El acuerdo para repartir por toda España a menores migrantes no acompañados ha roto el pacto de Gobierno de coalición del PP y Vox en Extremadura. Se cumple así –parcialmente– la amenaza contra Génova lanzada el lunes pasado por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quien una vez más vinculó a los migrantes con la delincuencia: “Abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos ni de las violaciones”.
La Junta de Extremadura, en la que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural está liderada por Ignacio Higuero (Vox), esperará a este viernes para ofrecer un análisis de la decisión del Comité Ejecutivo de Vox de salir de los gobiernos autonómicos de coalición con los populares.
El PP ya había anunciado este miércoles a mediodía que las Comunidades Autónomas en las que gobierna, incluidas aquellas en las que lo hace con Vox, aceptarían la acogida de 400 menores no acompañados. El reparto voluntario se pactó finalmente este miércoles a última hora durante la conferencia sectorial de Juventud e Infancia celebrada en Tenerife.
Además de en Extremadura, la extrema derecha es la muleta de los Gobiernos autonómicos del PP en Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.
El de Extremadura fue el pacto de gobierno autonómico más complicado de cerrar por PP y Vox, pero la coalición en ha saltado por los aires un año después. La presidenta de la Junta, María Guardiola, se negó en un principio a dar entrada en el Ejecutivo a la extrema derecha: “Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI (...) Lo que está en juego es la dignidad de esta tierra”.
Paradójicamente, el acuerdo se ha roto ahora por la negativa de Vox a aceptar la acogida de menores migrantes procedentes de Canarias. Sin embargo, a diferencia de lo que ambos partidos firmaron en otras regiones, en el documento que llevó a Guardiola a traicionar su palabra y entregar a Vox una consejería para obtener el apoyo de sus cinco diputados no se hace mención a la inmigración en ninguno de sus 60 puntos.
Estos poco más de 12 meses de cohabitación se han caracterizado por un perfil bajo del partido que dirige Santiago Abascal, a pesar de tener en sus manos la estabilidad del Gobierno extremeño. Excepto por algunas llamadas de atención, los de Vox han tragado con el desdén del PP y Guardiola a sus socios, y el mantenimiento, aunque con severos recortes, con las ayudas a la cooperación internacional, los sindicatos, la patronal, y el desarrollo de políticas contra la violencia machista y a favor de las personas LGTBI. También esperaban con urgencia la derogación de la ley de Memoria Histórica de Extremadura.
El PP ha hecho malabares para ofrecer una imagen de gobierno sólido pero en solitario, esquivando la presencia institucional de Vox en la Junta. Guardiola escenificó esa estrategia cuando el pasado septiembre aseguró que la relación con la extrema derecha era “escasa o nula”, y eso que eran socios. Los siguientes enfrentamientos llegaron con los presupuestos de 2024, donde los recortes no fueron suficientes para Vox: un 10% menos para UGT, CCOO y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), un 25% menos para la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) y la continuidad de los proyectos con los colectivos y asociaciones LGTBI.
“Cuando uno hace experimentos con gaseosa se puede atragantar”, advirtió el pasado marzo el portavoz de Vox, Óscar Calle, en la Asamblea. Ahora después de tanta amenaza, Vox ha decidido salir del Gobierno extremeño siguiendo las órdenes de Santiago Abascal y dando la razón a María Guardiola cuando se negó a dar cabida en el consejo de gobierno a la extrema derecha. Solo diez días después sus palabras se convirtieron en humo.
