El Gobierno central va a estudiar, por primera vez, si es viable que un tren recorra la Costa del Sol, uniendo Nerja (en el extremo oriental de la provincia de Málaga) con Algeciras (en el Campo de Gibraltar), a unos 200 kilómetros de distancia. Hay 18 municipios en el recorrido en una de las zonas de mayor densidad poblacional de España -más aún en los mese de verano- que carece de conexión ferroviaria.
Así lo ha anunciado José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, acompañado de representantes de hasta cuatro administraciones de distinto signo político -la central, la autonómica, la provincial y los alcaldes de 18 municipios- en una inusual imagen de unidad institucional que alumbra un preacuerdo histórico.
La reunión se ha celebrado este miércoles en la Subdelegación del Gobierno de Málaga. El primer paso del acuerdo implica que el Ministerio de Transportes inicie “ya” los trámites para realizar un estudio de viabilidad, antes de licitar un estudio informativo, supuestamente en 2025.
En este tiempo, Gobierno central (PSOE-Sumar), Junta de Andalucía (PP) y los municipios afectados (todos del PP) trabajarán de forma conjunta para definir el modelo idóneo de conexión ferroviaria. Es decir, aún es muy pronto para saber por dónde discurrirá, qué características tendrá (alta velocidad, cercanías, híbrido), hasta dónde llegará (actualmente, hay línea desde Málaga a Fuengirola) o si finalmente habrá tren litoral y cuándo.
El número dos del ministro Óscar Puente sí ha avanzado que no abarcará los 200 kilómetros que separan Nerja de Algeciras: “Es evidente que no estamos en condiciones de abordar al completo ese corredor”. “El estudio de viabilidad puede ofrecer distintas soluciones y hay que acertar con la que resuelva mejor los problemas de movilidad, especialmente desde el punto de vista de jóvenes o trabajadores que deben coger el coche dos o cuatro veces al día”, ha indicado.
En el estudio de viabilidad se empezará a trabajar de inmediato. Para el estudio informativo, hará falta definir el “modelo de tren” al que se aspira, para lo que se creará un grupo estable de trabajo con municipios y Junta de Andalucía.
También se ha acordado estudiar la bonificación del peaje de la AP-7 desde Fuengirola hasta Marbella. Este tramo es actualmente la alternativa a la autovía que discurre encajonada entre las edificaciones de la Costa del Sol y el mar, con múltiples accesos y salidas que la convierten en una ratonera de alto peligro, cuando no soporta atascos kilométricos. En este caso, el análisis deberá ser urgente, pues Santano ha admitido que los problemas ya existen y hay que abordarlos “a corto plazo”.
El compromiso del Gobierno para estudiar si tiene cabida un tren litoral da respuesta, por ahora, a las reivindicaciones de los principales alcaldes y alcaldesas de los municipios costeros (ahora todos del PP), que en los últimos meses habían situado el problema de la movilidad en el lugar preferente de la agenda política. Cada día, ejercían una continuada labor de desgaste a cuenta de la supuesta falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, al que afeaban el agravio de carecer de propuestas para Málaga, mientras se prometían inversiones en Rodaliès o se liberalizan y bonifican peajes en Catalunya y Alicante.
La demanda de un tren que vertebre la costa excede con mucho de la confrontación partidistas. La idea es compartida por partidos de izquierda y derecha, de modo que el silencio del Ejecutivo socialista colocaba en una posición incómoda a sus representantes locales. Daniel Pérez, secretario provincial del PSOE, prometió involucrarse desbloquear la situación. El propio secretario de Estado ha dicho ser consciente de que la reunión debería haberse producido antes.
Una breve convocatoria oficial del Ministerio de Transportes ha puesto fin a este silencio. Según la literalidad de la convocatoria, el secretario de Estado José Antonio Santano quería reunirse este miércoles con representantes de la Junta de Andalucía y una quincena larga de alcaldes de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar para “abrir un espacio de diálogo” sobre cómo mejorar la movilidad en la franja costera de Málaga y Cádiz.
Sobre la mesa, en realidad, un asunto destacado que ningún Gobierno central se ha tomado lo suficientemente en serio desde hace décadas: la posible ejecución de un corredor ferroviario en el litoral, de Algeciras hasta Nerja, con posible término en cualquier localidad entre ambas. Una reivindicación desatendida desde que se planteó, en los años 90, por los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y, hasta ahora, el de Pedro Sánchez.
En este tiempo, lo más cerca que se ha estado de un verdadero proyecto fue cuando el exministro Íñigo de la Serna, en 2018, presentó un estudio preliminar de posibles trazados. En una costa colmatada de edificaciones, con dos autovías paralelas (una de peaje y otra saturada y usada a modo de arteria principal de los municipios que atraviesa), encontrar el hueco no es sencillo. Tampoco barato: 2.700 millones, según la última propuesta sobre la mesa se recoge en un estudio encargado por el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación provincial y patrocinado por Unicaja.
El tono de la reclamación ha ido en aumento en los últimos meses ante los indicios de un colapso del transporte que ya son visibles en diversos puntos de la A-7 y las perspectivas de crecimiento: Málaga será la provincia que más población gane de 2024 a 2039, un 21%, según las proyecciones del INE. Los principales alcaldes y alcaldesas de la costa occidental (Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella y Estepona), con el apoyo de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, todos del PP, los que han subido los decibelios hasta convertirla en asunto central de la agenda política regional y estatal.
Quienes más han empujado para hacer este proyecto una realidad son los alcaldes malagueños. En Cádiz están involucrados los regidores de Los Barrios (gobernado por el grupo independiente Los Barrios 100x100); San Roque (PSOE); La Línea de la Concepción (La Línea 100x100) y Algeciras, un bastión del PP en la provincia con más de 120.000 habitantes.
Hasta ahora, las dos líneas de cercanías con punto de partida en Málaga tienen su final en Álora (C2: 38 kilómetros y nueve paradas, hacia el interior) y Fuengirola (C1: 31 kilómetros y 17 paradas, recorriendo la costa y pasando por el aeropuerto) y dan servicio a unos 16 millones de pasajeros al año, que la convierten en una de las más rentables (en términos sociales o económicos) del país. El tren no llega ni a Mijas (91.691 habitantes), ni a Marbella (156.295, la única con más de 100.000 habitantes sin tren en España), mucho menos hacia el oeste hasta Algeciras (126.639) o hacia el este hasta Nerja (21.913).
El Gobierno ha esquivado la cuestión durante meses. En una entrevista a principios de abril en Más de Uno de Onda Cero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, la despachó alegando que no había “ni un solo papel con el que trabajar”, antes de subrayar los obstáculos orográficos y los “condicionantes económicos y medioambientales” de la idea. Sí se acaba de publicar la licitación para redactar el proyecto de desdoblamiento de un tramo de la actual C1 para aumentar la frecuencia de paso de 20 a 15 minutos.
La posición cerrada del Gobierno cambió semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo, cuando se abrió a la reunión de este miércoles, de la que ha salido el compromiso de estudiar si es viable un tren litoral, y cómo. La idea de un tren litoral da así un primer paso, inédito, pero aún muy escaso para el camino que habrá que recorrer hasta que se haga realidad, si es que eso ocurre.
