En torno a 3.000 niños han sido víctimas de las detenciones masivas en El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició hace dos años su ofensiva contra las pandillas, según un informe de Human Rights Watch. Entre ellos, hay niños de tan solo 12 años.
El informe de la ONG de derechos humanos se basa en una revisión de los expedientes y en casi 100 entrevistas a víctimas, policías y autoridades. En él, documenta la detención arbitraria de los niños y unos malos tratos que, en algunos casos, alcanzan la categoría de tortura.
Desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022, las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a más de 80.000 personas en redadas en barrios controlados por las pandillas y asolados por la violencia.
Dos bandas dominaban El Salvador desde la década de los 90: la Barrio 18 y la MS13. En un país de seis millones de habitantes, las pandillas sumaban un total de 60.000 miembros en 2015. Extorsionaban a la mayoría de los negocios y la tasa anual de homicidios llegaba a 103 por cada 100.000 habitantes.
Bukele ha metido entre rejas a más del 1% de la población, transformando el que era uno de los países más violentos de América Latina en uno de los más seguros. Según los datos oficiales, la tasa anual de homicidios cayó en 2023 hasta 2,4 por cada 100.000 habitantes.
Pero las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y una vulneración generalizada de los procesos legales.
La investigación de Human Rights Watch (HRW) demuestra que muchos de los menores detenidos en esta ofensiva no tienen relación aparente con las pandillas ni con actividades criminales. En prisión, los menores sufren hacinamiento, mala alimentación, y una atención médica deficiente. También les niegan el acceso a abogados y a sus familiares.
En algunos casos, hubo niños recluidos junto a adultos durante sus primeros días de detención. Después los trasladaron a centros superpoblados de menores, descritos en el informe como “entornos peligrosos y deshumanizantes que no priorizan el bienestar y la reintegración de los niños”.
Más de 1.000 menores han sido condenados a penas de entre dos y 12 años de cárcel, a menudo con testimonios policiales no corroborados y por cargos amplios como la de asociación ilícita.
Muchos de los menores fueron coaccionados para que confesaran su pertenencia a las bandas con una combinación de malos tratos y de acuerdos abusivos.
El informe de HRW pide al Gobierno de El Salvador que revise los casos de las personas detenidas durante el estado de excepción, priorizando los de niños y de personas vulnerables.
La ONG también pide a los gobiernos de otros países, y a las instituciones financieras internacionales, que se abstengan de aprobar préstamos que beneficien a organismos directamente implicados en el abuso, como las fuerzas de seguridad, el sistema carcelario, y la oficina del fiscal general.
“La dureza con que el gobierno va contra los niños aumenta el riesgo de perpetuar el ciclo de violencia en El Salvador”, dice Juanita Goebertus Estrada, directora de Human Rights Watch para las Américas. “Los gobiernos extranjeros deben pedir al gobierno que termine con las violaciones de los derechos humanos y proteja la vida y el futuro de los niños”.
Pese a los bien documentados casos de abusos contra los derechos humanos durante la represión, la mejora en la seguridad ha contribuido a hacer de Bukele uno de los presidentes más populares de la región.
La Constitución de El Salvador prohíbe un segundo mandato consecutivo a los presidentes, pero los nuevos magistrados colocados en el Tribunal Constitucional por Bukele dictaminaron que podría presentarse de nuevo. La ventaja que sacó en febrero durante su segunda elección fue de tal calibre que El Salvador está a punto de convertirse en un país de partido único.
Traducción de Francisco de Zárate
