatura a liderar un Ejecutivo.
Según detalló el propio Wauquiez en rueda de prensa, el pacto que proponen los conservadores “tiene tres ejes: restaurar la autoridad, relocalizar la producción en Francia y la importancia de los servicios públicos”. La prioridad absoluta es “la revalorización de la Francia trabajadora”, según Wauquiez.
Una expresión que hace eco de las declaraciones recientes del actual ministro del Interior Gérald Darminin, uno de los grandes defensores dentro del actual Gobierno de la alianza con los conservadores.
No obstante, Wauquiez quiso dejar claro dos “líneas rojas” que conducirían a una moción de censura inmediata, en caso de que un gobierno que las sobrepase: “cualquier subida de impuestos y cualquier reducción del gasto que se haga a expensas de los jubilados”.
El Partido Socialista, que a su vez había bloqueado el nombre de la comunista Huguette Bello, emitió el pasado viernes un comunicado en el que pedía “una votación formal de los diputados de los cuatro grupos del NFP de aquí al martes 23 de julio”, una idea que apoyan en el Partido Comunista y a la que se pone Francia Insumisa. Los ecologistas, por su parte, no han aclarado aún su postura oficial sobre el método de elección.
En una entrevista el viernes a BFM-TV el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, dejó una frase ambigua al ser interrogado sobre la candidatura de Laurence Tubiana. “Los otros socios pueden decidir entre ellos tres hacer lo que ellos quieran”, sugirió. Una declaración que se puede interpretar como una invitación a proponer un gobierno sin miembros de LFI, pero con el apoyo tácito de los insumisos o bien una invitación a romper la alianza y buscar pactos con la coalición macronista.
