Los problemas de salud mental están muy presentes en la población española: casi un 18% de los ciudadanos asegura que tuvo que consultar a un profesional sanitario por un malestar psicológico, según recoge el último Barómetro Sanitario del CIS publicado este jueves y cuyas encuestas se hicieron en abril. La mayoría opta por la sanidad pública como primera opción para buscar ayuda (57,2%), pero la respuesta es lenta.
Solo una de cada siete personas (14%) que acude inicialmente al Sistema Nacional de Salud consigue cita con un especialista (psicólogo o psiquiatra) en menos de 30 días y el 21% tiene que aguardar entre uno y tres meses. Además, hay un porcentaje nada desdeñable, otro 24%, cuya espera se demora más de 90 días. El resto, o simplemente desisten, o se van a la sanidad privada o terminan siendo atendidos por el médico de familia, de acuerdo con las respuestas del CIS.
Estos datos tienen especial interés porque permiten una primera aproximación a nivel nacional –aunque la muestra no es muy grande– a las listas de espera en salud mental. Los registros oficiales que el Ministerio de Sanidad publica dos veces al año no incluyen las especialidades de psicología y psiquiatría. La encuesta no explora el paso siguiente, que es la periodicidad de las consultas en las personas que ya están dentro del sistema. Pero los especialistas llevan tiempo advirtiendo que las citas se espacian demasiado para hacer un acompañamiento apropiado al paciente.
El CIS revela también que, en lo referente a salud mental, la pública y la privada se reparten los pacientes casi a partes iguales: el 46,3% fue atendido por el SNS; el 44,7% en una consulta privada y un 2,6% en ambos recursos. En la sanidad pública, no todos son atendidos por especialistas: el 40% fue visto por un psiquiatra y el 20,8% por un psicólogo; mientras al 33% restante lo vio directamente el médico o médica de familia y no hubo derivación.
Hay otro dato que muestra la gran presencia de la privada en la atención a la salud mental: uno de cada tres pacientes que terminaron en un recurso de este tipo acudieron a la sanidad privada sin tener contratado un seguro médico (30,8%). Un 12,9% sí tenía una póliza, según el CIS. Además, la población que busca ayuda profesional por malestar psicológico o problemas de salud mental está muy marcada por la edad. El 35% de los jóvenes entre 18 y 24 años han requerido ayuda profesional, más del doble que las personas que rondan los 60 años (15%).
Como en otras oleadas, la encuesta indaga en los tiempos de espera de la Atención Primaria y de la Atención Especializada. La demora media para acceder a una consulta en el centro de salud es de 8,4 días. Aunque sigue siendo un tiempo prolongado, ha descendido respecto a 2023, cuando alcanzaba los 9,1 días. Un 15% de los pacientes, no obstante, continúa soportando esperas de más de 10 días.
En relación con esto, un 25% de los encuestados dice haber tenido problemas para consultar con su médico de familia cuando lo ha necesitado. En un tercio de estos casos, las personas, al no obtener cita hasta muchos días después, terminaron yendo a las urgencias.
Este hecho tiene reflejo en otro: el 46% de la población acudió a un servicio de urgencias en el último año (un 52,7% a los hospitales; un 40,5% a los dispositivos de los centros de salud y un 6,5% recurrió al 061 o al 112). Un porcentaje muy pequeño de quienes no lograron acceder a la consulta de Atención Primaria por las largas demoras aseguran haber optado por la privada (6,8%). La satisfacción con los servicios, tanto de Primaria como de urgencias, se mantiene muy alta.
El Barómetro Sanitario, que realiza el Ministerio de Sanidad desde 1993 en colaboración con el CIS, ha incluido, también por primera vez, una serie de preguntas para valorar el grado de aceptación que tiene el uso de las vacunas en la población. De acuerdo con las respuestas, es alto, aunque un 36,7% considera que provocan efectos adversos en la salud. Casi el 90% de los encuestados dice seguir las recomendaciones de los profesionales respecto a este asunto.
Por último, el CIS revela que el 50,1% de la población piensa que la sanidad pública se financia total o parcialmente con las cotizaciones de las personas que trabajan y únicamente un 45,6% sabe que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos.
