No habrá indemnizaciones para todas las víctimas, solo para aquellas cuyos casos estén prescritos y si no hay intervención judicial. La Conferencia Episcopal española dio un nuevo paso atrás en la lucha contra los abusos sexuales a menores y dejó para la semana que viene, en una Asamblea Plenaria extraordinaria, la aprobación del PRIVA (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho), que en ningún caso será de obligado cumplimiento y en el que no han participado, al menos directamente, las víctimas de abusos.
El portavoz de la CEE, César García Magán, ha apuntado en rueda de prensa que el futuro texto, caso de ser aprobado, “está orientado a la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, principalmente en los que ha fallecido el victimario o el caso ha prescrito, para ofrecer una reparación adecuada que responda a la demanda que cada paso particular requiere”. Sí, habrá reparación económica, aclaró Magán, aunque no para todas las víctimas.
“El PRIVA no entra en el número de cifras, sino que se activa un protocolo de actuación, un camino para que las víctimas puedan acudir allí”, apuntó Magán, que admitió que el plan no atenderá a todas las víctimas, sino solo a “aquellos casos en los que no es posible seguir por una vía judicial, pero sí una obligación moral para salir al encuentro”.
¿Qué ha pasado con todos los informes encargados y recibidos, desde la auditoría de Cremades al informe del Defensor, pasando por las peticiones de las víctimas? Magán salió por la tangente para apuntar que todo “está integrado” en el Para dar luz, un polémico informe que ha sido duramente criticado por las víctimas de abusos que llegaron a exigir su retirada.
El plan, añadió Magán, “implicará una personalización de la misma, escuchando a cada víctima”, sin descartar ningún tipo de materia, “también un apoyo económico a las víctimas”. Según la nota de prensa del episcopado, la Permanente “ha estudiado el Plan y ha realizado diversas aportaciones que se han incorporado al texto”.
El PRIVA ha sido elaborado por el Servicio de Asesoramiento de las Oficinas para la protección de menores, y ha ido incorporando las observaciones de los obispos en sus distintas reuniones; las ideas recogidas en el Mensaje al Pueblo de Dios «Enviados a acoger, sanar y reconstruir» (Plenaria noviembre 2023); las indicaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos; del órgano de Compliance de la Conferencia Episcopal; y de la CONFER. Nada se dice, en dicha nota, de la participación de las víctimas.
Sobre ellas, el portavoz de la CEE señaló que “ha habido encuentros con las víctimas, algunos han trascendido y otros no”, sin precisar si se invitará a las víctimas a esta plenaria extraordinaria. “Nunca vamos a decir lo que las víctimas han dicho aquí. Es un terreno sagrado el que pisa. Se les invita siempre a esos encuentros, cada una opta y su asistencia o no, que es legítima, respetamos y nada que comentar”.
En otro orden de cosas, el portavoz de la Conferencia Episcopal arremetió con dureza contra la “demagogia ideológica” de vincular, como está haciendo la extrema derecha, “inmigración y delincuencia”. “Vamos a defender siempre el derecho de las personas de buscarse un futuro mejor, España ha sido un país de emigración, antes de ser de acogida”, clamó Magán, quien no quiso entrar en la polémica sobre el futuro del Valle de Cuelgamuros, pero sí en el que denominó “caso Belorado”.
En este punto, lamentó que las religiosas “han roto la comunión de la Iglesia”. “Es incomprensible todo lo que ha ocurrido, no solo con las clarisas, sino con los personajes que han estado en torno al ámbito de Belorado”, recalcó el obispo auxiliar de Toledo, quien defendió la actuación del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien “está actuando con claridad, con caridad y con paciencia, muuuucha paciencia”, en este caso.
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