La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acudió a la Universidad Complutense de Madrid el pasado 2 de julio para entregar la memoria económica y de actividades de su cátedra correspondiente al año 2023, según publica El País. Pero el presidente de la comisión de seguimiento, José María Coello de Portugal, se negó a aceptarla y a examinarla argumentando que había una investigación judicial abierta, aunque eso no es cierto.
La cita en la Complutense se produjo un día después de que esa Universidad hubiese remitido un informe al juez Juan Carlos Peinado explicando que, tras una investigación interna, no ha encontrado ilegalidades en la gestión de la cátedra que lideró Gómez, pero alegando que la empresaria no había remitido la documentación que solicitó y pidiendo que sea el juez quien investigue. “Las actividades de investigación no permiten alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia, o no, de perjuicio sobre su patrimonio”, reconoce la Complutense.
El documento revela que la UCM contactó con Gómez el 11 de junio y que la esposa del presidente del Gobierno contestó un día después, dando acuse de recibo y afirmando que estaba “reuniendo toda la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones”. La información de El País afirma que Gómez acudió el 2 de julio a la reunión de la comisión mixta de seguimiento de la cátedra, y que el presidente se negó a examinar la documentación.
“Debemos ser prudentes no aprobando lo que está siendo objeto de diligencias judiciales. Habiéndose constatado la incidencia de una actuación externa a la Universidad, debe esperarse a que tal actuación se resuelva para ejercitar en cuanto al fondo las competencias administrativas de la comisión, dada la preferencia o prevalencia de aquellas diligencias sobre la materia administrativa”, argumentó Coello de Portugal.
Pero no es cierto que haya una investigación abierta sobre si Gómez provocó un perjuicio económico a la Complutense en su trabajo desde la cátedra. La UCM pidió sin éxito al juez Peinado formar parte de la acusación en la causa, algo que denegó el magistrado el pasado 20 de junio al no constar en la causa ningún perjuicio para las arcas del centro. El caso se centra ahora únicamente en las adjudicaciones a Barrabés, después de que la parte del rescate a Air Europa pasase a la Fiscalía Europea.
El caso sobre el posible perjuicio a las arcas de la UCM, no detectado por la propia Universidad y en el que el juez no ha visto hasta ahora indicios, gira en torno a la supuesta apropiación de un software por parte de Begoña Gómez que debería pertenecer a la Universidad Complutense.
De acuerdo al compromiso firmado con la Complutense para su cátedra, Begoña Gómez emprendió los trabajos para la implantación de un software. El Confidencial desveló que Gómez intentó que Indra, Google o Telefónica valoraran el uso formativo que iba a tener el software para que la Complutense no pagara por él. Los tres gigantes de la tecnología y la comunicación emprendieron trabajos que les supusieron 150.000 euros pero abandonaron el proyecto.
El escrito de la Complutense sí recoge la información que la Complutense ha recibido en estas semanas información del Registro de la Propiedad Intelectual, según la cual ni Begoña Gómez ni su empresa tienen registrado ese software a su nombre.
