El Gobierno central y el canario llegan este miércoles a la conferencia sectorial sin garantías sobre qué será de su propuesta para convertir en obligatorio el reparto de menores migrantes desde Canarias. La dirección nacional del Partido Popular ha recalcado en varias ocasiones su preferencia por un sistema voluntario. Sin embargo, las cifras de los resultados de los últimos repartos pactados con los gobiernos autonómicos evidencian que el mecanismo actual no funciona: de las 373 traslados comprometidos en 2023, solo se han producido 67, a pesar de tener asignados fondos estatales para ello, según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia a los que ha accedido elDiario.es.
El año pasado, todas las comunidades autónomas acordaron el reparto de 373 menores desde Canarias y Ceuta, financiado por el Ejecutivo central con 20 millones de euros en total. Pero la mayoría de comunidades autónomas no acogieron a ni un solo niño en base a dicho pacto no vinculante. Las únicas regiones que recibieron a algunos de estos chavales fueron Andalucía (30 de 36 acordados), Aragón (16 de 24 pactados), Asturias (16 de 32) y Navarra (5 de 17), pero ni siquiera ninguna de estas cumplieron así con las plazas ofertadas.
El resto de comunidades, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, ni se han acercado a la cifra comprometida. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid había ofrecido acoger a 34 niños, niñas o adolescentes, pero ninguno de ellos ha llegado a la capital. Tampoco han sido trasladados a Castilla y León los 23 menores pactados. Ni por Castilla-La Mancha (PSOE) han aparecido los 20 chavales que el Gobierno había asegurado que recibirían, según los datos del Ministerio.
En 2022, todos los gobiernos autonómicos pactaron otro reparto de menores desde Canarias y Ceuta. Aunque en este caso se cumplieron más traslados que el año pasado, el total tampoco alcanzó la cifra acordada: de las 378 derivaciones comprometidas solo fueron se llevaron a cabo 228. Por tanto, 150 chavales de aquella tanda nunca fueron recibidos por las correspondientes comunidades autónomas.
En este caso, siete autonomías cumplieron (o casi) con los traslados acordados: Andalucía, Asturias, Extremadura, La Rioja, Comunitat Valenciana, Galicia (39 de 40) y Aragón (19 de 21). Otras solo ocuparon una parte de las plazas ofertadas: Castilla y León (22 de 28), Castilla-La Mancha (8 de 16), Madrid (10 de 30 pactadas) y Catalunya (20 de 40). Mientras que Baleares, Murcia, Cantabria, Navarra y Euskadi no acogieron a ningún niño o niña en base a este acuerdo.
En la conferencia sectorial de infancia de este miércoles, el Gobierno central, además de informar y recibir las aportaciones de las comunidades autónomas sobre sus propuesta de reforma normativa para alcanzar un sistema de reparto obligatorio, intentará sacar adelante un nuevo acuerdo no vinculante para distribuir por España a 347 menores desde Canarias y Ceuta, con una financiación de 20 millones de euros. Se trata de una propuesta de pacto planteada ya a los gobiernos autonómicos en una reunión anterior celebrada el pasado 11 de junio que fue bloqueada por varias comunidades.
“Nos estamos encontrando con muchísimas resistencias. Planteamos la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería porque los mecanismos voluntarios no están siendo cumplidos”, afirmó Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, en una reciente entrevista con elDiario.es. “El Partido Popular deberá aclarar por qué frente a un mecanismo voluntario acordado y ratificado en conferencia sectorial, nos encontramos con que prácticamente el 85% de las plazas no se han cubierto, no se ha cumplido con ese acuerdo voluntario de 2022 y 2023, si se ha transferido la financiación del Estado para la acogida de estos niños y niñas y, sin embargo, no se ha cumplido con el acuerdo”, cuestionaba la ministra encargada de convocar la conferencia sectorial de este miércoles.
En esta reunión, el Gobierno central y el canario buscarán ampliar el consenso de la propuesta de la Ley de Extranjería, la vía que han pactado para crear un sistema de reparto obligatorio ante la falta de cumplimiento evidenciado con el mecanismo actual, basado en pactos no vinculantes alcanzados con las plazas ofertadas de manera solidaria por los distintos gobiernos regionales.
Al tratarse de una propuesta de ley, el objetivo de la sectorial no es que las autonomías voten la reforma planteada por el Gobierno, dado que esta deberá tramitarse en el Parlamento, sino que busca informar y recibir las aportaciones de los gobiernos autonómicos. Sin embagro, el encuentro es clave, dado que el éxito de la moficación normativa depende de un hipotético respaldo o abstención del PP, que en todo momento insiste en dejar en manos de las comunidades autónomas su posición al respecto.
La tarea de convencer a la mayoría de autonomías no parece sencilla, especialmente con las dirigidas por el Partido Popular, mucho menos después de la escalada del discurso sobre inmigración de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que la semana pasada pasó a abrazar los postulados de Vox. Esta semana, sin embargo, el PP volvió a rebajar el tono pero mantuvo una posición ambigua con respecto a la propuesta de alcanzar un sistema de reparto obligatorio de menores en momentos de emergencia humanitaria.
*Gráficos de Raúl Sánchez.
