El trasiego de turistas que entran y salen es constante. Llegan con sus maletas para pasar unos días en Mallorca. Otros, ataviados con ropa de playa y toalla en mano, ya están instalados y se preparan para pasar otra jornada bajo el abrasador sol de julio. Se encuentran alojados en un edificio de viviendas situado a menos de un kilómetro del centro de Palma. Por su aspecto exterior, se diría otro inmueble residencial más del ensanche de la capital balear, pero la mayor parte de sus pisos se destinan, en realidad, al alquiler turístico ilegal. “El piso es cómodo, pero el ambiente es porco”, se lamentan varios turistas italianos allí hospedados ante la dejadez de las zonas comunes y las protestas llevadas a cabo en los últimos días por los vecinos contra esta actividad ilícita.
En el número 26 de la calle Arquitecto Bennàssar, junto a la plaza de toros de Palma, se comercializan de forma fraudulenta, bajo la denominación Toros Apartamentos, hasta diez pisos distribuidos en cinco plantas, según el Consell de Mallorca. El alquiler vacacional está prohibido en los edificios plurifamiliares de la ciudad, una decisión adoptada por el anterior equipo de gobierno progresista del Ajuntament y avalada por el Tribunal Supremo tras desestimar el recurso interpuesto por la patronal del alquiler turístico Habtur.
El Alto Tribunal apuntaba a numerosos informes que evidencian el impacto del alquiler turístico en la configuración y convivencia social en los barrios, la falta de oferta para la población residente y los recursos.
De acuerdo a los datos recabados por elDiario.es, Palma cuenta con 639 viviendas turísticas legales -que suman más de 4.300 plazas-, si bien, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se comercializan un total de 1.023. Es decir, al menos un 37,6% funcionan de manera ilegal sin contar con los permisos necesarios. Tal es el caso del edificio frente al cual decenas de personas, convocadas por la plataforma 'Menys turisme, més vida', se manifestaron hace una semana en contra de la comercialización turística ilegal de las viviendas del inmueble, además de criticar que las administraciones no hayan actuado a pesar de las denuncias y de que conocen su existencia desde hace tiempo.
En concreto, el edificio se encuentra a nombre del Grupo Jayda Inversiones S.L., cuyo apoderado, Javier Sánchez Arco, gestiona, a través de las sociedades Son Llull 2017 SL y Alfonso El Magnánimo Developments SL, otros dos inmuebles de las mismas características -de siete y doce viviendas en alquiler cada uno- que ingresan, según estimaciones del PSIB-PSOE basadas en anuncios online, más de 300.000 euros al mes. En total, según esta fuente, unas 230 plazas se estarían comercializando en régimen de alquiler turístico ilegal en Palma, distribuidas principalmente en las zonas de la plaza de toros, la calle Aragó y la barriada de Foners, donde se ubican los tres polémicos inmuebles. Es decir, unos cuatro millones de euros al año.
Uno de los pisos se anuncia como Apartamento Palma Ciudad, que ofrece “una experiencia única” en la “vibrante ciudad de Palma”. Otro de los edificios, en la calle Pare Guillem Vives, 24, aparece bajo el nombre Can Pere Antoni Apartamentos e indica, sin proporcionar más información, que está “gestionado por un particular”. Este medio ha intentado ponerse en contacto por varias vías con el propietario de las empresas que explotan los tres inmuebles, pero no ha obtenido respuesta.
Los vecinos, hartos de las molestias, aseguran que la situación se ha vuelto “insoportable”. A pie de puerta de una de las fincas colindantes, Juan Manuel asegura que el barrio está “lleno de turistas” e incluso señala cómo algunos de ellos salen directamente a la calle “con el bikini o el bañador ya puesto, aunque la playa esté lejos”. Recrimina que en algunos comercios “entran, miran y se van”. “No compran ni saludan”, lamentando, además, el ruido que provocan a altas horas de la madrugada. Recuerda que ya vivió una situación parecida en la zona de s'Arenal, donde vivía: “Tuve que vender mi piso, vivía en un décimo y cada día se metían cuatro o cinco turistas en el ascensor. Cuando se rompía teníamos que subir a pie hasta arriba. En la azotea quince o veinte personas hacían fiestas fuese de día o de noche. Los vecinos estábamos indignados, pero otros propietarios preferían continuar alquilando sus viviendas a los turistas”.
Tuve que vender mi piso, vivía en un décimo y cada día se metían cuatro o cinco turistas en el ascensor. Cuando se rompía teníamos que subir a pie hasta arriba. En la azotea quince o veinte personas hacían fiestas fuese de día o de noche. Los vecinos estábamos indignados, pero otros propietarios preferían continuar alquilando sus viviendas a los turistas
El residente, que aclara que no está “en contra del turismo, sino de la masificación”, lamenta que “estén invadiendo hasta el extrarradio”. “No lo acabo de entender. Pero la gente prefiere alquilar mucho más caro y sacar dinero”, añade.
Por su parte, Caterina Puigrós, vecina de otra de las fincas colindantes, denunció hace más de un año los episodios incívicos que sufren desde que los pisos se comercializan turísticamente. Lo hizo a través de la página web del Consell de Mallorca, institución competente en la regulación de este tipo de actividades. Tal como relata a elDiario.es, fueron sobre todo los ruidos los que le llevaron a poner la problemática en conocimiento de la Administración: “En verano es cuando se nota más, porque en invierno están todas las ventanas cerradas. A las tres o cuatro de la mañana a veces comienzas a escuchar jaleo en la calle. Algunos vienen borrachos, gritan, cantan y siguen bebiendo al lado del portal. Y también hacen sus necesidades. A varios de ellos los he visto orinando en la acera de enfrente. Es una locura”, comenta, indignada.
A las tres o cuatro de la mañana a veces comienzas a escuchar jaleo en la calle. Algunos vienen borrachos, gritan, cantan y siguen bebiendo al lado del portal. Y también hacen sus necesidades. A varios de ellos los he visto orinando en la acera de enfrente. Es una locura
Puigrós, quien señala que los turistas que se alojan en la finca suelen tener entre 18 y 30 años aproximadamente, asegura que hasta el momento nadie le ha respondido y si lo han hecho ha sido demasiado tarde: “Si llamas a la policía en un momento determinado, cuando llegan al cabo de media hora o una hora ya no queda nadie en la calle”.
A principios de julio, el Ajuntament de Palma dio inicio a un expediente sancionador por importe de 200.000 euros a uno de los tres edificios, en concreto al situado en la calle Pare Guillem Vives, 24, en el barrio de Foners. El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, recordó que el Consistorio no tiene competencias en alquiler turístico, pero que la sanción prevé imponerse vía disciplina urbanística al haberse modificado de forma irregular el uso residencial del inmueble a uso turístico. Según la institución municipal, contra el inmueble podrían llegar a levantarse hasta 14 expedientes sancionadores de 200.000 euros cada uno hasta lograr el cierre de la actividad, cosa que aún no ha sucedido.
A finales del pasado mes de mayo, el PSIB-PSOE denunció ante el Consell la existencia de 230 plazas en régimen de alquiler turístico ilegal en Palma, con ingresos de hasta 15.000 euros diarios opacos al fisco. Es decir, unos cuatro millones de euros al año. Según datos extraídos de Booking, fueron identificados 48 apartamentos y un vehículo que ofrecen plazas turísticas presuntamente fuera de ley, reflejando tan sólo “una pequeña parte del problema”, como sostienen los socialistas, que apuntan a que esta situación podría afectar a un total de 800 viviendas en la ciudad. Según precisan, hasta 29 pisos de edificios enteros dedican su totalidad al alquiler turístico ilícito -entre ellos los tres que se encuentran en el punto de mira de 'Menys turisme, més vida'-, traducidos en un total de 170 plazas turísticas, a las que se suman 19 apartamentos en edificios plurifamiliares y un vehículo que implican 60 plazas ilegales más.
Dos semanas después, la propia institución insular informaba de que, tal como habían constatado sus técnicos, la oferta de alquiler turístico ilegal en Mallorca se extiende ya a habitaciones e incluso a furgonetas, disponibles éstas últimas por 150 euros la noche en plataformas de anuncios online. El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, y la directora de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, anunciaron que hasta mediados de noviembre el Consell desplegará un plan de inspección con más de 2.500 actuaciones en el conjunto de la isla para detectar y perseguir la oferta turística ilegal, así como las posibles irregularidades que puedan producirse en la oferta reglada. A juicio del PSIB, se trata de “una farsa” y “una coartada” con la que “en realidad siguen permitiendo lo de siempre: la especulación inmobiliaria, la perversión de las normas y el urbanismo para sus amigos: lo que ha hecho el PP siempre que ha gobernado”.
Además del cuerpo de inspectores encargado de vigilar que el alquiler turístico se desarrolla por los cauces legales -uno por cada 495.000 habitantes en Balears-, los Consells Insulars mantienen acuerdos con comercializadoras y plataformas digitales como Airbnb, Booking o Expedia para que colaboren en la lucha contra la oferta turística ilegal.
Uno de los representantes de 'Menys turisme, més vida', portavoz de la Assemblea Palma-Eixample, Joan Nadal, explica a elDiario.es que una de las problemáticas más visibles a las que se enfrentan son las consecuencias que que se derivan del actual turismo masivo, no sólo el ocasionado por los megacruceros, sino también por las viviendas vacacionales. Entre ellas, las de los tres edificios del ensanche de la ciudad, “con el agravante de no sólo es una vivienda o dos, sino un edificio completo”. “Dos casas por cada una de las cinco plantas y diez familias que quedan excluidas de poder acceder a una vivienda digna de forma permanente y vivir en su barrio, ya sean parejas, familias con hijos o diez personas solas”, comenta.
Nadal asegura que la plataforma pretende visibilizar el malestar de los vecinos, que “cada día padecen destrozos y ruidos”. Y alude al “ejemplo extremo” que supone la comercialización de apartamentos en estos inmuebles: “Ya no sólo repercute en la gentrificación del barrio y en la expulsión de sus residentes. Es que se trata de un edificio completo de cinco plantas que ya ha sido denunciado y sobre el que no se actúa”. Para el activista, los tres inmuebles son “hoteles encubiertos que reportan beneficios al gerente evadiéndose de la normativa”.
