El secretario de Estado de Seguridad durante el último Gobierno del PP Francisco Martínez niega que las consultas policiales a bases de datos restringidas en poder de la Audiencia Nacional representen un caso de espionaje. Martínez asegura en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que esas consultas responden a una “una actividad policial normal y ordinaria”.
El abogado de Martínez, principal imputado en la causa por las maniobras contra Podemos, ha presentado un escrito en el que justifica las más de 7.000 consultas a 55 diputados en 2015 y 2016 de la formación política en “variadas razones”, tales como “renovación del DNI y el pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la policía por los propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas y un largo etcétera”.
Martínez, para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel en el caso Kitchen, expone casos como el de la vicepresidenta Yolanda Díaz Pérez, diputada de Podemos cuando se produjeron las consultas y asegura que las búsquedas no son solo sobre ella sino sobre otras que se apellidan Díaz Pérez. Lo mismo alega sobre las múltiples búsquedas a Segundo González García que podrían responder a personas que tienen apellidos tan comunes.
Entre los ejemplos expuestos por Martínez se evitan otros casos como el del líder de Podemos en ese momento, Pablo Iglesias Turrión. El 22 de julio de 2015, un mismo funcionario de la Brigada Provincial de Información realiza 25 consultas sobre Iglesias. La Brigada de Información en Madrid investiga, entre otros asuntos, los radicalismos políticos que degeneran en violencia u otros delitos. A sus plantillas pertenecen los dos policías que han protagonizado las últimas revelaciones periodísticas sobre infiltraciones en movimientos sociales.
La misma dirección IP que buscó a Iglesias con intensidad en mayo de 2016 lo había hecho también, un año antes, con Victoria Rosell desde la comisaría local de Maspalomas, en Canarias. O a Iñigo Errejón desde distintas comisarías de Valencia, Las Palmas y Murcia.
La auditoría de las bases de datos fue ordenada por Pedraz a petición de Podemos y estuvo justificada en la conversación que Francisco Martínez mantuvo por whatsapp con un destacado comisario de la brigada política en la que mostraba su impaciencia porque no hubiera resultados de la búsqueda que había ordenado sobre antecedentes o cualquier otro catos que perjudicara a los 69 diputados de Podemos que habían resultado elegidos por los ciudadanos.
Ahora, Martínez dice que las informaciones sobre la auditoría de la Policía ha tenido “un grosero uso político y mediático” con el fin de que los partidos personados –Podemos, como víctima; el PSOE, como acusación popular– “salieran en tromba a hablar de espionaje masivo y a pedir responsabilidades penales e incluso abiertamente penas de prisión, cuando lo único que demuestran los archivos de Excel es que se han incluido a cientos de ciudadanos ajenos a esta investigación en archivos filtrados inmediatamente a la prensa afín”.
Martínez pide que se dejen fuera de la investigación las búsquedas anteriores al 16 de enero de 2016, cuando se conformaron las Cortes. También recuerda el ex número dos de Jorge Fernández Díaz que él dejo de ser secretario de Estado el 18 de noviembre de 2016 y que no tiene ninguna responsabilidad en periodos posteriores.
