La “inacción” de la Junta de Andalucía desde que el PP gobierna en San Telmo es una queja constante entre las entidades memorialistas. El pasado martes, tras más de un año y medio vencido, el Consejo de Gobierno tomaba conocimiento por fin del primer balance de actuaciones del Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, para cuyo desarrollo presumía de haber dispuesto 4.517.943,92 euros. Aquel plan, aprobado aún con el PSOE en la Junta, en noviembre de 2018, venía pintado con una memoria económica justificativa de 9.492.000.
Esto es, más de la mitad de las previsiones económicas se han quedado en el camino en esos cuatro años, coincidentes con los de la legislatura anterior en la que Vox sostenía al Gobierno de Moreno y en la que la extrema derecha quiso derogar hasta por dos veces la Ley andaluza de Memoria, aprobada en 2017 sin votos en contra. “En 2018 se pintó en el Plan una previsión de gasto, pero no es la cantidad definitiva. No se ha dejado dinero sin invertir ni se ha destinado a otro cometido”, argumentan fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, con competencias en la materia.
El total del presupuesto del aquel Plan ascendía en realidad a 10'6 millones, resultados de la suma del importe aprobado en 2018 y el proyectado a 2019-2022. Lo cierto es que el Gobierno andaluz asegura haber destinado en esos cuatro años un total de 3.109.000 euros a la realización de trabajos de localización, delimitación y exhumación de fosas, y 1.408.943,92 euros para el desarrollo de trabajos de identificación genética. En el balance de los primeros cuatro ejercicios con el PP al frente de la recuperación de la memoria en Andalucía, la Junta alude a la “cooperación entre las diferentes administraciones” y a la “puesta en común de medios humanos y materiales”, algo no especialmente habitual cuando se trata de presumir de determinadas políticas. Esa colaboración institucional se resume, según el análisis de las inversiones y actuaciones realizado por la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD), en que el Gobierno de España “ha salvado” en Andalucía ese primer plan 2018-2022 así como “las obligaciones del Gobierno Andaluz para el cumplimiento de la ley andaluza”.
Los lugares de actuación de las fosas de acuerdo a los convenios establecidos entre administraciones permiten concluir de dónde proceden las inversiones. Mientras la Junta solo se refiere en su balance a “la actuación en fosas de gran envergadura en las que los costes de recuperación de las víctimas son muy elevados, como la fosa de Pico Reja del cementerio de San Fernando de Sevilla o las de los cementerios de la Salud y San Rafael de Córdoba”, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España ha transferido entre 2020 y 2023 a Andalucía un total de 5.887.091 euros, con subvenciones a ayuntamientos y diputaciones (147 actuaciones), financiaciones directas, transferencias directas a la Junta y aportaciones estatales a cuatro proyectos, incluido el de Pico Reja, de acuerdo a la información estatal facilitada directamente a la FAMD.
“Esa ha sido la realidad durante esos cuatro años”, insisten desde la FAMD, que viene denunciando que desde 2019 el Gobierno andaluz “se atribuye méritos” en este sentido, haciendo constar que en el detalle del balance de actuaciones entre 2018 y 2022 que les fue presentado en el Consejo Andaluz de Memoria del mes pasado “no se hacía alusión a ninguna actuación exhumatoria o antropológica con financiación propia”, según denuncian. De hecho, las citadas actuaciones en Sevilla y Córdoba vienen con financiación de cuatro administraciones: Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y los ayuntamientos de Sevilla y Córdoba, respectivamente.
En el balance del Plan 2018-2022 aportado a las entidades memorialistas, la FAMD echa en falta referencias a otras actuaciones que no sean intervenciones en fosas o identificaciones. Tampoco se hace mención en la nota informativa del Consejo de Gobierno. “Ni formación del profesorado andaluz en materia de memoria democrática, ni modificación de contenidos curriculares escolares, ni proyectos de promoción de la investigación, ni de monumentalización, ni Instituto Andaluz de la Memoria, ni declaraciones de Lugares de Memoria, ni promoción del voluntariado social memorialista, ni reversión de nomenclatura en el callejero a anteriores denominaciones predemocráticas, ni banco de ADN, ni Censo Oficial de Víctimas”, lamentan las fuentes con base a las previsiones establecidas en aquel Plan, que se apoyaba en lo que determinó la Ley andaluza de Memoria. “Es un quiero y no puedo. Sin hacer ruido sigue adelante pero, casi sin que se note, recorta a la mitad las previsiones económicas”, resumen desde la federación memorialista.
A la espera de la aprobación oficial del II Plan de Memoria Democrática, cuya formulación data del pasado 10 de octubre, y que prevé una dotación presupuestaria de 5 millones de euros (casi la mitad de lo previsto en el plan anterior), la Junta ha hecho también balance las actuaciones de 2023, un año de transición entre los planes oficiales de memoria histórica, presentado por la Comisionada para la Concordia el mes pasado en el Consejo Andaluz de Memoria. El presidente Moreno llegó a sacar pecho en el Pleno del Parlamento por el Plan de Memoria que heredó del PSOE mientras el PP promete derogar la ley estatal si llega a Moncloa y prevé 'leyes de concordia' en aquellas comunidades que cogobierna con Vox.
En aquel encuentro con las entidades memorialistas, entre otras cuestiones se informó, tras cuatro años de búsqueda, del nombramiento de las “personas expertas” para formar parte el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática. “Nunca hemos conocido nada de su planificación ni de su presupuesto por medios oficiales. ¿Para qué sirve ahora un balance del año 2023 si nunca podremos contrastarlo con sus objetivos?”, lamentan fuentes de la FAMD.
En ese sentido, la Junta destacó que destinó el pasado año un total de 1,5 millones de euros a actuaciones en fosas y al desarrollo de trabajos de identificación genética. En concreto, 712.328 euros fueron a actuaciones de fosas y 788.000 euros a labores de identificación genética, solventando un desfase de 600.000 ya que la información oficial que se dio el pasado martes hablaba de 188.000 euros en el segundo de los conceptos.
“Durante 2023, las actuaciones en memoria democrática se han centrado principalmente en la realización de trabajos de exhumación de fosas desarrollados mediante la contratación de dichos servicios o mediante firma de convenios con otras administraciones, así como en las tareas de identificación genética de los cuerpos exhumados de dichas fosas. Así, se han desarrollado los trabajos contemplados en las adendas a los convenios suscritas en diciembre de 2022 con las universidades de Cádiz, Málaga y Jaén para la localización de fosas cuya ubicación exacta no se conocía, y se han desarrollado las investigaciones necesarias para determinar la viabilidad de las exhumaciones de estas fosas y calcular su coste económico”, según destacó la Junta.
Para la FAMD, del informe de actuaciones de 2023 se desprende que las exhumaciones y estudios antropológicos financiados por la Consejería se han centrado en las fosas de Pico Reja, cuyos trabajos exhumatorios finalizaron en febrero de 2023, así como en las de Alcalá de Guadaíra, Osuna y Carmona (en la provincia de Sevilla), Barranco de Víznar, Galera y Ugíjar (en Granada) y Alcalá del Valle (en Cádiz). “El resto de las 28 actuaciones” referidas en ese informe “han sido financiadas por otras administraciones”, habiéndose completado solo “la identificación de 25 víctimas”. Unos resultados “precarios” a pesar de haberse renovado por parte de la Junta el convenio con la Universidad de Granada para la financiación de ese tipo de trabajos, como informó este medio.
De hecho, según apunta la FAMD, en Pico Reja por ejemplo “pese a culminarse los trabajos exhumatorios hace más de un año, con el resultado de 1.786 cuerpos de víctimas exhumados, a fecha de hoy sólo se han realizado los análisis genéticos de 198 de ellos y de 42 muestras de ADN de 42 posibles familiares de estos. Con esos resultados no es posible el cotejo de resultados para identificar esas personas”, lamentan las entidades.
