Una persona con el máximo grado de dependencia reconocido en España (grado III) tiene derecho a una ayuda a domicilio sufragada con fondos públicos de dos horas y media al día. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales muestra con este ejemplo la falta de desarrollo de los servicios de atención domiciliaria en la última década.
La cuestión no es menor, puesto que estos servicios son la piedra angular de la transformación del modelo de cuidados que quiere liderar el Ministerio de Derechos Sociales. Sin un fuerte impulso, advierte el último informe presentado este jueves por la organización, va a ser muy difícil avanzar en la “desinstitucionalización” propuesta por el Gobierno. Es decir, en el traslado de los cuidados de las residencias a los hogares para que las personas puedan permanecer el máximo tiempo posible en su entorno.
La ayuda a domicilio llegó en 2022 casi al mismo porcentaje de personas que en 2010 (un 5,5% frente a un 4,7%) y mantiene una “baja intensidad”. O sea, cubre muy pocas horas. O al menos no las necesarias para atender las necesidades de los usuarios. La media son 33,6 horas al mes: desde las 15,3 de los dependientes de grado I a las 57,3 de los de grado III. “Apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente ya que, según establece la propia ley, son personas que necesitan apoyos de forma permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria”, subraya el informe.
La teleasistencia, que también forma parte de los servicios de atención domiciliaria, sí ha experimentado un cierto despliegue en los últimos doce años. También porque su coste es bastante inferior, unos 15 euros al mes, según los gerentes. Se trata de un dispositivo que la persona puede llevar encima, a modo de colgante, o tener instalado en casa y le permite conectar con una línea telefónica las 24 horas al día en caso de cualquier necesidad o urgencia. Si en 2010 se beneficiaban del servicio un 8,1% de los mayores de 65 años, en 2022 el porcentaje escala hasta el 10,2%.
Sin embargo, la evolución no alcanza ni mucho menos los objetivos que se marcaron en el Plan de Choque del año 2020: “establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiaría toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio”. Según el análisis de los gerentes, en 2021 se dieron 37.825 servicios más de teleasistencia, pero quedan “760.000 personas para alcanzar la cobertura del 100%”. A este ritmo se necesitarían 23 años para llegar a la meta. “Los últimos datos disponibles, correspondientes a mayo 2024, dicen que sólo hay 479.492 personas con teleasistencia de las 1.169.777 que reciben prestaciones en su domicilio (40,6%)”, concreta el informe.
Los centros de día, considerados un servicio “complementario” al domicilio, no salen mejor parados. La evolución es “escasa o nula”, con una “cobertura muy limitada, casi marginal”. La implantación se mantiene invariable, incluso con una ligera reducción de centésimas, desde el año 2010 al 2022: acuden a ellos un 0,7% de las personas mayores de 65 años; un 0.96% si tomamos como referencia a los que tienen más de 70. La asociación lleva tiempo recomendando un aumento en la edad de la población de referencia para medir a cuánta gente llevan los servicios. Mantener los 65 años no permiten dibujar un panorama acorde con la realidad, aseguran.
“El Ministerio de Derechos Sociales debería plantearse esta situación a la hora de proponer estrategias de desinstitucionalización, ya que una base tan débil de apoyos domiciliarios puede frustrar sus contenidos si no hay una decidida apuesta económica que varíe las tendencias de los últimos 12 años y que incremente de manera substancial la cobertura y las intensidades de estos servicios y prestaciones”, señala el informe, que advierte de que, de no producirse cambios sustanciales, se estarán generando “expectativas irreales”.
Más allá de estos servicios, la situación general de los servicios sociales en España arroja datos más positivos que negativos. Por un lado, sube el gasto por habitante: 512 euros al año en 2022 frente a los 309 en 2015. Por otro, se incrementa hasta un 10,24% el porcentaje de presupuesto ordinario que las administraciones dedican a los servicios sociales, el “nivel más alto de la serie”.
Este dato se explica, principalmente, por la inyección de dinero por parte del Gobierno a las comunidades para atajar las esperas en dependencia. La inversión, iniciada en 2020, responde al nombre de Plan de Choque y para este 2024 se traduce en una transferencia de 783 millones de euros. El incremento –aunque ha sido utilizado por algunas comunidades para reducir su propia aportación y eso les ha supuesto una penalización– ha permitido aumentar las personas atendidas, las cuantías y los tiempos de espera, pero todavía hay decenas de miles de usuarios que fallecen esperando su prestación.
“Sin embargo, ha retrocedido por segundo año consecutivo el porcentaje del PIB que se destina a servicios sociales públicos, pasando del 1,88% en 2020 al 1,81% en 2022”, el último año con datos oficiales, señala el informe. “Estas 7 centésimas hubieran supuesto aproximadamente un incremento de 134 millones de euros en los presupuestos de servicios sociales de las Administraciones en 2022 si se hubiera mantenido el porcentaje del PIB del año 2020”, calculan los gerentes, que lo observan como un “dato preocupante” porque “quiebra una tendencia creciente” que, aunque suave, se mantenía desde 2014, cuando los recortes tocaron fondo.
