El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adjudicado este martes el contrato para la auditoría de la comida de las residencias de mayores durante cuatro años y controlar así que no se repitan episodios de alimentos de escasa calidad o en mal estado como los conocidos el año pasado. El plan prevé dos revisiones anuales con controles sanitarios y nutricionales y encuestas de satisfacción, y abarca tanto a residencias públicas como privadas, unas 500 en total. Pero de los 10,16 millones de euros del presupuesto de licitación que anunció en marzo el Gobierno, la oferta ganadora es sensiblemente inferior: 6,16 millones (IVA incluido), lo que representa una baja del 39,4%. La propia Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales la consideró “anormalmente baja” durante la tramitación del procedimiento.
Al contrario que en otros contratos sobre suministro de alimentos, en este caso el criterio económico no fue el más importante para evaluar las ofertas: representaba el 30% de la puntuación, mientras que el restante 70% se refería a la formación y experiencia del equipo. Aun así, los requisitos especifican que si la oferta económica rebajaba en más 30% el presupuesto base, se consideraría “anormal”. Sin embargo, las dos únicas propuestas recibidas, por parte de Aenor Confía y Bureau Veritas, incumplían este requisito. La de Aenor era de menos de la mitad: 5,01 millones. La de Bureau Veritas, de 6,16 millones.
Como no hubo más ofertas, la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación decidió pedir a las candidatas que justificasen su baja. Las explicaciones de Aenor se desecharon porque la compañía remitió un informe alegando generalidades, con menciones a su ‘expertise’ y ‘know-how’, pero sin aportar cálculos que explicasen por qué la rebaja no era temeraria. El informe de la empresa rival tiene algún detalle más, pero emplea entre sus argumentos de ahorro algunos bastante elementales, como el de que los desplazamientos del personal encargado de los trabajos a las residencias se realizarían en transporte público y no en coche particular, o que en todo caso sería en auto compartido; o que estos visitarían las residencias tras haber comido antes en casa o en la sede de la empresa, ahorrándose así el coste de las dietas. En folio y medio despacha el asunto la subdirección general de Calidad e Innovación, que finalmente da por “debidamente justificado” el reducido precio.
“Este contrato nunca habría sido necesario si no hubiesen subastado al peor postor la alimentación de las residencias, pero es que es otra chapuza”, critica la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Lorena Morales, que también es secretaria de Políticas Sociales de los socialistas madrileños. La parlamentaria se refiere al contrato de alimentación de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que abarca a los centros dependientes directamente de la Administración madrileña —residencias de mayores, de menores y otros— y donde se dieron los episodios de comida en mal estado conocidos el año pasado. La adquisición de alimentos dependía de los propios equipos de los centros hasta que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso optó por el método de subcontratación centralizada.
