El acelerón del juez de Barcelona Joaquín Aguirre a la causa de la trama rusa del procés se produjo sin la opinión de la Fiscalía sobre la amnistía. Según ha podido saber elDiario.es, el juez rechazó aplicar la ley de olvido penal del procés a la causa sin esperar al informe del fiscal previsto en la norma. Una vez denegada la amnistía, el magistrado procedió este martes a elevar todo el caso al Supremo.
La decisión del juez de no esperar a conocer la opinión de la Fiscalía para denegar la amnistía a Puigdemont suma un nuevo capítulo a la polémica instrucción del magistrado. Fuentes jurídicas enmarcan la rapidez del juez Aguirre en enviar el caso al Supremo en un intento de evitarse un nuevo revés de la Audiencia de Barcelona. El juez desoyó hace tres semanas la orden que le habían dado sus superiores para enviar el caso a juicio o archivarlo y, en cambio, decidió seguir investigando la trama rusa.
Otras fuentes consultadas van más allá y recuerdan que el juez se vería obligado por ley a apartarse de la causa de la trama rusa en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) admita la querella que Puigdemont ha interpuesto contra él. De ahí el brusco envío de toda la causa al Supremo el pasado martes, que se contradice con lo que el mismo juez había indicado en su resolución del pasado 21 de junio.
El juez abogó hace tres semanas por encargar a la Policía varios informes sobre la supuesta injerencia rusa y afirmó que no enviaría a Puigdemont al Supremo hasta completar la “parte esencial de la instrucción”, algo que todavía no ha ocurrido.
En su resolución del 21 de junio, además, el juez dio solo dos días a las partes para que informaran sobre si procedía aplicar la amnistía a la trama rusa. El plazo otorgado fue muy breve, toda vez que el resto de tribunales encargados de poner en práctica la norma están dando cinco o hasta diez días a Fiscalía y defensas para que manifiesten si se deben amnistiar los casos.
Además, el juez indicó los dos días de plazo en una de las páginas del auto, sin mencionarlo en la parte dispositiva de la resolución, que es donde formalmente se comunican las decisiones a las partes. La ley de amnistía indica que el juez debe decidir sobre su aplicación “previa audiencia” de la Fiscalía y el resto de partes.
El poco tiempo que dio el juez a las partes obligó al fiscal del caso, Ricardo Sanz Gadea, a elaborar rápidamente su informe. Tal y como marcan las normas internas de la Fiscalía, el fiscal delegado de Barcelona envió su documento al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que lo aprobara. Mientras el informe estaba siendo visado en Madrid el juez –que había sido informado verbalmente de que el escrito estaba en trámite– decidió denegar la amnistía, sin que la Fiscalía hubiera podido presentar formalmente su posición al juzgado.
Ahora la Fiscalía deberá valorar si solicita la amnistía o el archivo del caso en el trámite que se abrirá en el Tribunal Supremo o si recurre directamente el rechazo a la norma ante la Audiencia de Barcelona. También deberá decidir el Ministerio Público si se adhiere a los recursos que algunas defensas han presentado contra la decisión del juez de abrir una nueva pieza separada.
El juez Aguirre ya anunció su intención de enviar a Puigdemont al Supremo por su condición de aforado ante el Alto Tribunal, pero indicó que lo haría “una vez finalizada la parte esencial de la instrucción” de la nueva pieza separada que abrió el 21 de junio.
En tres semanas no hubo ningún avance en la instrucción de la causa. Por contra, la mayor actividad fue la de las defensas, que presentaron un aluvión de recursos ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez de reactivar la trama rusa. El magistrado tampoco esperó a la resolución de los recursos y prosiguió con su intento de dejar a Puigdemont fuera de la amnistía.
Las defensas pedían anular la reactivación de la trama rusa porque consideran que el juez desoyó la orden de la Audiencia de Barcelona para cerrar la fase de instrucción. El propio magistrado reconoció que seguir investigando en una nueva pieza la supuesta injerencia rusa era una “solución alternativa” a la orden de sus superiores que abocaba el caso al sobreseimiento.
