El Tribunal Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y devolver su caso a la Audiencia de Sevilla para que reconsidere y rebaje su condena de nueve años de inhabilitación en el caso de los ERE. La mayoría progresista del pleno, como sucedió con la exministra Magdalena Álvarez, entiende que los tribunales se excedieron al entender que actos políticos como aprobar unos anteproyectos de presupuestos podían constituir un delito de prevaricación y ordena el dictado de una nueva sentencia que excluya del relato delictivo buena parte de las acusaciones.
El pleno, según informa en un comunicado, entiende que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal y devuelve el caso a la Audiencia de Sevilla. Está previsto que en las próximas horas también se analice y estime el recurso de José Antonio Griñán contra su condena de seis años y seis meses de prisión por prevaricación y malversación.
El tribunal de garantías estudia desde hace semanas los recursos de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE: el sistema millonario de ayudas públicas a empresas y trabajadores que, según el Tribunal Supremo, se basó en un descontrol instaurado y mantenido por los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El primero fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación y el segundo a seis y medio de cárcel al añadir los jueces el de malversación de caudales públicos.
Las diversas sentencias han estimado de manera total o parcial los recursos de casi todos los condenados. En algunos casos, como el de Carmen Martínez Aguayo, las condenas han quedado completamente anuladas. En otros, como el de Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla ha recibido la consigna de repetir su sentencia pero, en la práctica, rebajando su condena al excluir buena parte de los hechos que se habían considerado delictivos.
El pleno, con los votos en contra de los cuatro magistrados conservadores, entiende que muchos actos condenados como prevaricación o malversación, como la aprobación de anteproyectos y proyectos de presupuestos, no pueden ser criminalizados, y que haberlo hecho ha supuesto una condena imprevisible para los altos cargos de la Junta. En otros casos también ha entendido el pleno que actos como el pago concreto de ayudas a destinos irregulares puede ser delito pero se han dictado condenas sin argumentos suficientes.
Poco antes de empezar las deliberaciones, el Constitucional ha rechazado la recusación que el PP ha presentado en los últimos días contra dos magistradas del sector progresista: María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán. El pleno, por unanimidad de conservadores y progresistas, ha decidido rechazarlas por haber sido planteadas fuera de plazo.
