La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la comisión rogatoria que libró Andorra a raíz de la querella presentada en ese país contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por la denominada 'Operación Catalunya'.
En un auto, los magistrados estiman el recurso de apelación que presentaron Rajoy, Montoro y Fernández Díaz contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid de aceptar la comisión rogatoria del Principado.
La Audiencia de Madrid considera que, si bien “el auxilio que se solicita tiene su encaje en el Título III del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (Estrasburgo, 20 de abril de 1959), lo solicitado excede de la simple notificación de la querella”.
En este sentido, explica que en este caso con la comisión rogatoria se trató de “dar traslado del acto de imputación derivado de la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial andorrana”.
Además, los magistrados sostienen que la “solicitud no cumple los requisitos de forma que exige el artículo 14 del citado Convenio, ya que no se concreta una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado”, motivo suficiente “para denegar el auxilio sin mayores consideraciones”.
Así las cosas, la Audiencia de Madrid revoca el auto de 20 de junio de 2022 por el que el Juzgado de Instrucción Número 32 desestimaba la petición de los dirigentes del PP. Con todo, declara también no ha lugar la comisión rogatoria del Principado.
Cabe recordar que la Justicia de Andorra investiga a Rajoy, a Fernández Díaz y a Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana“ de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
