El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a notificar a decenas de clubes de cannabis de la ciudad que deben cesar su actividad, según ha podido comprobar elDiario.es. Por ahora son ya 30 los recintos que han recibido el aviso, en una campaña que se prevé que afecte a buena parte de estos espacios en la capital catalana.
El teniente de alcaldía y concejal de seguridad, Albert Batlle, ya anunció a finales del año pasado que estaba buscando la manera de clausurar los más de 200 clubes de cannabis que existen en la capital catalana, convertidos desde hace más de una década en una de las principales vías de acceso a la sustancia para sus usuarios.
“Queremos hacerlo [cerrarlos] con seguridad jurídica con rigor y sin flecos causados por la precipitación”, aseguró Batlle a finales de 2023, en una intervención en la que admitió que su voluntad era “cerrarlos todos”.
Coincidiendo con el anuncio de Batlle, la Guàrdia Urbana de Barcelona inició a finales de 2023 una campaña de inspecciones a medio centenar de estos clubes, que también incluyeron dispositivos de vigilancia en sus aledaños, según figura en la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.
Durante días, los agentes pararon a los socios de estas asociaciones al salir de ellas y les preguntaban por la actividad que se desarrollaba en su interior, con la intención de dilucidar si los socios adquirían o consumían cannabis dentro de los clubes y si a ellos accedían usuarios que no estaban empadronados en la ciudad.
Los expedientes de cierre que se han remitido a estos espacios les conceden 10 días para presentar alegaciones y, tras este periodo, se determinará si el cierre debe ser definitivo o temporal, con un periodo de entre seis meses y dos años.
“La actividad inspectora en estas asociaciones se mantendrá para garantizar el cumplimiento de la normativa”, explican fuentes del consistorio a este periódico.
El Tribunal Supremo ratificó en 2021 un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbaba la normativa aprobada por el Ayuntamiento en 2016 —apoyada por una amplia mayoría en el pleno— que regulaba los locales de este tipo en la ciudad. La regulación establecía los requisitos que debían tener estos locales, como por ejemplo la distancia que debían guardar con colegios y otros equipamientos, las condiciones de acceso, ventilación…
Con la decisión del Supremo desapareció el último paraguas legal que les quedaba a estos espacios en Barcelona. El Ayuntamiento mandó entonces una carta a estos clubes en los que les recordaba que tras el fallo sólo podrían “proporcionar información, elaborar o difundir estudios y realizar propuestas, expresar de cualquier manera opiniones sobre la materia y promover reuniones o seminarios” sobre el cannabis.
Buena parte de estos recintos siguieron operando de la misma manera, permitiendo consumir y adquirir cannabis en su interior, aunque algunos empezaron a restringir el acceso a la marihuana. El Ayuntamiento empezó entonces las inspecciones que han desembocado en esta nueva ofensiva para acabar con estos clubes en la ciudad.
“Nos oponemos a que se judicialice esta cuestión y sabemos que no solucionará el problema”, apuntan fuentes de la CATFAC, una federación que agrupa a decenas de asociaciones de fumadores de cannabis.
Si bien fuentes del consistorio sostienen que se han intervenido los clubes “más conflictivos” de la ciudad, distintos actores del sector cannábico se mostraban “indignados” por haberlos puesto a todos en el mismo saco.
Las mismas fuentes explican que, en la actual campaña de cierres, se han intervenido asociaciones con un largo historial de colaboración con las autoridades así como con programas de reducción de riesgos en Barcelona.
En una de las asociaciones en las que entró la Guàrdia Urbana ni siquiera había marihuana en su interior y sus responsables sólo tenían cogollos con CBD, una sustancia no psicoactiva y que no está fiscalizada. El Ayuntamiento, sin embargo, les ha notificado que deben cerrar igualmente a pesar de que la sustancia intervenida no es ilegal.
“El año pasado pagamos 240.000 euros en impuestos y damos trabajo a 20 personas”, sostiene el administrador de esta asociación. “Parece que el Ayuntamiento de Barcelona prefiere que ese dinero se lo queden los camellos”.
La persecución que tienen estos locales en la capital catalana contrasta con su prestigio en el extranjero, donde varios países con procesos reguladores en marcha —desde Alemania hasta Suiza, pasando por Malta o República Checa— están copiando el modelo asociativo para sus ciudadanos.
El pasado enero, coincidiendo con el inicio de las inspecciones, centenares de académicos y ONG de 53 países distintos pidieron por carta al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que abandonara su “postura regresiva” que iba en contra de “los avances cruciales en políticas de drogas en el ámbito mundial”.
“Los clubes sociales de cannabis priorizan los derechos humanos y la salud pública por encima de la criminalización”, decía la misiva. “Permiten consumir [el cannabis] colectivamente, distanciándose del mercado ilegal y sus riesgos asociados”.
La ofensiva liderada por Batlle también contrasta con la visión de estos espacios que tiene la propia Generalitat de Catalunya, cuyo Departamento de Salud financia programas de reducción de riesgos para usuarios de cannabis en el interior de estos locales.
