Desactivado el Tsunami, queda la trama rusa. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha rechazado aplicar la amnistía a los investigados por la supuesta injerencia del Kremlin en el procés y ha decidido pedir al Tribunal Supremo que impute a Carles Puigdemont.
La exposición razonada que afecta a Puigdemont (aforado ante el Alto Tribunal por ser diputado en el Parlament) incluye además al resto de investigados por el juez Aguirre: el expresident Artur Mas; el diputado de Junts Francesc de Dalmases; el asesor del expresident Josep Lluís Alay; la exconsellera Elsa Artadi; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; el exdirigente de Convergència Víctor Terradellas; los empresarios Jordi Sardà y Aleksander Dmitrenko y Zeus Borrel y los periodistas Carles Porta y Natàlia Boronat.
Según el juez, todos ellos deben ser investigados por el Supremo porque “se encuentran inescindiblemente unidos con la actuación presuntamente punible” del expresident.
La decisión de Aguirre supone un acelerón a un caso cuyos principales indicios se conocen desde el 2020. Hace solo dos semanas, el juez ya anunció su intención de enviar a Puigdemont al Supremo por su condición de aforado ante el Alto Tribunal, pero indicó que lo haría “una vez finalizada la parte esencial de la instrucción” de la nueva pieza separada que abrió el 21 de junio.
En estas dos semanas no solo no ha habido grandes avances en la instrucción de la causa. Más bien se ha producido un aluvión de recursos ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez de reactivar la trama rusa. El magistrado no ha esperado a la resolución de los recursos y ha proseguido con su intento de dejar a Puigdemont fuera de la amnistía.
Las defensas pedían anular la reactivación de la trama rusa de hace dos semanas porque consideran que el juez desoyó la orden de la Audiencia de Barcelona para cerrar la fase de instrucción. El propio magistrado reconoció que seguir investigando en una nueva pieza la supuesta injerencia rusa era una “solución alternativa” a la orden de sus superiores que abocaba el caso al sobreseimiento.
No se detallan en la exposición razonada que el juez Aguirre ha mandado al Supremo para solicitar la imputación de Puigdemont nuevos indicios que los ya conocidos en la causa desde hace años y que el instructor reiteró hace dos semanas: las tres reuniones de octubre de 2017 que colaboradores de Puigdemont mantuvieron con supuestos emisarios rusos traídos por el exdirigente de CDC Víctor Terradellas, a quienes se escuchó pero no se dio credibilidad desde la Generalitat, según sus interlocutores independentistas.
En su resolución de este martes, el juez copia fragmentos literales de su auto del pasado 21 de junio, entre ellos el que señala la “coincidencia histórica” entre el inicio de su investigación sobre la trama rusa del procés y la sentencia del caso Gürtel de corrupción del PP “que dio entrada al gobierno a una coalición liderada por el PSOE junto con otros partidos políticos de corte marcadamente independentista”.
Sí explica el juez su rechazo a la amnistía para Puigdemont y los otros 12 investigados del caso. Según Aguirre, la supuesta injerencia rusa provocó una “una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial”, que es precisamente la exclusión que marca la ley de amnistía para el delito de traición.
El juez entiende que esa fuerza que marca los límites de la amnistía “puede ser tanto física como moral”, lo que, a su juicio, le permite excluir de la norma a Puigdemont como presunto participante de la “guerra híbrida” del Kremlin para desestabilizar Europa sin necesidad de enviar tropas.
Se agarra el juez para sostenerlo a un documento personal de mayo de 2018 incautado a Terradellas (ya tras el fracaso del procés, con Puigdemont en Bélgica) en el que el exdirigente de CDC trazó un supuesto plan para esbozar “el camino a la república”. Al mismo tiempo, el juez admite que Terradellas explicó en su interrogatorio que Puigdemont “tuvo pánico” de continuar con la declaración de independencia en 2017 y de “entrar en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático”. Es decir, el propio juez da credibilidad a que Puigdemont descartó “por miedo” unirse a la trama rusa.
“Si el expresidente no hubiera tenido pánico y hubiera aceptado la propuesta rusa, habría continuado adelante el proceso secesionista y la consiguiente separación de Catalunya de España, y como consecuencia también de la UE”, remacha el juez Aguirre.
Cabe recordar que el juez ya deslizó esa interpretación sobre Puigdemont en el interrogatorio a Terradellas del año 2022, aunque el magistrado empleó términos más polémicos. “¿Le entró pánico? Este es el origen más o menos. Si uno quiere hablar fino traduce esa expresión en vez de 'se cagó en las bragas' por 'le entró pánico', y como a uno le entra pánico, se 'escagarrina', ¿no? Pues ya está”, aseveró el juez en la sala de vistas, en unos audios que publicó elDiario.es.
