Los socios parlamentarios del Gobierno ven en general con buenos ojos la mayor parte de las medidas que Pedro Sánchez planteó este miércoles en el Congreso como parte de su plan de regeneración democrática, pero piden “recomenzar” la legislatura –que estuvo paralizada durante el largo ciclo electoral– para hacer frente al auge de la extrema derecha y volver a conectar con el electorado progresista.
Aunque sin entrar a concretar cuál será la fórmula para aprobar esas iniciativas, el jefe del Ejecutivo sí planteó obligar a los medios de comunicación a hacer público cómo se financian y quiénes son sus accionistas, la limitación de la publicidad institucional –todo ello coincide con una directiva europea ya en vigor–, más transparencia del Gobierno y una reforma electoral que regule los debates de candidatos y arroje más luz sobre cómo se hacen las encuestas.
Pero ERC, EH Bildu, PNV, Junts, BNG y Podemos coinciden en destacar que el Ejecutivo debe ser más ambicioso en sus propuestas, que las reformas en los ámbitos judicial y mediático deben ser más profundas, y que a todo ello debe sumarse un giro social en la estrategia de gobierno con medidas concretas para abordar dos de los principales problemas que afectan a las clases medias y trabajadoras: el acceso a la vivienda y el alza de los precios.
En el Pleno extraordinario de este miércoles los socios también lanzaron una última advertencia al Ejecutivo, que se ha convertido en una constante prácticamente desde que el dirigente socialista accedió al poder en 2018 gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy: debe cumplir en el menor tiempo posible todos los compromisos adquiridos con cada uno de sus aliados en el momento en el que se negoció el apoyo a esa moción, después para su investidura en 2019 y, el pasado noviembre, para su reelección.
Todo ello pasa por una derogación más profunda de la ley mordaza –ERC y EH Bildu exigen, por ejemplo, la prohibición de las pelotas de goma o de las devoluciones en caliente de inmigrantes–, por la negociación de medidas que limiten los precios de los alquileres y solucionen los problemas generados por la turistificación, así como la ampliación de los paquetes para hacer frente a la inflación.
Incluso Sumar, la fuerza con la que el PSOE gobierna en coalición, reclamó a Sánchez durante el Pleno que se atreva a plantear un plan más ambicioso al anunciado “para socializar el poder”. “En España la democracia está cercada por poderes que actúan como corporaciones privadas”, dijo en la tribuna Íñigo Errejón, que aseguró que “la chicha” de las medidas anunciadas por el presidente . Él pidió “controlar a los poderes privados más grandes y someterlos al interés colectivo”. “Este modelo, el neoliberalismo moribundo, lleva los cuerpos y mentes al límite, así como, según él, ”al planeta“. ”Es irracional, injusto e insostenible“, añadió, reclamando a Sánchez que se sustituya ”por una sociedad justa y libre“.
Sánchez repitió a lo largo de la sesión que sí, que cumplirá con “todas” las promesas a los socios. Pero, tal y como le han reprocharon estos, ya están acostumbrados a que el jefe del Ejecutivo se lo diga en el Congreso en cada una de sus comparecencias y, después, esos compromisos se retrasen por diferentes razones de coyuntura argumentadas por Moncloa.
Desde ERC, el partido con el que los socialistas se encuentran negociando la investidura de Salvador Illa en Catalunya entre presiones para que el acuerdo llegue cuanto antes, piden a Sánchez más “valentía”. “Más allá de lo que ha anunciado”, aseguraba el portavoz parlamentario de los republicanos, Gabriel Rufián, “nosotros lo que le proponemos es más Estado, más Estado regulador, más políticas sociales, más izquierda, más progresismo, más intervenir en sectores estratégicos como vivienda, servicios públicos y empleo”.
Lo que queda de legislatura se debe centrar, a su juicio, en una “ampliación de derechos sociales y civiles”, para que no haya “ni limosnas ni parches”. Miriam Nogueras, de Junts, pidió específicamente medidas para que no pueda repetirse un caso como el de la policía política del Gobierno de Mariano Rajoy, que espió ilegalmente y maniobró contra dirigentes independentistas catalanes o diputados de Podemos.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, consideró que “no suena mal” el esbozo del plan de regeneración de Sánchez, pero advirtió de que “para la ruptura democrática” que a su juicio es necesaria en el Estado “hace falta voluntad política y valentía”. Por eso, la dirigente de la formación independentista considera que la pretensión de avance democrático de Sánchez “no es estructural ni es profunda”.
Aizpurua insistió en que “las mayorías” del Parlamento que sostienen a Sánchez “se configuraron para la democratización de los pilares del régimen del 78” y lamentó que “los avances son escasos”. “Es hora de recomenzar la legislatura y empezar con esa nueva fase porque los problemas se acumulan y las mayorías sociales esperan respuestas”, zanjó. Como Rufián, la dirigente de EH Bildu también reclamaba medidas en materia de vivienda y en la regulación de precios.
El principal reproche del PNV al presidente del Gobierno tuvo que ver con el incumplimiento de sus compromisos y, como suele ser habitual, por la forma en que Sánchez comunicó sus medidas a los socios, al mismo tiempo que al resto de los ciudadanos y no en reuniones privadas. Pero el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, celebró que entre las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo esté la reforma de la ley de secretos oficiales que ha sido constantemente requerida por el PNV. No hacerlo, dijo Esteban, supondría “el reflejo de la imperfección y la debilidad de la democracia española”.
El dirigente nacionalista mostró sus dudas ante la obligación de transparencia prometida por Sánchez para los medios de comunicación. En su opinión, para regular en materia de la prensa se debe “hilar fino” o “mejor no hilar nada”. “La democracia lo es porque permite incluso la libertad de expresión de quienes la atacan”, zanjó.
La más crítica con lo anunciado por Sánchez fue precisamente una exministra, la líder de Podemos, Ione Belarra. La secretaria general de Podemos habló de “medidas trampa” y las censuró porque el PSOE “acaba de pactar con el PP un acuerdo que legitima la guerra sucia judicial”. “Con el PP, que espió ilegalmente a 55 diputados de Podemos, que orquesta el acoso a su familia”, recordó. “Si defiende la Justicia, a los jueces honrados, tiene que romper ese acuerdo con el PP. Viene a darles carta blanca para seguir haciendo golpismo judicial”, agregó Belarra.
Para Podemos, “la regeneración democrática es lo contrario de la gran coalición, de volver a las prácticas bipartidistas”. Y Belarra acusó a Sánchez de utilizar “a la mayoría democrática” que le hizo presidente para ahora darle “la espalda” y “enterrar las posibilidades de transformación, que es lo que la gente esperaba el 23J”. La líder de Podemos llegó a poner en duda su futuro apoyo al Ejecutivo sin un giro a la izquierda que profundice también en la reforma de la justicia y en la lucha contra el 'lawfare'.
En un tono menos duro, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, lamentaba que no se hayan incluido en el plan de regeneración de Sánchez compromisos adquiridos con su fuerza política como una derogación real de la ley mordaza que, según lo anunciado por el Ejecutivo, ahora se ceñirá únicamente a acabar con uno de sus puntos, el que prohíbe grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
“Exigimos que se cumpla íntegramente lo pactado con nosotros”, insistió Rego, en la misma línea que otros socios del Ejecutivo como ERC o EH Bildu. Además de considerar que las medidas anunciadas por Sánchez se han quedado “cortas”, el dirigente nacionalista se mostraba también muy crítico con los acuerdos entre PP y PSOE. “Si lo que quieren es seguir pactando con el PP e incumplir los compromisos, no cuente con nosotros”, concluía.
Consciente de la presión de los socios, Sánchez aprovechó sus turnos de réplica y contrarréplica para tratar de recoser las alianzas, trastocadas por un largo ciclo electoral que concluyó hace apenas un mes con los comicios europeos. “Tenemos una voluntad absoluta de llegar a acuerdos para el plan de regeneración”, afirmó el jefe del Ejecutivo, que se mostró “encantado” de escuchar las aportaciones de esos aliados parlamentarios a los que conminó a hablar durante la ronda de contactos que se pondrá en marcha la próxima semana.
Lo que consiga en esas reuniones determinará el futuro de la legislatura y su propia supervivencia en la Moncloa. Si salen bien, estará en disposición de pedir el apoyo de esos socios para los Presupuestos de 2025 en los que ya trabaja el Gobierno. Pero si los aliados siguen sin ver cumplidas sus expectativas, no dudarán, según afirman, en evidenciar la debilidad del Ejecutivo en las votaciones parlamentarias que están por llegar, también las referidas a las normas y leyes recogidas en el plan de regeneración.