El Ministerio de Trabajo ha salido este miércoles de la mesa del diálogo social para la reducción de la jornada laboral celebrando que se está “avanzando de forma muy constructiva”. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha considerado que, en este momento, “no hay ninguna objeción severa que impida que las cuatro partes (las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, y las empresariales, CEOE y Cepyme) se sumen al acuerdo”. Sin embargo, han sido los sindicatos quienes se han mostrado en esta ocasión más críticos con la marcha de las conversaciones. “Estamos en una especie de bucle”, ha dicho la secretaria confederal de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, que ha advertido que “de no buscar de inmediato un acuerdo” en la próxima reunión, el 29 de julio, se convocará “para primeros de septiembre una batería de movilizaciones”.
Según ha indicado Pérez Rey a la salida del encuentro, en esta reunión se han abordado tres elementos: “la posibilidad de adaptar la incorporación de las empresas a las 37,5 horas semanales”; “mecanismos que permitan cierta flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo” en algunos sectores; e “incorporar el derecho a la desconexión digital”.
Punto por punto, el pacto de coalición entre el PSOE y Sumar incorporaba una reducción de la jornada semanal máxima de 40 a 38,5 horas para 2024 y a las 37,5 para 2025. El Gobierno “con la convicción de alcanzar un acuerdo está dispuesto a ver cómo, dentro de esos parámetros, se pueden alcanzar plazos de mayor flexibilidad, que hagan que la introducción sea menos abrupta”, ha explicado el secretario de Estado. “No se trata de diferir la reducción”, ha defendido Pérez Rey, sino de buscar “capacidades para adaptarse de manera más paulatina” con el “colchón” que da el próximo año.
“Como saben, la jornada se computa en módulo anual. No es lo mismo que se tenga que incorporar a inicios de año, a que se pueda contar con todo el colchón que nos da 2025 para que las empresas puedan ir, poco a poco, incorporando esa reducción de jornada a través de diversas medidas, como más días de vacaciones o permisos”, ha desarrollado el número 2 de Yolanda Díaz en el ministerio, que ha emplazado la concreción de las medidas a la próxima reunión, dentro de dos semanas a causa de sus compromisos en el G-20 que se celebra la que viene.
Preguntado específicamente por la posibilidad de que se alarguen los plazos que marca el acuerdo de coalición, Pérez Rey ha indicado que “es un debate que se ha abierto en la mesa de hoy y, por tanto, lo sensato es esperar a la próxima reunión y ver cuáles son esos márgenes”.
Tanto CCOO como UGT se han mostrado también comprometidas con el intento de alcanzar un acuerdo que contente a la patronal. “Vamos a seguir intentando buscar un acuerdo, profundizando en estas propuestas”, ha indicado Vicente, que ha advertido que “la transitoriedad tiene que estar tasada y las medidas excepcionales que se puedan tomar en esta materia tienen que ser constatables”. “Vamos a intentar negociar hasta la extenuación, pero el objetivo es irrenunciable”, ha coincidido el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, que ha apuntado que habría que estudiar esta posibilidad “en cada uno de los sectores y convenios”. “Podemos ser flexibles con la transitoriedad, pero no estamos dispuestos a aplazar las medidas”, ha remarcado.
El ministerio se ha comprometido también a “seguir investigando, trabajando y haciendo propuestas” respecto a la distribución irregular de la jornada, que podría beneficiar a sectores como la hostelería o la agricultura, donde las necesidades laborales se incrementan en determinados periodos del año. Trabajo ya intentó atraer a los empresarios al acuerdo con una propuesta que pasaba por que estos pudieran utilizar en 2025 bajo esta fórmula las mismas horas que en 2024, antes de la reducción.
En cualquier caso, como ha explicado Luján, “la distribución irregular de la jornada no supone un aumento de horas extraordinarias”. Por eso, las organizaciones sindicales se han abierto a la posibilidad de flexibilizar esa distribución “si facilita que la patronal se incorpore al acuerdo”.
El tercer punto que ha destacado Pérez Rey es el del derecho a la desconexión digital, que el ministerio ha vuelto a poner sobre la mesa pese a que las empresas ya deberían estar cumpliéndolo. De hecho, desde 2019 las compañías están obligadas a contar con una política interna en la que desarrollen como lo garantizan para sus plantillas. “Ya está en el ordenamiento, pero hay que profundizar”, ha admitido el secretario de Estado, que ha señalado que “de nada serviría reducir la jornada si (las personas trabajadoras) pueden recibir un mensaje de su jefe a las 12 de la noche, un correo electrónico a las cinco de la madrugada o un whatsapp un domingo a las cinco de la tarde paseando por el parque”. “Son elementos que generan una enorme disrupción en la vida de las personas”, ha dicho.
Aunque hace apenas un par de semanas las relaciones entre Trabajo y las organizaciones empresariales en lo que respecta a la reducción de la jornada laboral parecían completamente rotas los puentes tendidos con la patronal parece haber abierto el diálogo sobre este asunto. Sin embargo, y pese a esa mano tendida, tanto por parte del ministerio como de los sindicatos, son estos últimos quienes consideran que debe avanzarse ya en medidas concretas. “Que tengamos una nueva reunión (el 29 de julio) es una buena noticia. La mesa sigue funcionando, pero no es menos cierto que estamos en cierto bucle”, ha expresado la portavoz de CCOO, que ha lamentado que “a estas alturas, después de varias reuniones, todavía no tenemos una posición ni una propuesta concreta, ni tampoco hemos avanzado demasiado”. Las negociaciones sobre este tema comenzaron a finales de enero, hace ya medio año.
“Si el lunes 29 no hay un avance importante en el proceso de negociación, seguiremos en la mesa, pero también movilizándonos en la calle y en las empresas, para que esta medida tenga su efectividad”, ha advertido Vicente. Una amenaza que secunda también UGT. “Nos vamos a hacer eco de cuál es la demanda de la sociedad española”, ha destacado Luján, que se ha mostrado optimista con que “no sea necesario y se avance en la obtención de un acuerdo”.
